El abogado de Infancia Libre: “El informe policial fue malintencionado y estudiamos reclamar una indemnización”

Hace menos de un mes que la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa contra Infancia Libre, la organización formada por mujeres que habían denunciado abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus exparejas y a la que la Policía Nacional acusó de organización criminal. La unidad adscrita del cuerpo a los Juzgados de Plaza Castilla pedía que se investigara a la asociación por esta causa, pero finalmente el Ministerio Público ha considerado que no se sostiene. Vicente Tovar es el abogado de la organización y de su presidenta, María Sevilla, acusada de sustracción de menores por esconderse con su hijo para no entregarlo al padre después de que se archivara la denuncia por abusos que interpuso. También defiende a Rocío de la Osa, vicepresidenta de la asociación, a la que el informe policial le supuso la pérdida de la custodia de su hija, que ya ha recuperado.

La Fiscalía ha archivado la causa contra Infancia Libre por organización criminal, ¿en qué basó su decisión?

Era una causa por una supuesta organización criminal basada en un informe policial bastante malintencionado en donde hacía una serie de conjeturas sobre varios casos de madres en los que concurren circunstancias parecidas. A partir de ahí la Policía dice que es una organización criminal. La pertenencia a una organización criminal es un delito que se da muy pocas veces, ya solamente para temas terroristas, organizaciones de droga, de tráfico de armas, cosas muy poco aplicables a este caso. Pero para la Policía Infancia Libre es una organización que se crea para cometer delitos, es decir, que tiene una estructura donde cada uno tiene una función, hay una jerarquía.

Eso en el caso de Infancia Libre era absurdo, la formaban tres personas: la presidenta, la vicepresidenta y el marido de la presidenta, porque necesitaban tres personas para hacer una asociación y ni mucho menos nada tenían que ver con una actividad delictiva. Era una asociación que se encuentra con este problema de abuso infantil, un problema social que existe y que es muy difícil de detectar y de probar. Ellas se sienten desamparadas porque la justicia no les ha dado solución a este problema que ellas creen que tiene con sus hijos. Esa asociación nace para visibilizar esto, el resto de mujeres contactan con ellas para pedir información porque se encuentran con el mismo problema, pero no tienen nada que ver. De hecho, ni siquiera María [María Sevilla, la presidenta] conoce a la mayoría, solamente a cuatro o cinco de las veintitantas personas que han llamado.

Y más concretamente, ¿qué ha argumentado la Fiscalía para verlo tan claro?

Que con independencia de la causa penal que cada una de ellas tenga -cada una tiene su causa penal, unas han denunciado abuso, a otras las han denunciado a ellas por sustracción de menores y tendrá que dilucidarse su responsabilidad de manera individual-, como organización no está acreditado ni que se conocieran y que no hay una estructura creada para cometer delitos. Habrá que ir viendo caso por caso.

¿Por qué le parece que el informe policial era malintencionado? ¿Por qué cree que la Policía iba a hacer esas interpretaciones?

Los abusos infantiles son un problema, la pedofilia es una realidad y las redes de pederastia lo son. De alguna manera la gente relacionada con esas redes ha reaccionado muy violentamente contra estas madres. Yo creo que la Policía, alguien de la Policía, tiene contactos con estos padres y se ha puesto del lado de ellos, porque este informe es realmente absurdo. La Policía hace un cruce de datos y ve que la abogada de la mayoría de los casos es la misma y que el informe de un pediatra también suele ser el que coincide en un gran número de veces. Pero claro, eso no debe levantar ninguna sospecha, eso es lo normal. Cuando un profesional comienza a llevar un tema le van llegando otros parecidos. Pongo siempre el ejemplo de las cláusulas suelo. Arriaga llevó miles de casos y cuando alguien tiene un problema de cláusulas y no conoce a nadie pues se acuerda de Arriaga. Además, en este tema de abusos sexuales hay pocos profesionales que quieran mojarse.

Este informe ha tenido consecuencias para algunas de estas mujeres. Por ejemplo, la vicepresidenta, Rocío de la Osa, perdió temporalmente la custodia de su hija. ¿Van a emprender acciones legales contra el Estado?

Ellas desde luego quieren porque han sufrido mucho daño. La detención de María prácticamente fue retransmitida en directo. A Rocío le supuso que le quitaran la custodia la niña en junio, la hemos recuperado ahora en diciembre. Durante ocho meses solo pudo ver a su hija dos horas cada quince días en un punto de encuentro. Aún no lo hemos estudiado a fondo, pero sí pensamos en plantear alguna reclamación, como mínimo una reclamación patrimonial, como la indemnización por daños y perjuicios que ese informe les ha podido ocasionar. Si fuera una reclamación patrimonial la presentaríamos ante el Ministerio del Interior. Si no nos diera la razón podríamos interponer una demanda en un juzgado contencioso administrativo y exigir una responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Administración.

Otra de las cosas que llaman la atención es que las denuncias de las madres son anteriores a la constitución de la asociación, es decir, las denuncias no son producto de la creación de Infancia Libre...

Según la Policía, todas las madres tienen el mismo modus operandi: se ven involucradas en divorcios complicados y para obtener una posición beneficiosa interponen una denuncia por abusos sexuales del padre, para conseguir que no le den visitas o ninguna visita. Eso es mentira. Mis dos representadas, cuando crean Infancia Libre, ya tenían archivadas sus denuncias por abuso. En el caso de María, el proceso de divorcio empieza con visitas normalizadas y es cuando el niño comienza a quejarse de abusos cuando María toma medidas y recaba un montón de informes que dicen que hay indicios de abusos. Cuando el informe se hace por el equipo del Juzgado de Valdemoro dicen que no ven claro que pueda haber abusos. Como es el informe que hace el equipo psicosocial del juzgado es el que ya les sirve para todo, da igual que se hayan hecho dos informes anteriores de catedráticos diciendo que sí. Ese informe de Valdemoro es el que hace que se archive todo y el que lleva María en una mochila toda su vida, a pesar de que tiene doce o quince informes que dicen todo lo contrario. Es cuando vive eso cuando deciden crear Infancia Libre.

En muchos de estos casos, los informes se hacen al comienzo del proceso. Desde su perspectiva, ya que usted ha sido juez además de abogado, ¿hasta qué punto estos informes condicionan el proceso? ¿Tiene sentido jurídicamente hablando que un informe tenga todo el peso cuando existen muchos otros que dicen otra cosa?

Depende de cada juez. Para algunos, no para todos, lo que diga el informe psicosocial 'va a misa' porque lo más cómodo es ajustarse a él. No suelen creerse los informes privados porque han sido pagados por las partes y los de los equipos psicosociales son para ellos los objetivos. Pero claro, hay equipos psicosociales muy buenos y hay otros que no tanto. Y, además, el hecho de que los privados hayan sido pagados no quiere decir que mientan. Los que los hacen son profesionales y se entiende que son imparciales. Es un error solo tener en cuenta el informe del equipo psicosocial y olvidarse del resto porque la ley le da el mismo valor a todos.

¿Hasta qué punto el Síndrome de Alienación Parental (SAP) tiene implicaciones en este caso?

El SAP no se ha nombrado explícitamente, pero subyace. La comunidad científica está en contra de este síndrome, dice que no existe y que se usa para encubrir este tipo de abusos, pero sí hay algunos psicólogos que están a favor. Se nota mucho cuando vas a determinados juzgados o psicólogos que rápidamente toman partido y cuando ven una madre que está hiperprotegiendo al niño, en vez de poner el foco en que quizás está pasando algo, piensan directamente que le está alienando. Hace un informe que concluye esto y el juez, como decíamos, lo valora por encima del resto. Ya puedes llevar tú 12 informes de expertos que es muy difícil echar para atrás un informe de un equipo psicosocial.

En el caso de Rocío, el informe de la Policía sirvió de base para quitarle la custodia y ahora se la han devuelto. Pero ella tiene pendiente aún una causa por sustracción de menores y resistencia a la autoridad. ¿Cómo está su caso concreto?

Ella tuvo una causa por sustracción y desobediencia que se archivó y a raíz de este informe de la Policía se reabrió. El auto que le vuelve a dar la custodia dice que no se tendría que haber reabierto esta causa, así que ahora está en manos del juez decidir si continúa adelante o no. El fiscal ya ha dicho que en cualquier caso sería por desobediencia y no por sustracción. En su caso es imposible que le condenen por ninguno de los dos delitos.

Rocío tiene una sentencia que regula las medidas en la que se dice que ella tiene la custodia y que el padre puede ver a la menor cada 15 días dos horas en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) una vez que se pongan los padres de acuerdo. Sustracción no puede haber porque ella tiene la custodia, pero desobediencia tampoco porque implica que a ti te exijan entregar un día al niño un determinado día y tú no lo entregues. En este caso el PEF está subordinado a que los padres se pongan de acuerdo. Ese acuerdo, sin embargo, no ha llegado nunca porque en ningún momento el ex ha requerido a Rocío para llegar al acuerdo. No obstante, esto está todavía vivo. El padre pidió una modificación de medidas exigiendo la custodia, se celebró juicio el pasado 30 de enero y la jueza ha solicitado la realización de un informe.

¿Y el de María Sevilla?

Está pendiente de juicio por sustracción de menores que está señalado el próximo 6 de mayo.

Su caso sí parece más complicado. La Policía llegó a hacer declaraciones muy duras como que el menor estaba en un estado “lamentable”.

Eso, según me cuenta María, es mentira. Y viendo cómo la Policía ha actuado de manera parcial me la creo. No me creo que estuviera en situación de abandono. Es verdad que no estaba escolarizado porque según ella estaba enfermo, pero no es verdad que no estuviera vacunado, el niño estaba bien. María sí se fue con el niño, pero se justifica con que no tenía ayuda de la justicia y el padre del niño abusaba de él. Que ella creía a su hijo y como la justicia no impedía esa relación, ella no podía dárselo voluntariamente y por eso hizo lo que hizo. Nuestro argumento de defensa es que María estaba protegiendo al niño.