Entre la ilusión y la cautela. Así han recibido las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica las iniciativas para investigar los casos de pederastia en el seno de la institución. Con ilusión porque es la primera vez en décadas que las autoridades civiles “aceptan su responsabilidad de investigar oficialmente” estos delitos. Con cautela, porque desconfían de la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, que el PSOE quiere incluir en la comisión de expertos que asesorarán al Defensor del Pueblo en su iniciativa.
“Es una buena noticia que se empiece a tratar este tema en órganos estatales, como el Congreso o la Fiscalía, pero de momento no es más que un mero acercamiento y solo con los acercamientos no basta”, señala Juan Cuatrecasas, víctima de abusos del Opus Dei en el colegio Gaztelueta, en Bizkaia. “El poder político y el poder eclesiástico llevan mucho tiempo haciendo caso omiso y desoyendo las súplicas de las víctimas y los supervivientes, por lo que la garantía de que algo cambie es una utopía”, añade.
"Es una buena noticia que se empiece a tratar este tema en órganos estatales, como el Congreso o la Fiscalía, pero de momento no es más que un mero acercamiento y solo con los acercamientos no basta"
“Debería ser la propia Iglesia la que hubiera dado este paso, pero la Iglesia española tiene miedo a la verdad”, indica el portavoz de Infancia Robada, Fernando García Salmones, que reclama que la institución “se aplique el motu proprio del Papa”. Lo obispos españoles son los únicos del Viejo Continente, junto a los italianos, que se saltan el consenso episcopal y no investigan los casos históricos de pederastia en España, como si han hecho en otros países como Francia, Alemania o Irlanda. “Como cristiano, me avergüenza, porque durante años se han creído por encima de todos”, acusa Alberto, que fue víctima de un sacerdote en Valencia. “Es hora de que se acabe la impunidad. No tienen límite y eso no se puede permitir. Desde Roma creo que se han dado cuenta”, continúa. “A la Iglesia se le está pidiendo que pidan perdón por todos los 'errores'”.
Para Alberto Cano, hermano de otra víctima de los Boy Scouts, los abusos en la Iglesia son “algo sistémico, que ha sido ocultado durante demasiado tiempo porque la prioridad de la institución ha sido proteger su imagen”. “Que las víctimas tengan la oportunidad de ser escuchadas en la sede de la soberanía nacional muestra una sensibilidad mínima y necesaria para que nuestros dirigentes políticos escuchen de primera mano a los ciudadanos que han sido víctimas dobles, de los agresores y de los encubridores”, indica en relación a la propuesta de Unidas Podemos, ERC y Bildu de abrir una comisión de investigación en el Congreso.
Esta iniciativa ha superado ya el primer escollo parlamentario pero parece que decaerá si sale adelante la propuesta socialista de que sea el Defensor del Pueblo quien investigue los abusos junto a un comité de expertos. “Va a ser nuestra defensa, nuestra posición y el impulso está orientado a esta iniciativa”, ha dicho este lunes el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. El motivo que esgrimen es la necesidad de proteger la privacidad de los afectados que no quieran hablar públicamente de su caso, algo que ocurriría en esa hipotética comisión parlamentaria y que podría echar atrás a algunas víctimas.
“Se visibiliza el problema”
Con todo, Cano considera que las iniciativas en marcha representan “una gran oportunidad”. Porque tras décadas de silencio, “se visibiliza el problema”. “Lo que se oculta, no existe y lo que no existe, se margina. Además, los expertos en trauma dicen que las víctimas necesitan contar su historia para poder sanarse, que sea reconocido su sufrimiento por parte de la sociedad a través de los mecanismos que existen, en sede judicial, en medios de comunicación o en foro público”, explica.
Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, advierte de la “tentación de intentar hacer un paripé” con el dolor de los afectados. En ese sentido, marca una hoja de ruta clara en cuanto a las reivindicaciones para reparar el daño causado. Por un lado, que los delitos de pederastia no prescriban nunca, como ocurre en países como Colombia, Canadá, Chile, Argentina o Suiza. Por otro, que se garantice el derecho de toda víctima a cobrar una indemnización, independientemente de que su delito haya prescrito o no, como ha ocurrido en Irlanda, donde el Estado ha asumido parte de esas compensaciones, o en Francia, donde la Iglesia venderá parte de su patrimonio para hacerse cargo de esas cuantías tras una investigación, similar a la que se quiere llevar a cabo en España, que destapó más de 300.000 casos de pederastia, perpetrados por más de 3.000 curas pederastas en los últimos 70 años. Y, en tercer lugar, una “comisión de la verdad, para cuantificar la magnitud de la pederastia clerical”.
Un impacto limitado
La persecución judicial de los abusos en la Iglesia católica ha tenido hasta el momento un impacto limitado. Desde 2010, los tribunales españoles han dictado alrededor de una treintena de sentencias condenatorias por abusos sexuales cometidos contra menores en espacios relacionados con esta institución. Según datos recopilados por elDiario.es, los condenados son párrocos, sacerdotes, catequistas o trabajadores de estos centros de culto que se valieron de su ascendencia espiritual para perpetrar los abusos. También ha habido condenas contra profesores por abusar de menores en actividades desarrolladas en parroquias (coros, grupos de música…) o en colegios concertados.
El caso más abultado de abusos en un colegio perpetrado por un religioso fue el sentenciado en Madrid en 2018. Pedro Ramos Lominchar, exreligioso de La Salle y antiguo profesor del Colegio Maravillas, aceptó 130 años de prisión tras reconocer que abusó de 14 menores y cuatro adultos entre 2013 y 2016. El exdocente, que cumple una condena efectiva a 17 años de cárcel, admitió en el juicio que cometía los abusos aprovechando que sus víctimas estaban dormidas en diferentes salidas y campamentos organizadas por el centro y que elaboró pornografía con imágenes tomadas en los baños.
Entre las más recientes está la condena a ocho años y seis meses de cárcel a un sacerdote de Toledo que abusó de forma continuada de una adolescente de 15 años que acumula desde entonces numerosos intentos de suicidio. La Audiencia Provincial de Toledo, en una sentencia del pasado verano, considera probado que abusó de ella sexual, física y psicológicamente entre 2011 y 2014 en su despacho parroquial. El condenado la citaba en esas dependencias con la excusa de que era su director espiritual en el colegio Hijas de María Nuestra Señora en Talavera de la Reina, donde estudiaba la menor. De hecho, el centro lo mantuvo varios meses como profesor tras la denuncia.
Además, varias decenas de sentencias condenatorias, al menos veinte que ha podido examinar este periódico, se han dictado contra abusadores y pederastas en el seno del evangelismo o de otras religiones. La última, hace unos días, cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena de un pastor evangélico de Murcia por abusar de varios menores aprovechando, según los jueces, su “ascendencia espiritual” sobre ellos.
El problema de la prescripción
Todos estos casos se han podido sentenciar porque se refieren a hechos relativamente recientes, pues los expertos consultados sostienen que uno de los principales escollos de la denuncia y el enjuiciamiento de la pederastia en la Iglesia son los plazos de prescripción. “La mayoría de las víctimas tardan mucho tiempo en dar el paso de denunciar porque sienten vergüenza o culpa por lo que les ha pasado. Muchos no lo cuentan ni a sus familiares porque piensan que no les van a creer. Y, cuando lo hacen, reciben la noticia de que los hechos están prescritos”, afirma la abogada Leticia de la Hoz, fundadora de la asociación Infancia Robada y conocida por procesos de gran trascendencia como el del colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa, en Bizkaia.
Esta es una circunstancia a la que pone remedio, en parte, la reciente Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de estos delitos se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, hasta la aprobación de esta ley, como máximo, una víctima podía denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena y ahora ese margen se alarga hasta los 50.
Lo habitual es que las víctimas necesiten largos periodos de tiempo para romper el silencio debido a las singulares características de un tipo de violencia que tiene lugar a una corta edad y donde lo normal es que los agresores, que son personas del entorno, utilicen técnicas de manipulación en un momento de forja de personalidad de los niños o adolescentes. Además, la denuncia también suele tener un alto coste personal en términos psicológicos. Es por eso que De la Hoz reconoce y aplaude esta reforma, aunque insiste en que “deja fuera” a “muchísimas” víctimas que han dado el paso de forma más tardía. “Es una ley excepcional para el futuro, pero que deja fuera a muchas víctimas de abusos que también tienen derecho a un resarcimiento”, sostiene.
Es por eso que en Infancia Robada reclaman que también se otorgue el estatus de víctima a quienes fueron abusados hace décadas, durante su niñez o adolescencia, y que no tienen a su alcance la vía penal como consecuencia de la prescripción. “La mayoría se conforman con muy poco, con un mero reconocimiento de los hechos que les permita dejar de sentirse culpables”, dice la abogada De la Hoz. De esta forma, afirma la letrada, también se les podría proporcionar algún tipo de ayuda para tratamientos psicológicos especializados. “Son personas que, en muchos casos, no han podido tener una vida normalizada como consecuencia de estos hechos y que tienen grandes secuelas”, añade.
Hay muchos casos no denunciados de los años 70 y 80, cuyas víctimas viven, pero no los abusadores, y los delitos no podrán ser judicialmente perseguidos. En estos casos las instituciones deben dar respuesta a las demandas de verdad, justicia y reparación
“Sabemos que hay muchos casos no denunciados que tuvieron lugar entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, cuyas víctimas están vivas, aunque quizás no los abusadores, y los delitos no podrán ser judicialmente perseguidos. En estos casos las instituciones deben y pueden dar una respuesta a las demandas de verdad, justicia y reparación”, defiende Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universidad de Lleida y coordinador de uno de los más extensos proyectos de investigación sobre abusos sexuales en instituciones religiosas, realizado junto a las también victimólogas ​​Noemí Pereda y Gemma Varona.
Otra de las vías que se han abierto recientemente en España es la de la Fiscalía General del Estado, que ha solicitado a las fiscalías superiores que le remitan todas las denuncias y querellas que se estén tramitando sobre agresiones y abusos sexuales a menores en instituciones religiosas. “Es un punto de partida maravilloso”, apunta Javier Paz, víctima de abusos en Salamanca, porque puede ayudar a “cuantificar la cantidad de víctimas, dar voz a otras que estén calladas, al ver que se puede denunciar sin pasar por el trance de salir a la luz de los medios y que se van a escuchar sus casos y que eso va a ser un punto de inflexión para arrancar una gran investigación”. No obstante, otras voces, como la de Alberto Cano, advierte que “las personas que denuncian son alrededor del 10%” por lo que la información que obtenga la Fiscalía “no es suficiente para conocer realmente la envergadura del asunto”.
La colaboración de la Iglesia
Tamarit recuerda que las conclusiones de su proyecto de investigación, en el que han trabajado durante cuatro años tres equipos de la UOC, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco, incluyen la recomendación de que las instituciones públicas adopten iniciativas dirigidas a “conocer los hechos, dar voz a las víctimas y establecer mecanismos de reparación basados en la justicia restaurativa”.
No obstante, este experto sostiene que también debe exigirse a la Iglesia católica que colabore “poniendo sus archivos a disposición de los investigadores”. “Esto es lo que ha ocurrido en Alemania, Francia y Estados Unidos y ha permitido tener un conocimiento de la dimensión y la naturaleza del problema que en España no se ha podido tener hasta el momento”, afirma. Tamarit lamenta que la Conferencia Episcopal Española haya perdido la oportunidad de tener la iniciativa y liderar el proceso, pero explica que la experiencia de otros países muestra que cuando la iniciativa ha sido de las instituciones públicas la Iglesia ha acabado participando y no se ha quedado atrás. “Esto fue lo que sucedió en Bélgica, donde tras la actuación de una comisión parlamentaria y por decisión del Parlamento federal y de la Conferencia de obispos se creó un órgano temporal, el Centro de arbitraje, que dio respuesta a los casos de delitos prescritos. Las víctimas pudieron participar y obtener indemnizaciones que pagó la Iglesia”, subraya.
La Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer una investigación independiente, pero se ha cerrado en banda y ha puesto al Estado en esta encrucijada
Aquí, indica Emiliano Álvarez Delgado, “la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer una investigación independiente, pero se ha cerrado en banda y ha puesto al Estado en esta encrucijada”. Este hombre, que es víctima de abusos en La Bañeza, reclama que la institución “colabore” y al Estado que “haga su trabajo” y “proteja” a las víctimas, en lo que considera “un punto de inflexión para combatir la pederastia en España”. El secretario general de la CEE, el obispo Luis Argüello, señaló la semana pasada que la comisión parlamentaria que se había puesto en marcha supone “una trampa saducea” y que “si hubiera una verdadera preocupación por las víctimas se tendrían en cuenta todas las realidades de los abusos en España”. Una tesis que comparte el PP, cuyo líder, Pablo Casado, argumentó que si el Congreso es competente para realizar estas investigaciones, debería hacerlo en todos los casos.
“Parece que la CEE cree que se debería abrir la investigación a toda la sociedad, pero estamos hablando ahora de la Iglesia y durante muchos años, durante la dictadura, en la transición, en la democracia y hoy, todavía existen casos, tanto por parte de sacerdotes como por órdenes religiosas”, indica el presidente de la asociación de víctimas de la Iglesia en Navarra, Jesús Zudaire, que muestra sus dudas sobre las últimas iniciativas. “Somos un poco reticentes sobre si servirá o no. Hay que esperar a ver qué queda en el Parlamento”, indica.
Más formación
Los expertos consultados sostienen que si realmente se quieren investigar con garantías las agresiones y abusos sexuales a menores de edad cometidas durante décadas en instituciones religiosas también deben cambiar muchas cosas en la Policía, los juzgados y la propia institución católica. Según el estudio elaborado conjuntamente por las citadas tres universidades, la mitad de las personas que notificaron su caso a las autoridades tuvieron una mala experiencia tras dar el paso.
“Hace falta más especialización y formación para policías, fiscales y jueces. Sólo de esa forma se podrá evitar la revictimización que sienten muchos denunciantes a los que se llega incluso a cuestionar por no haberlo contado antes”, afirma la abogada Leticia de la Hoz. Tamarit admite que este es un problema que no solo afecta a esta clase de víctimas y sostiene que exige reformas institucionales, aunque sobre todo “un cambio de actitud por parte de los profesionales que tienen contacto con las víctimas, para que conozcan plenamente sus derechos y puedan dar respuesta a sus necesidades”.
Este experto afirma que, en lo que atañe a la Iglesia, ha sido “muy doloroso” para muchas víctimas la falta de empatía y responsabilización, una actitud de negación e incluso de culpabilizarles de los abusos que han sufrido. “Algunas víctimas esperan una respuesta de la Iglesia que les permita recobrar su confianza en la institución y, lo que para ellas es más importante, su vida espiritual que resultó profundamente dañada por la experiencia de haber sido abusadas por un representante de Dios”, sentencia.