Manuel Lapeña ya no podrá ver cómo los restos de su padre y de su tío abandonan el Valle de los Caídos, donde fueron enterrados junto a su verdugo hace más de medio siglo. Ha fallecido este domingo a los 97 años en Zaragoza, a la espera de un empeño al que dedicó toda su vida y que ya nunca va a llegar para él. Tanto Manuel, con quien compartía nombre, como Ramiro, fueron fusilados al inicio de la Guerra Civil y trasladados sin autorización familiar al mayor monumento erigido para exaltar la memoria de Franco. Una sentencia pionera en España les reconoció el derecho a la exhumación. Ocurrió en 2016, hace ya cinco años. El fallo hablaba de “entrega inmediata”, pero Manuel se ha muerto sin que el Estado lo cumpla.
“Nos hemos hartado de decir que el tiempo se acababa, y en su caso así ha sido”, resume Silvia Navarro, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos poco después de salir de la ceremonia íntima en la que ha sido enterrado este martes. Otros casi 70 hijos e hijas de represaliados siguen esperando, casi todos mayores de 80 años, algunos cercanos a los 100, como Manuel, que tenía 14 años cuando murió su padre. “Sabemos que están trabajando pero necesitamos que pongan el pie en el acelerador”, explica Navarro, que busca junto a su madre los restos de su tío abuelo.
En los últimos meses se han dado varios pasos para abrir las criptas de Cuelgamuros, una operación que el pasado junio Carmen Calvo dijo que se haría “próximamente”. Entonces el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial aprobó el trámite y a principios del pasado agosto el Ministerio de la Presidencia nombró a la comisión de expertos forenses que abordarán las exhumaciones. Sin embargo los familiares están “cansados” de escuchar que se hará. “En el grupo que tenemos la noticia de la muerte de Manuel ha provocado tristeza y enfado. Son muchos años ya batallando”, dice Navarro.
El departamento dirigido por Félix Bolaños no ha respondido a las preguntas de este medio sobre el horizonte temporal que maneja para iniciar los trabajos, pero fue ya hace casi dos años cuando Patrimonio Nacional autorizó las primeras exhumaciones. Eso en un momento en el que el organismo, responsable de la gestión del Valle, atraviesa una época de inestabilidad y acumula cuatro presidentes y cinco gerentes en cinco años.
Una inyección de esperanza
La batalla de Manuel Lapeña y sus hijos, que seguirán ahora con el mismo objetivo que tenía su padre, no fue la primera, pero sí marcó un antes y un después. La sentencia que lograron, algo que intentaron sin éxito otros familiares de víctimas, sentó un precedente y fue una bocanada de aire y esperanza para ellas debido a que era un tribunal el que estaba reconociendo el derecho de un familia a recibir los restos de los enterrados. El fallo sirvió además para visibilizar su lucha, pero comenzó entonces un laberinto plagado de obstáculos que aún no ha terminado para ninguna.
Ya en los últimos meses Manuel había perdido algunas facultades mentales. Seguía esperando y recordando a su padre, pero también decía que estaba muy cansado, cuenta Navarro. “Tuvo tanta ilusión en 2016... Pensó que le iban a entregar los restos, nunca se imaginó que fueran a pasar seis años sin ejecutar la sentencia”. Debido a su edad avanzada, ya los últimos años no acudía, pero fue uno de los asiduos cada 14 de abril, día en el que se conmemora la II República, a los actos que se celebran en el Barranco de la Bartolina de Calatayud, lugar de fusilamientos masivos y donde se cree que lo fue su padre, recuerda su compañera.
Manuel era el veterinario del pueblo zaragozano de Villarroya de la Sierra y había participado en la fundación de la CNT en la localidad. En 1936 fue a buscarle la Guardia Civil y la Falange, contaba su hija Purificación en esta entrevista con elDiario.es. “Estuvo dos días preso, se lo llevaron en un camión y lo asesinaron en 1936. El cura lo delató en un listado luego para dar forma legal al asesinato: declaró el médico, el alcalde, el maestro y el cura. Llamaron a tres testigos del pueblo obligados... Se dice en la denuncia que fue culpable de los males de la juventud y que era un cretino”, contaba. Ramiro, por su parte, era herrero, y aunque viendo lo que le ocurrió a su hermano huyó, acabó entregándose porque le aseguraron falsamente que no le ocurriría nada.
Ambos son dos de los 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados, que descansan en el Valle de los Caídos, a donde se cree que fueron trasladados a finales de los años 50. Todos son víctimas de la Guerra Civil (tanto del bando nacional como republicano) y de la dictadura, pero muchos de los republicanos fueron trasladados allí sin consentimiento de sus familiares y permanecieron más de 40 años enterrados junto a Franco, cuya momia fue llevada al cementerio de Mingorrubio en octubre de 2019. El dictador salió mientras las víctimas aún esperan. Para Manuel ya es tarde.