Un verano con 23 mujeres asesinadas por violencia machista, una cada cuatro días: ¿qué falla?
Aquel día Maialen no llegó a la comida familiar. Su cuerpo sin vida yacía en la habitación de un apartahotel, en Vitoria, junto a su hija de tres años. Su asesino, Jaime Roca, fue detenido por la Guardia Civil a la altura de Zaragoza poco después, cuando intentaba huir en un taxi. Pesaba sobre él una orden de alejamiento, el caso estaba registrado en el sistema VioGén con riesgo “alto”, pero el hombre acabó matando a su pareja, que estaba embarazada de gemelos.
El de Maialen se convirtió en el vigésimo asesinato por violencia machista en lo que va de 2023. El contador que cada año se pone a cero –pero acumula ya 1.232 víctimas mortales desde 2003– no ha dejado de subir desde entonces. Y lo hace a un ritmo que ha hecho saltar las alarmas: solo en los meses de verano (julio y agosto y los 24 días que llevamos de septiembre) 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Es un asesinato cada casi cuatro días.
Son 48 en lo que va de año, una cifra muy superior a la contabilizada en los últimos tres. Aunque hay que tener en cuenta que hablamos de diferencias que estadísticamente son reducidas, hay que remontarse a septiembre de 2010, cuando a estas alturas fueron 51 casos, para encontrar un registro por encima. En 2019, año que terminó con 56 crímenes, este mes se registraban 47, una menos. Aún así, un vistazo más global permite deducir un descenso tras la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género: en dos décadas de aplicación se ha pasado de los 69 asesinatos de media en los primeros cinco años a los 51 de los últimos.
El asesinato de Maialen ocurrió a finales de mayo, un mes en el que ocurrieron seis casos y que acabó con la convocatoria de un comité de crisis, el organismo creado por el Ministerio de Igualdad para analizar cada uno de los asesinatos y ubicar posibles fallos. Estas reuniones se celebran cuando en un mismo mes se concentran cinco o más crímenes, algo que ha ocurrido en hasta cuatro ocasiones desde enero. Igualdad ya ha convocado el próximo comité para el próximo 4 de octubre ante los ocho asesinatos de septiembre.
Del intercambio de información entre administraciones acaba saliendo siempre una batería de conclusiones y propuestas que no son de aplicación directa, pero sirven para identificar las lagunas del sistema en la protección de las víctimas. En el comité de crisis que analizó los asesinatos entre los que se encontraba el de Maialen, por ejemplo, se llamó a revisar el embarazo como factor de riesgo a la hora de evaluarlo y se instó a los profesionales con los que se encuentran las víctimas a ser proactivos a la hora de identificar los recursos a los que tienen derecho.
Ampliar la lupa
Y es que que el Estado llegue a donde están las mujeres es una de las conclusiones más repetidas en este año: llegar allí donde la violencia se produce y no esperar a que sean las víctimas las que denuncien como única vía para salir de la violencia. El objetivo es sacar a flote el maltrato oculto, el no denunciado, que es la inmensa mayoría. Según los datos de lo que va de año, solo nueve de las 48 víctimas, el 18%, había acudido a una comisaría o al juzgado a pedir ayuda.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, recalca sin embargo que prácticamente todas las mujeres que han sido asesinadas, salvo las que acaban de aterrizar en España o están pasando unos días de vacaciones, habían tenido contacto con alguna institución, sea sanitaria, educativa, policial o de servicios sociales. “Tenemos la obligación de detectar la violencia de género y de poner todos los medios, protocolos y formación para ello”, dice.
Hay mujeres que van a urgencias incluso de distintas localidades con lesiones graves. Una violencia más fácil de detectar y que aún así a veces en su expediente eso se escapa a pesar de que sea evidente que hay un patrón anormal de lesión
Rosell asegura que desde el ámbito de la salud se puede detectar esa violencia desde los departamentos de salud mental o urgencias, pero también ginecología y obstetricia o pediatría. “Hay mujeres maltratadas que van a urgencias incluso con lesiones graves. Cuando hablamos de la violencia más flagrante y que por tanto es más fácil de detectar, aún así a veces en su expediente eso se escapa a pesar de que sea evidente que hay un patrón anormal de lesión”, explica.
Lo mismo puede suceder en el ámbito educativo, formal e informal, o en los servicios sociales: “Si los profesionales tuvieran muy presentes las cifras, que dicen por ejemplo que el 57,3% de las mujeres en España hemos sufrido algún tipo de violencia machista, quizá no se harían chistes sexuales o machistas que hacen a las mujeres sentirse en lugares no seguros y se podrían detectar más casos, se ampliaría también la lupa”, señala Rosell.
A lo mismo alude la psicóloga especializada en acompañar a víctimas de violencia de género. “Falta una pata muy importante que es la de la coordinación entre distintos ámbitos. Desde los servicios de psicología deberíamos poder coordinarnos con centros de salud o centros educativos de sus hijos e hijas, por ejemplo, y eso permitiría un acompañamiento más completo”, cree la experta, que incide también en que los recursos públicos de atención psicológica “son limitados” y a veces no permiten abordar “traumas complejos” que “llevan años de terapia”.
Aún así, cree que las instituciones “se están activando mucho” aunque “unas más que otras”. Un ejemplo es el llamado “título habilitante” puesto en marcha a nivel estatal, que permite acreditar la condición de víctima de una mujer para acceder a recursos y derechos sin la obligación de denunciar. Si bien se trata de una acreditación civil, es decir, no sirve para dictaminar medidas contra el agresor, como órdenes de alejamiento o protección, sí hace que las mujeres “entren en un sistema de expertas en género que las van a ayudar y a orientar, que las acompañan, y ahí las mujeres son más capaces de detectar, contar y empoderarse”, cree Rosell.
Silencio cómplice
El silencio del entorno de las víctimas es también otro de los factores que han identificado en los asesinatos de este año las instituciones como un elemento que acaba desprotegiendo a las mujeres. Lo ha llamado el Ministerio de Igualdad “silencio cómplice y encubridor” de la violencia machista y así es cómo el Tribunal Supremo lo calificó en una pionera sentencia en 2019 en la que afirmó que esta situación “provoca y coadyuva” a la ocultación de las víctimas.
Es contradictorio que por una parte tratemos de que las víctimas denuncien y por otra haya voces que alienten el negacionismo
Mercedes Alcañiz, socióloga experta en género de la Universitat Jaume I de Castellón coincide en la importancia de abordar este silencio de familia y amistades. “Todavía hay una normalización de la violencia, no tanto ya de la más evidente, que es la física. Pero de violencia psicológica y de control, que por otro lado es la que más se da, podemos tener a una víctima al lado y no percibirla como tal, quizás ni ella lo haga... A veces tiene que pasar algo muy grave y explícito para reaccionar”, sostiene la experta.
Pero opuesto a la ruptura del silencio es, sin embargo, tratar de diluir la violencia machista y negar su especificidad en un discurso enarbolado por Vox y sectores sociales y políticos afines. El aumento de poder de la extrema derecha, que gracias a los pactos con el Partido Popular, ha entrado en ayuntamientos y gobiernos de comunidades autónomas preocupa también a las expertas. “Ahora mismo de forma rigurosa no podemos saber qué consecuencias va a tener pero claramente es contradictorio que por una parte tratemos de que las víctimas denuncien y por otra haya voces que alienten el negacionismo”, afirma Alcañiz.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género aporta un matiz más. Este discurso no solo está abonando el silencio de las víctimas, sino que envalentona a los agresores con mensajes “que reafirman las masculinidades más violentas”, asegura. Rosell habla también de una “violencia simbólica” contra las mujeres que “retroalimenta el odio”. Como ejemplo, menciona los tuits que tanto la cuenta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como ella ponen comunicando y lamentando los asesinatos machistas: “Nos responden con insultos.”
Víctimas vulnerables por precariedad
A la precariedad económica de las víctimas han apuntado las conclusiones de los comités de crisis como elemento que frena la salida de la violencia. Precisamente en la primera reunión celebrada este año por los siete asesinatos de enero se dio cuenta de este factor: en dos de los casos evaluados las mujeres seguían conviviendo con sus asesinos solo porque no contaban con alternativa habitacional y cohabitaban con el agresor únicamente por motivos económicos tras haberse separado.
El empleo "reduce las situaciones de dependencia" económica que muchas veces vincula a las mujeres con los agresores, destaca el último informe de la Fundación Adecco
Demostrado está que en épocas de crisis económica se reduce el número de denuncias. El desempleo, los recortes de salarios y el aumento de las cargas familiares suelen disuadir a las víctimas y así ocurrió en la recesión de 2008 y en la sufrida a raíz del coronavirus. El empleo “reduce las situaciones de dependencia” económica que muchas veces vincula a las mujeres con los agresores, destaca el último informe de la Fundación Adecco, basado en entrevistas a víctimas. Para el Instituto de las Mujeres, tener trabajo “resulta esencial para su recuperación” por la “autonomía que proporciona”.
Pero no es solo tener empleo. Y es que no es poco frecuente que los salarios no alcancen para pagar una vivienda y afrontar los gastos. La precariedad en un sentido amplio “influye muchísimo”, subraya Rosell, especialmente en el acceso a una casa. “Hemos asistido a asesinatos de mujeres que no convivían con sus agresores porque mantuvieran relación, la relación estaba rota, sino que lo hacían por falta de vivienda. Eso elevó el riesgo en el que estaban. Estamos hablando incluso de mujeres que tienen orden de alejamiento pero que han seguido en contacto con el agresor por precariedad, porque no tenían a nadie con quien dejar a los niños para irse a trabajar y se los dejaban a él. Decimos que la violencia de género se da en todas las clases sociales y eso es verdad, pero las que no tienen posibilidad de encontrar un techo, las que son más precarias, están más en peligro”.
La propuesta a la que llegaron las instituciones tras el encuentro en el que abordaron específicamente esta cuestión fue que las víctimas sin recursos y en riesgo alto pudieran acceder prácticamente de forma automática a una vivienda y ayudas como el Ingreso Mínimo Vital tras denunciar. Una medida que, sin embargo, aún no se ha llevado a cabo. Los comités identifican lagunas y fallos en la cadena de protección de las mujeres y apuntan a posibles soluciones, pero, al menos de momento, las propuestas se han convertido más en llamadas de atención que en medidas en vigor.
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