Las 105 víctimas del franquismo que han sido exhumadas gracias a Argentina
La justicia argentina ha pedido cuatro veces a España que abra fosas comunes de Franco y en tres ocasiones la respuesta ha sido negativa. El único caso que ha sido aceptado es el de Timoteo Mendieta en Guadalajara y ha permitido recuperar los restos óseos de otras 50 personas mientras se buscaba a Mendieta.
La justicia española sin embargo ha devuelto tres exhortos del país austral: el de una petición que España ha clasificado de “confidencial” para exhumar en el Valle de los Caídos, la del represaliado Cipriano Martos, obligado a beber ácido, en Cataluña, y el de la mayor fosa común de Baleares.
Pese a la negativa de los juzgados españoles, la conocida como “fosa de Mallorca” sí salió adelante excepcionalmente, gracias a la colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Porreres y asociaciones de Memoria Histórica, que sortearon la sentencia contraria de la justicia y lograron sacar de la tierra a 55 ejecutados por el franquismo. En total, directa e indirectamente, Argentina tiene el mérito de haber logrado desenterrar 105 cuerpos de víctimas de Franco.
¿Por qué Argentina pide y España niega? Las peticiones de intervenir en fosas del franquismo parten de las denuncias por desaparición forzada incluidas en la denominada querella argentina. De ahí, la jueza María Servini de Cubría, que lleva el caso de la querella argentina, remite desde Buenos Aires el requerimiento a jueces españoles que han dado un “no” por respuesta en tres de estos cuatro casos.
La diferencia fundamental entre uno y otro país es la calificación de los crímenes de Franco. Para España son delitos comunes. Para Argentina se trata de crímenes por genocidio y lesa humanidad. ¿Qué motivos alegan los juzgados españoles para no atender los exhortos argentinos? Aplican la Ley de Amnistía, alegan que los crímenes han prescrito o inciden en que los hechos que se intentan investigar competen a la justicia española. Esas son las tres fundamentaciones principales de las comunicaciones denegatorias.
La misma interpretación que subraya la Fiscalía General del Estado en la circular enviada a las sedes judiciales como guía para que los fiscales provinciales puedan negar el auxilio judicial y torpedear la investigación del franquismo que lleva a cabo Argentina. Esta orden interna del Ministerio Público acusaba a Servini de un interés “ajeno” a la justicia y recordaba la causa contra el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por actuar como ella.
Del otro lado, Servini señala la imprescriptibilidad de las violaciones de los derechos humanos. Y de esta “forma diferente de plantear los hechos” llega el bloqueo de España, advierte Ana Messuti, abogada de la querella argentina.
Como ejemplo de la interpretación dispar, el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus (Tarragona) dice que la razón de no ejecución y devolución del exhorto que pedía la exhumación de Cipriano Martos “es que no se aprecia relación alguna entre el auto judicial y la narración de los hechos”, afirma Messuti. Es decir, lo que para Argentina “es una sola causa de crímenes contra la humanidad” para España son “casos concretos”, comunes, y esto invalida la petición.
“Uno de los huesos” de Timoteo Mendieta
Con estas tres negativas (aunque el caso Mallorca se acabara resolviendo por otra vía), solo hay un caso bajo tutela internacional, el de Timoteo Mendieta. Un juzgado de Guadalajara (Castilla-La Mancha) recogía el guante del exhorto argentino y la exhumación se llevaba a cabo en enero de 2016 en el cementerio local y rescató a 22 desaparecidos forzados en presencia de Ascensión Mendieta, hija de Timoteo y querellante en la causa contra los crímenes del franquismo.
Pero ninguno de los huesos pertenecía al padre de Ascensión, según el resultado de las muestras genéticas. La nueva oportunidad llegó en mayo de 2017 después de que el Juzgado número 1 de Guadalajara atendiera otro exhorto dictado por la jueza Servini y remitido por el Ministerio de Justicia español. La intervención del equipo arqueológico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha exhumado a otros 28 represaliados por el franquismo (cuatro de ellos en enterramientos individuales) sumando un total de 50 víctimas asociadas al 'caso Mendieta' y que ha tenido un efecto llamada para otras 15 familias.
Ascensión “sabe que ha sido asesinado, también sabe dónde se encuentran sus restos, pero nunca ha podido darle la sepultura que todo ser humano merece”, resume Ana Messuti como paradigma del olvido español a las víctimas del franquismo. Recuerda además un momento clave que propició que Argentina iniciara las peticiones de exhumación de fosas en España cuando Asunción Mendieta viajó a Buenos Aires con casi 90 años, “tomó la palabra” ante la jueza Servini y le pidió “sólo una cosa”: que le ayudara a encontrar “los restos de su padre” para, a su muerte, “llevarse consigo uno de los huesos”.
Martos, el último desaparecido del franquismo
En la solicitud de exhumación en el Valle de los Caídos, la petición a través de la querella argentina fue rechazada y quedó casi silenciada por la “obligación de confidencialidad” del caso, según han relatado las fuentes consultadas por eldiario.es. No trascendió la identidad de la persona buscada ni del querellante.
Del otro caso rechazado sí se saben nombre y apellidos. Y cómo fue asesinado: Cipriano Martos, obligado a beber ácido en un cuartel de la Guardia Civil. Corría el año 1973 cuando fue detenido y torturado por repartir propaganda antifranquista. Luego le dieron el 'cóctel de la verdad'. Murió a los pocos días y quedó enterrado en una fosa de beneficencia en el cementerio de Reus (Tarragona). Es el último desaparecido del franquismo.
La familia Martos, emigrantes andaluces de Huétor Tájar (Granada), participan como querellantes en la única causa que juzga los crímenes del franquismo, en el país austral. De ahí, y en una petición de la jueza Servini de Cubría, un juzgado de Sabadell (Barcelona) tomó declaración a Antonio, el hermano de Cipriano. Un magistrado recogió el guante de la toma de declaraciones indagatorias, pero otro rechazó la búsqueda de los restos de Cipriano.
“Lo cogieron en la calle porque tenía un carnet clandestino del Partido Comunista de España Marxista-Leninista”, recuerda su hermano Antonio. Militó también en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). “Prefería pasar hambre antes que ver a otra persona pasarla”, refiere para escenificar el “compromiso” social de Cipriano. “Hasta que cayó en sus manos”, repite. Desde entonces quiere ofrecer a su hermano una digna sepultura. “Quiero que se haga justicia, claro, pero más saber la pura verdad de lo que hicieron con él, que se abra la tierra y sacar los restos”.
La “fosa de Mallorca”, la mayor de Baleares
“El caso de Cipriano es muy importante”, dice Ana Messuti. Por sus características: el tipo de asesinato y la época, en los estertores del régimen de Franco. Y porque, a diferencia del juez de Guadalajara “que da cumplimiento al tratado internacional”, el Juzgado de Instrucción número 4 de Reus “no aceptó el exhorto remitido desde la justicia argentina”. La asociación Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els crims del franquisme critica “la posición de los jueces” que se escudan en el mandato de la Fiscalía.
El exhorto argentino para abrir la mayor fosa común que la guerra civil española dejó en Baleares tampoco fue atendido por la justicia española. Pero la exhumación fue posible por la implicación del Govern Balear, el Ayuntamiento de Porreres, la Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que realizó la intervención arqueológica.
El primer proceso rescató del cementerio de Porreres los restos óseos de 55 personas –a finales del año 2016– y una segunda intervención espera elevar la cifra a alrededor de 120 víctimas. Al enterramiento ilegal se le conoce como la “fosa de Mallorca” porque los golpistas arrojaron allí a ejecutados de unos 30 pueblos. El colectivo Memòria de Mallorca interpuso además una denuncia penal por delitos de lesa humanidad (ante el Decanato de los juzgados de instrucción de Manacor) por aquellos asesinatos ocurridos entre 1936 y 1937 en el oratorio de la Creu de Porreres.
