Hace algunas décadas, Policarpo Díaz, un niño de once años nacido en Guijuelo (Salamanca), ingresaba en el Seminario menor de Calatrava, en la diócesis de Salamanca. Primero, como monaguillo, después, como seminarista. Acabó ordenándose sacerdote y, hasta el año pasado, ejercía como párroco de La Purísima y vicario de pastoral (una especie de número tres de la diócesis). En el seminario, y durante casi una década, sufrió abusos por parte de otro sacerdote, veinte años mayor que él, según ha denunciado. El verano pasado, Policarpo no pudo más, y presentó una denuncia ante el Obispado de Salamanca.
El escándalo –que no tiene recorrido en el ámbito civil, al estar prescrito, pero sí en el canónico– fue adelantado este viernes por La Gaceta de Salamanca, y ha sido confirmado a elDiario.es por la diócesis, que a primera hora de la tarde emitía un comunicado en el que confirmaba que hay un “proceso canónico abierto” y que el clérigo acusado “ha firmado su secularización”, es decir, dejar de ser sacerdote.
“A pesar de ser un delito prescrito en la legislación española, el obispo puso en marcha el protocolo establecido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española para estos casos, escuchando al denunciante. En los meses siguientes, se inició una investigación previa por un equipo técnico ajeno a la Diócesis de Salamanca”, recalca el Obispado, que confirma que los resultados fueron remitidos “al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en Roma, y en la actualidad, el proceso continúa abierto a la espera de una resolución”.
“En todo momento, el obispo se puso a disposición del denunciante, ofreciendo toda la ayuda necesaria. Y a petición suya, y de acuerdo con el obispo, decidió irse un año fuera de la diócesis, situación que ha sido prorrogada por un tiempo”, recalca la diócesis. Policarpo Díaz se encuentra de retiro en La Bañeza (León), mientras que el acusado fue apartado “de todas sus tareas pastorales y del contacto con menores”, comenzando “un proceso de acompañamiento en un centro especializado de ayuda para sacerdotes”. Finalmente, con la investigación ya en el Vaticano, fue 'dimitido' del estado clerical (esto es, dejó de ser cura y fue secularizado).
“La Diócesis de Salamanca manifiesta su compromiso para esclarecer la verdad, proteger a las posibles víctimas, y poner todos los medios para evitar que estos hechos se puedan producir. Además, lamenta el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a las personas afectadas, a sus familias y comunidades”, finaliza el comunicado que alienta “alienta a quienes hayan sufrido cualquier tipo de abusos por parte de sacerdotes, religiosos o laicos, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado o la Oficina diocesana para la Protección de Menores”.
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