Nuevo giro de guión en el 'caso Becciu' de presunta malversación de fondos para los pobres utilizado para la compraventa inmobiliaria. En un inesperado cambio de estrategia, la Santa Sede ha renunciado a la petición de extradición contra Cecilia Marogna, solicitada a las autoridades italianas, por malversación de fondos de la Secretaría de Estado.
El mismo día en que el Tribunal de Apelación de Milán debía decidir sobre la entrega al Vaticano de la empresaria, apodada por la prensa como la 'espía' del defenestrado cardenal Becciu, una comunicación del Ministerio de Justicia italiano paralizaba el proceso.
Posteriormente, el Vaticano emitía una nota en la que se informaba que se había revocado la medida cautelar solicitada contra Marogna, puesto que “es inminente la celebración de un juicio con la hipótesis [de delito] de malversación de fondos cometido en complicidad con otros”.
Italia no juzgará, pero sí hará cumplir la sentencia
La decisión es importante desde el punto de vista procedimental, pues si bien fuentes judiciales discutían si el Vaticano podía solicitar la extradición de un ciudadano italiano a la propia Italia (los Pactos Lateranenses hablan de la posibilidad de extraditar ciudadanos, pero del Vaticano a Italia, no al contrario), todos dan por hecho de que, en caso de darse una sentencia condenatoria en los tribunales vaticanos, esta deberá cumplirse en cárceles del país vecino. Italia acataría la sentencia emitida por el Vaticano.
“La iniciativa pretende, entre otras cosas, consentir a la imputada, que ya ha rechazado defenderse al negarse a contestar al interrogatorio ante las autoridades judiciales italianas, una solicitud que fue tramitada a través de rogatoria por parte del promotor de justicia, de participar en el proceso en el Vaticano, libre de medidas cautelares”, concluye el escrito de los promotores vaticanos, que con esta decisión cierran la vía judicial italiana, y abren la pontificia.
El juicio, que según fuentes vaticanas, arrancará de inmediato, convertirá a Cecilia Marogna en la segunda mujer laica en ser juzgada por el Vaticano en las últimas décadas. Ya lo fue Francesca Chaouqui, con motivo de otro escándalo de filtración de documentos, más conocido como 'Vatileaks II'.
¿Becciu, al banquillo?
Salvo sorpresa mayúscula, Marogna no será la única en sentarse en el banquillo de los acusados. El otro gran protagonista, el cardenal Angelo Becciu, también está siendo investigado –si bien de manera menos pública– por la Santa Sede por los mismos delitos de los que se acusa a la empresaria, aunque en su caso como cabecilla de una trama que utilizó fondos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede para su beneficio personal, así como para la compra de de dudosa legalidad de inmuebles como el palacio de Sloane Avenue en Londres, que se financió con centenares de millones de euros que, según investigaciones periodísticas, debían ir a parar a la ayuda a los más pobres.
Según las informaciones aparecidas en los diarios Domani y el Corriere della Sera, cuando era sustituto de la Secretaría de Estado (2011-2018), Becciu entregó unos 500.000 euros a Marogna, titular de una empresa con sede en Eslovenia y experta en seguridad y relaciones internacionales, para que crease una 'red diplomática paralela' a la de la Santa Sede.
Una investigación del programa televisivo Le Iene del canal Italia1 desveló que parte de este dinero, cerca de 200.000 euros, fue utilizado en la compra de artículos de lujo, como 12.000 euros por un sofá, 2.200 por un bolso Prada, otros 1.400 por uno de Tod's y, 8.000 por un Chanel. La mujer negó los cargos de los que se le acusaba, aunque admitió haber recibido una remuneración por el trabajo realizado.
Este fue uno de los capítulos que ha ido filtrando la prensa sobre la gestión de Becciu cuando era sustituto de la secretaria de Estado desde 2011 a 2018 y después de que, por sorpresa, Francisco le retirara el pasado 24 de septiembre de su cargo de prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y también sus derechos como cardenal, quizá pensando en un futuro proceso, que ya está a la vuelta de la esquina.
Respecto al posible enjuiciamiento de Becciu, el semanal italiano L'Espresso y el diario Domani aseguraron que el cardenal está siendo investigado por la fiscalía vaticana por malversación de fondos que dirigió a empresas de sus hermanos y también por la entrega de dinero a la sociedad de Marogna y su falta de supervisión.
El secretario de Estado lo sabía
La investigación vaticana no acaba en Becciu. De hecho, tal y como adelantaba la pasada semana Domani, el mismísimo secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, conoció, y avaló, la polémica compra del palacio de Londres. En una carta que el cardenal escribió al IOR –el Banco Vaticano– en marzo de 2019, calificaba la operación de “inversión válida y sólida”, aunque solicitaba al banco del Papa “150 millones de euros en préstamos” para refinanciar créditos anteriores.
Esta pudo ser la razón del progresivo distanciamiento entre el Papa y Parolin, y que se ha concretado en el cierre del grifo económico a la Secretaría de Estado. Desde el 1 de enero, el principal organismo vaticano no tiene fondos ni presupuesto propio, y todos sus activos han sido trasladados a la APSA, controlada por el nuevo superministro de Economía, el español Juan Antonio Guerrero.
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