Victoria Rosell: “Ninguna víctima de violencia se va a ver desprotegida porque una ley proteja a las mujeres trans”

Aterrizó en el Ministerio de Igualdad y a los dos meses la emergencia sanitaria del coronavirus trastocó los planes de un organismo con mucha tarea por delante. Desde su cargo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (Murcia, 1968) ha intentado dar respuesta a una crisis sin precedentes que, según la OMS, ha aumentado la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género; mujeres para las que el hogar no ha sido un lugar seguro. Una “situación adicional de peligro, una pandemia sobre otra pandemia”, esgrime la jueza ahora en excedencia en conversación con eldiario.es.

Al otro lado de la pantalla, Rosell hace balance de estos tres meses, en los que las peticiones de ayuda al 016, el teléfono de atención a las víctimas, han escalado considerablemente y lamenta el discurso de la derecha, que durante toda la epidemia ha vinculado el 8M con su expansión, una causa que ha archivado la justicia: “Es muy evidente que son ataques al Gobierno y, específicamente, al feminismo y al Ministerio de Igualdad”.

¿Podemos afirmar que la violencia machista ha aumentado durante el confinamiento?

Sí, tenemos indicadores que lo señalan. Sabemos que es una violencia estructural, pero también silenciosa. Salud Pública informa de que se han incrementado los partes de lesiones, aunque no hayan aumentado los homicidios. Ahora la Policía nos habla de más de 8.000 detenciones y de 2.400 llamadas de control de Viogen. Los servicios del 016 han aumentado considerablemente. Los datos que dimos el lunes son un incremento medio del 50%.

Luego hay otros indicadores, dentro de la limitación de que se trata de una violencia que sucede entre cuatro paredes, como el incremento de visitas a páginas web de pornografía cada vez más violenta, que para las personas expertas también puede ser un indicio de violencia sexual dentro del domicilio. Así que creemos que no nos equivocamos en el diagnóstico. En las parejas que no viven juntas, que son las más jóvenes, es evidente que no se ha desarrollado violencia física, sino violencia de control.

¿En qué situación han estado los recursos para acoger a mujeres víctimas de violencia machista? Aunque se trata de competencias descentralizadas, ¿tiene la Delegación datos de su capacidad durante el periodo de alarma?

Los datos los tienen las comunidades autónomas, dependemos de ellas porque es su competencia. Hemos pedido datos a las diecisiete comunidades más dos ciudades autónomas y todavía estamos esperando a que muchas nos respondan. Las casas de acogida eran un servicio esencial y siguieron funcionando. Hubo una medida que en principio fue muy incomprendida, que era la posibilidad de utilizar con este fin alojamientos de tipo turístico, que debían permanecer cerrados según la orden de Sanidad, pero que podían ser una alternativa en caso de saturación de las casas de acogida. Hay que remitirse a las comunidades autónomas para tener datos también sobre esto.

¿Temen un repunte de las denuncias por violencia de género después del estado de alarma? ¿Están preparando al sistema judicial para ello de alguna manera?

Me parece esencial quitar el acento en la idea de la denuncia en la Policía y en los juzgados y poner el acento en las demás puertas que se abren porque los datos nos indican que menos del 28% de las víctimas de violencia identificadas como tal acuden a policía y juzgados. A los juzgados, en concreto el 1,7%. Y, sin embargo, el 37,2% de la violencia se verbaliza ante los servicios sociosanitarios. Creemos que podría haber un repunte de la violencia física y de los quebrantamientos de condena, pero que no se puede detectar solo con medidas desde Justicia. En sanidad se hace una labor esencial, vital literalmente, contra la violencia de género y el Estado tiene que tener capacidad de ser proactivo en la búsqueda de esas violencias que no se verbalizan y que no se denuncian.

¿Qué han propuesto a Justicia y Sanidad concretamente?

La distancia social puede implicar que te citen a un juzgado y te digan que no puedes ir acompañada y eso es quitarte un derecho a cambio de las distancias. Pensamos que se podría hacer una vídeo identificación o una identificación digital que permitiera a las víctimas declarar desde lugares amables y seguros que pueden ser las oficinas de atención a las víctimas o, en el caso de las mujeres que ya estaban en intervención social, desde sus servicios sociales. En algunos foros jurídicos comentan que cómo vamos a permitir esas declaraciones testificales desde otros sitios. Pero si durante el estado de alarma se han permitido este tipo de declaraciones de los detenidos, yo creo que se puede hacer.

A medio plazo pretendo que esta certificación digital pueda permitir a las mujeres que lo quieran tener esa identificación de víctima de violencia ante otras administraciones con el objetivo de evitar la revictimización. Porque las víctimas cuentan muchas veces a lo largo de su vida que son víctimas de violencia: para pedir una beca, adaptación laboral, vivienda... Yo creo que sería bueno que aquellas que así lo decidan puedan certificarse digitalmente. Por ejemplo, si a Urgencias va una mujer con el brazo roto de la mano de su agresor, en su historia ya consta.

Al margen de esto, el llamado título habilitante, es decir que las víctimas sean reconocidas oficialmente por servicios sociales o médicos, y no solo por una sentencia u orden de protección, arrancó en la pasada legislatura, pero no acabó de funcionar en todas las comunidades o no de la misma forma. ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

Ahora mismo cada comunidad tiene establecido su titulo habilitante, aunque es verdad que de distintas maneras, pero eso no podemos homogeneizarlo. Lo que sí hacemos es establecer unos criterios comunes y estamos estudiando la posibilidad de que las Oficinas de Atención a las Víctimas puedan incluirse en este sistema de certificación. En algo más de un año hemos pasado de que solo lo reconozca una sentencia judicial o una orden de protección a abrir todo un abanico que realmente está costando y es complejo, pero que abre todas las puertas del sistema socioasistencial a las víctimas sin pasar por el sistema de justicia. La policía y la justicia no pueden tener esta exclusiva.

Precisamente la semana pasada el CGPJ publicó una radiografía de los 1.000 asesinatos machistas en España y una inmensa mayoría nunca había denunciado. ¿Qué falla en el sistema?el CGPJ publicó una radiografía de los 1.000 asesinatos machistas en España

El sistema de denuncia penal falla porque es pedirles a las mujeres que carguen sobre sus hombros con la iniciativa y el peso de su propia salida de la violencia. El propio Convenio de Estambul pide a los Estados que no se les exija a las mujeres que sean ellas las responsables de iniciar y protagonizar su protección, sino que la protección social sea independiente. Desde 2004, lo que más hemos desarrollado es la parte penal y de protección policial, y es el momento, ya desde el anterior Gobierno, de no hacerlo depender de la denuncia. El sistema de justicia evidentemente tiene sus fallos, por ejemplo, una falta de formación y de enfoque de género que tenemos que paliar, pero además es que no debe ser necesario tener que transitar por ahí para acceder a la ruta asistencial.

Seguimos viendo casos como el de Itziar Prats, la mujer cuyas hijas fueron asesinadas por su exmarido tras múltiples denuncias. ¿Se van a revisar los regímenes de visitas con menores de padres investigados por violencia de género? Estas niñas ni siquiera fueron evaluadas por un psicólogo. ¿Habrá cambios en este sentido?

Nosotras durante el estado de alarma ya sacamos una información conjunta con Derechos Sociales sobre los regímenes de visitas y la ley de infancia, que se mejorará tanto en el ámbito de los ministerios como en el de las aportaciones sociales y en el Congreso, y que cambia el enfoque sobre escuchar a los niños y niñas. A nivel judicial ha habido fallos clamorosos y condenas a España, como el caso de Ángela González Carreño, y fracasos del sistema como el de Itziar Prats que no pueden volver a repetirse. Hay que interiorizar que un maltratador nunca puede ser buen padre y siempre priorizar la protección de los hijos e hijas frente a los supuestos derechos de un presunto agresor. Hay que ahondar en esto. Uno de los aspectos que menos se desarrolló en el ámbito de la violencia de género fue el de la infancia; en algo hemos avanzado, pero para mí es esencial poder suspender o romper el vínculo con el presunto agresor.

Justo se ha cumplido un año de la condena a 'la manada’ en el Tribunal Supremo. ¿Cree que esta sentencia ha influido en algo en la manera de juzgar los delitos sexuales en España?

Fue importante que la sentencia apreciara intimidación ambiental y que se pudiera resumir en las cinco palabras que gritaban las feministas en la calle: 'no es abuso es violación'. Creo que va a marcar un precedente en el tratamiento tanto de la intimidación ambiental como en las medidas que hay que adoptar en lo relativo a las víctimas. ¿Realmente podemos estar diciendo a una mujer 'denuncia un delito sexual' y a la vez exponerla a lo que social y mediáticamente vivió esa víctima? Por otro lado, también será histórica si aprendemos. Las conclusiones que podemos sacar de otros casos en los que no se apreció intimidación ambiental acompañan perfectamente la decisión legal que está en el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual de terminar con el abuso y que todo sea agresión sexual.

Una de las cuestiones que están encima de la mesa estas semanas es la libre autodeterminación de género de las personas trans. Hay un sector del feminismo para el que este derecho afectaría a la violencia de género o podría dejar desprotegidas a las mujeres que la sufren. ¿Qué opina?Hay un sector del feminismo

Ampliar la protección a otras mujeres o a colectivos vulnerables que son víctimas de violencias no borra ni desdibuja la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Me parece un falso debate en el que se intenta enfrentar, en vez de al feminismo contra el neoliberalismo y el patriarcado, a unas víctimas con otras. Y eso es el escenario ideal para el negacionismo, para el neoliberalismo y para el patriarcado. Ninguna víctima de violencia se va a ver desprotegida porque haya una ley que proteja a las mujeres trans. Es evidente que la evolución va hacia los derechos de las personas trans y esto no limita los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. En absoluto. Ningún análisis serio indica ese borrado.

Estas voces llegan a afirmar que habría hombres agresores que podrían declararse mujeres para evitar que se les aplicara la Ley de Violencia de Género, ¿es esa una amenaza real?

Es un discurso que no es neutro y que está convirtiendo a personas que necesitan un apoyo de sus derechos humanos y un reconocimiento expreso en potenciales agresores. Me parece, por un lado, burlarse de lo que es la transexualidad, que es una vivencia, no es un sentir ni un pensamiento pasajero que cambia cada minuto, y también no tener conciencia de lo que es la violencia machista. Y, además, tratar de situarlas inmediatamente en el imaginario colectivo como agresoras de género. Me parece que hay que tener mucho cuidado con las hipótesis de laboratorio que se formulan. Se está criminalizando a las personas trans y presentándolas ante la opinión pública como un peligro para las mujeres. Y lo que es un peligro es el patriarcado para las personas trans, además de para las mujeres. Enfrentar a dos colectivos cuyos derechos humanos aún no están a la altura de los derechos humanos de los hombres heterosexuales es caer en una trampa que nos llevaría a una regresión.