Victoria Rosell: “Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando”

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, lleva una semana achicando agua del barco de la ley del 'solo sí es sí', uno de los proyectos estrella de la legislatura del Ministerio de Igualdad. Durante la entrevista, celebrada en la redaccción de elDiario.es este viernes, Rosell defiende la ley y se muestra segura de que el Tribunal Supremo confirmará que las condenas de los delincuentes sexuales no se deben rebajar de forma retroactiva y generalizada por el efecto de la última reforma del Código Penal. No cree que sea necesario introducir ninguna reforma ni ninguna disposición transitoria ante lo que considera que son resoluciones judiciales contradictorias y, en algunos casos, también erróneas. Y va rebajando el tono sobre las acusaciones de machismo generalizado a los jueces que vertieron en un primer momento algunos compañeros de partido, y que motivaron quejas contra Podemos de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación donde la propia Rosell ejerció de portavoz. A la hora de hacer autocrítica, admite que puede haber faltado “pedagogía” sobre esta norma y reconoce que es un problema tener que hacerla ahora para responder a “bulos y fake news”.

¿Se esperaban la polémica que se está produciendo con la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ y las rebajas retroactivas que se están produciendo en el caso de algunos delincuentes sexuales?

La previsión estuvo durante toda la tramitación de la ley. Se puso encima de la mesa la necesidad de que no hubiera revisiones a la baja que resultaran desproporcionadas, perjudiciales para las víctimas o alarmantes. En cuanto a la polémica, personalmente me ha extrañado un poco que suelen venir, sobre todo las que están inflamadas –las que se forma un suflé que se desarma en una semana pero pueden contribuir a crear mucha inseguridad en las mujeres y en el sistema–, de un lado de la sociedad y los medios, y esta vez han logrado establecerla a lo largo y ancho de todo el país hasta que hemos pedido calma y explicado, desde el presidente del Gobierno hasta nosotras mismas, por qué ahora es el momento de la respuesta judicial, a ser posible con unidad de criterio para no crear más inseguridad.

Los distintos tribunales territoriales están solucionando casos en sentidos distintos. ¿Se está creando inseguridad jurídica?

El mismo artículo de la Constitución que consagra la irretroactivdad de las leyes penales desfavorables consagra el principio de seguridad jurídica y es muy importante en un Estado de derecho. Es indeseable que haya criterios distintos y resoluciones distintas para casos similares.

La jurisdicción lo que hace es examinar caso por caso, y ninguno es igual. Para compararlos hay que usar un pincel fino y no una brocha gorda. Pero normalmente no tienen esta publicidad, no se ponen micrófonos a cualquier abogado como el de ‘la manada’ de Pamplona, que es una voz muy parcial y no es una voz experta. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad porque el Tribunal Supremo sugirió que a los violadores grupales de Pamplona les faltaba pena. Se les había condenado por su violación pero no por la participación en la de los otros cuatro.

Ni la Fiscalía General del Estado todavía ha sacado un criterio unificador para el derecho transitorio ni lo ha hecho el Tribunal Supremo. Nosotras, el Gobierno y Justicia estamos convencidas de que hay un cuerpo de derecho transitorio más que suficiente a lo largo de todos estos años y una jurisprudencia consolidada y estamos seguras de que será finalmente lo que se aplique.

¿Era necesaria la disposición transitoria que algunos expertos identifican como el problema que originó estas rebajas de condenas? ¿Se puede aplicar la que ya existe de reformas anteriores?

Se está hablando de que no hay una disposición transitoria. Si buscan en el BOE consolidado del actual Código Penal español y se van al final, antes de las disposiciones finales hay una transitoria, la quinta, que sigue ahí vigente.

Hay una jurisprudencia consolidada a lo largo de todas las transitorias. Porque también hay disposiciones transitorias muy temporales para una reforma en concreto y hay disposiciones transitorias que son parte del cuerpo doctrinal y jurisprudencial. Y esta, afortunadamente, ya está muy clara. Si la pena que has impuesto en sentencia firme cabe en la siguiente legislación, no se revisa. Con la salvedad de una sentencia de 2013 que dice que se puede matizar y ver las circunstancias individualizadas.

Los juristas estamos muy acostumbrados a hacer este calculo técnico. Técnico, que no automático. Siempre ha habido discordancia en primeras interpretaciones. Porque esto se está interpretando en primera instancia aunque sea una audiencia, que fue quien condenó. Sí que hay casos que crean bastantes más indicios de ser erróneos, de obedecer a un error en la interpretación de la ley y con muchas posibilidades de ser revocados.

¿Qué error están cometiendo los tribunales que están fallando en ese sentido?

Yo no puedo hablar de errores judiciales sin que se haya pronunciado [el Tribunal Supremo], hay que poner calma en este debate. Tampoco puede un juez decir: “Yo lo he hecho perfecto, he aplicado la ley sin ningún tipo de duda”. No sin ningún tipo de duda, porque lo has hecho de manera contraria a tu vecino de partido judicial. Las disposiciones transitorias tienen la ventaja de que llevan décadas con su cuerpo doctrinal y jurisprudencial y se aplican por igual en toda España.

Ni los jueces pueden presumir de infalibilidad ni nosotras señalar una sentencia concreta y decir cuál es el error. Pero de forma generalizada, por las que estamos leyendo, afectan sobre todo lamentablemente a delitos de abuso, porque el abuso desaparece [en la reforma del Código Penal] pero no porque desaparezca, sino porque es un solo delito junto con la agresión. Hay que leer todo el esquema. Yo ya era jueza cuando cambió el sistema de delitos contra la libertad sexual en el Código de 1995 y no era estudiar distintas penas y distintos artículos, era cambiar el esquema y ahora hemos mejorado notablemente este.

Hay cambios en el acoso, el stalking, hay inhabilitación de patria potestad para agresores sexuales cuando las víctimas son menores, está el impedir acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena, que solo estaba previsto para violencia de género… hay muchos cambios. Pero el más paradigmático puede que sea que cualquier acto sexual sin consentimiento, como nos decía el Convenio de Estambul y reclamaba el movimiento feminista y el feminismo jurídico, es ya agresión y apartamos todo ese término de abuso que trataba a las mujeres y niños y niñas víctimas mayoritarias como objetos de derechos más que como sujetos de derecho.

¿Ha fallado algo en la redacción de la ley? ¿Ha habido algún error en la elaboración, falta de tiempo?

Me parece que la crítica de que ha faltado tiempo tiene que proceder, para no presumir mala fe, de la ignorancia. Esta ley se estaba trabajando desde 2018. Cuando accedemos al Gobierno está hecho el trabajo de las catedráticas de Derecho Penal y empezamos ya la elaboración del texto como anteproyecto de ley con los primeros borradores. Estamos hablando de marzo de 2020, hace dos años y medio, fue al Consejo de Ministros en primera vuelta. Después fueron todos los informes de órganos constitucionales, Consejo del Poder Judicial… y abro paréntesis: no dijo que no bajáramos los mínimos.

Eso no lo dijo nadie.

¡Nadie! Ni Consejo Fiscal, ni Consejo del Poder Judicial, ni Consejo Económico y Social ni Consejo de Estado, ni toda la parte de participación ciudadana en la que participa gente que te manda un email, sobre todo participan personas con interés y con conocimiento, muchas abogadas feministas y mucha sociedad civil. Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando en algunos casos creando bastante inseguridad jurídica.

Creemos que nadie lo advirtió porque los mayores expertos creen que el sistema transitorio está bastante consolidado y que no se iban a dar estos casos, pero en todo caso que se corregirán en la vía judicial y no gubernativa, que es en la que tienen que corregirse. Nadie advirtió este riesgo porque creemos que obedece a una interpretación inicial del texto que se irá consolidando en otro sentido y, desde luego, lo que tienen que hacer seguro es unificar criterio.

Esta es una reforma que afecta a 16 leyes. Y desde Igualdad se ha defendido que no es una ley punitivista. ¿Ha faltado algo de pedagogía sobre esta ley?

Probablemente nos falte pedagogía porque estamos cambiando muchas cosas muy importantes que llevaban fallando muchos años. Pero ese sistema no está solo asentado en el ordenamiento jurídico, está asentado en la ciudadanía. Yo querría recordar las resistencias que tuvo la ley de protección contra la violencia de género, que no solo fue discutidísima sino que cuando llega a los despachos judiciales ocasiona que más de cien jueces planteen cuestiones de inconstitucionalidad, diciendo que discriminaba a los hombres.

Lo que sí es que hay más atención mediática, 2004 no es 2022 a efectos de redes sociales. Unas críticas muy exacerbadas al Gobierno y un movimiento reaccionario mundial, global, contra el feminismo. Contra el feminismo como movimiento plenamente democratizador. Todos estos factores han confluido pero también puedo asumir perfectamente la autocrítica de la pedagogía. Ahora estamos saliendo a explicar pero de manera reactiva frente a bulos o fakes. Creo que los pronunciamientos sin calma y sin reflexión de todos los actores políticos, e incluyo al CGPJ y las asociaciones de jueces que han salido precipitadamente a atacar a la ministra pidiendo su dimisión y el CGPJ defendiendo a capa y espada... ¿Y si luego esto es erróneo? ¿El Supremo se va a sentir plenamente libre de decir que estas primeras sentencias o autos que tanto defendisteis no estaban aplicando nuestro cuerpo jurisprudencial?

Yo espero que haya una norma interpretativa, un criterio interpretativo general por parte de la Fiscalía General y estoy convencida de que el Tribunal Supremo mantendrá su jurisprudencia y tendremos una consolidada más temprano que tarde por la alarma social. Ahora, también me gustaría pedir que la parte de la ley que más se debería conocer tampoco se está conociendo y eso no puede ser todo culpa del Consejo de Ministros ni del Parlamento. Esa reacción contra el feminismo está jugando contra la información que se está dando, no hay buena información, de calidad, yo normalmente no tengo estos espacios donde exponer con tranquilidad y rigor qué significa esta reforma, creo que es la primera vez que me graba alguien diciendo los cambios en el acoso, la patria potestad, el tercer grado… Si esto no les da seguridad a las mujeres es que nada se la da, y esto no está en los medios, no está en la opinión pública y debería estar.

El Supremo dictará su primera sentencia sobre este asunto y la Fiscalía se ha pronunciado en contra de revisar la condena de este violador. ¿Tiene Igualdad un ‘plan B’?

No. En un Estado social y democrático con división de poderes, si hubiera al final del camino una jurisprudencia que consideráramos que no interpreta correctamente la ley desde luego no corresponde al Gobierno ni siquiera tomar alguna medida… pero yo estoy convencida de que eso no va a pasar. El Supremo va a mantener su constante y consolidadísima jurisprudencia y por el camino lo que estamos viendo son sentencias de primera instancia contradictorias con un código no asentado.

Yo llamaría a la calma. Entiendo que alarmen y más cuanto más se infle el 'souflé' y más intencionada sea la dirección comunicativa, pero pienso que esto se va a llevar con cierta normalidad. Ojalá no queden muchas víctimas por el camino, ojalá esas sentencias si cometen algún error a la baja no supongan la puesta en libertad de alguien que no ha cumplido su tratamiento penitenciario y no esté preparado para salir y pueda reincidir como consecuencia de estos fallos judiciales si se corrigen.

La fase de revisión dura poco, tres o cuatro semanas, todos los órganos judiciales intentan acomodar las sentencias que están ejecutando y solo se revisan las que se están ejecutando. No tiene que haber un ‘plan B’ cuando ya hay una buena norma que da buenos derechos, que tiene un acervo de disposiciones transitorias detrás y veremos que el Estado está a la altura, el Poder Judicial finalmente va a unificar criterio y va a corregir estos pequeñas fallos que pueda haber en el inicio del camino de una norma.

El mundo judicial no ha recibido bien las críticas de machismo emitidas desde Igualdad a algunos jueces que han tomado estas decisiones. Algunas de estas reacciones vienen de su asociación, Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Cómo las ha recibido?

Pertenezco a Jueces para la Democracia y a la Asociación de Mujeres Juezas, que ha hecho un comunicado apelando a la calma con una visión a largo plazo. Tampoco creo que sea adecuado que la asociación conservadora, la Profesional de la Magistratura, pida la dimisión de una ministra por unas manifestaciones.

Yo no he oído, porque no lo han dicho, a nadie de Igualdad generalizar y decir que todos los jueces son machistas. Esto se lo he oído a comentaristas y tertulianos que han querido exacerbar esta crítica para después a su vez descalificar a quien la había pronunciado. Nosotras no hemos generalizado pero la ONU, tanto la relatora especial como la recomendación del CEDAW, nos advierte de que los prejuicios y estereotipos de la Justicia suponen una forma de discriminación de las mujeres, niños y niñas que en este tipo de delitos crean una revictimización, eres víctima del delito y víctima del proceso. Y esta falta de formación judicial o este machismo judicial, estos prejuicios y estereotipos machistas abonaban la cultura de la impunidad. Esto son palabras preocupantes.

Es verdad que la ministra de Igualdad se hizo eco de esto, lo relacionó con algunas de las primeras interpretaciones, primeras críticas furibundas que tampoco se había leído el texto completo. Pero nuestra intención es decir que hay que formarse, especializarse y que hay que actualizarse, no criticar al Poder Judicial en su conjunto. Todos los sectores jurídicos ponen en valor la especialización y formación constante.

La ministra no tuvo tiempo de exponer todo esto delante de las cámaras de elDiario.es y hacer esta reflexión y habló de que uno de los problemas detectados por la ONU, por el feminismo y por todo el feminismo jurídico son los estereotipos machistas de la Justicia. Dicho con calma, creo que es absurdo negar la evidencia de que esto existe. No podemos decir que todos los jueces son machistas ni negar la evidencia de que hay machismo en la sociedad y en la carrera judicial, solo que en la carrera judicial ha sido objeto de pronunciamientos de la ONU.

¿Cómo valora que varias audiencias provinciales hayan decidido iniciar estos procedimientos de oficio?

Me alegro de que me preguntes eso, porque he visto que ha levantado suspicacias cuando no sospechas o críticas un poco desde mi punto de vista exageradas. Yo como magistrada, y cualquier audiencia provincial, ante un cambio legal si estás en fase de ejecución sí que es correcto dar traslado a las partes diciendo que hay un nuevo Código Penal, informe del Ministerio Fiscal, la acusación, la defensa y la víctima… que he visto pocos traslados a las víctimas. Que también tienen sus derechos a conocer cualquier decisión que les afecte, espero que esto también se corrija y que se interprete poniendo a las víctimas en el centro sin restar ningún derecho constitucional a los acusados y condenados. Pero es lógico dar traslado a las partes para decidir en pocas semanas sobre esta posibilidad de revisión a la baja.

¿Se ha quedado solo Podemos defendiendo esta ley hasta que el resto del Gobierno se ha sumado a la consigna de esperar al Supremo?

Yo entendí perfectamente que a la ministra que pillaron en otro acto y en seguida con un micrófono en la mano… dijo: “Lo estudiaremos”. A mí si me preguntan sobre agricultura o algo que no es desde luego de mi competencia inmediata pero estoy haciendo unas declaraciones en nombre del Gobierno también diría: “Lo estudiaremos”.

Si de ahí alguien saca que hay que cambiar una norma… yo creo que ha sido un poco exagerada la polémica dentro del Gobierno. Ya pasados un par de días, yo estoy muy acostumbrada a dar la cara por lo que es mío y lo que no es mío si son cosas en las que creo. Al creer yo en esta ley y en esta acción de gobierno feminista, aunque no hayamos sido las autoras de la medida más debatida, se defiende. Y yo siempre he dado la cara por las cosas en las que creo y creo que el equipo del Ministerio de Igualdad se puede caracterizar por esto.

¿Qué opinión le merece la razón del PP de condicionar la renovación del CGPJ a la eliminación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia? ¿Cree que el objetivo era que usted se quedara fuera del Consejo?

Es tremendamente preocupante. Excusa tras excusa, incluso mirar las excusas es un poco mirar el dedo que señala a la luna porque lo que hay es un gravísimo problema de bloqueo antidemocrático e incumplimiento de la Constitución por parte del PP enrocado dentro del CGPJ. El Consejo está muy tocado institucionalmente por culpa de este bloqueo del PP igual que lo está el Tribunal Constitucional. Se han creído los dueños de las instituciones pero tienen que pensar en el daño constitucional e institucional que están causando a este país porque es de lo más grave que ha pasado en democracia. No pueden creer que las instituciones son suyas y si pierden democráticamente las elecciones enquistarse dentro.

No puede ser por haber estado en política, se contradice con sus propios actos como otros muchos magistrados. También por la misma razón que José Ricardo de Prada, mucho más humilde, que es haber conseguido meter en la cárcel a un juez corrupto y haber desvelado una trama de corrupción que giraba en torno a un exministro corrupto del PP en Canarias como fue José Manuel Soria.

¿Había miedo de que el grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja se dividiera a la hora de votar un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo en el que no estuviera usted como candidata a vocal?

Yo no sé si eso se llegó a plantear. Por una cuestión de principios, cuando estás en el núcleo de lo que el PP quiere que sea el debate, que quería que fuera sobre mi persona y no sobre su bloqueo antidemocrático, yo no formo parte ya de esas negociaciones. Yo no creo que hubiéramos llegado al punto de dividir el voto en el grupo parlamentario. Lo que yo sé, y me fio de todos los portavoces, es que se me dijo que no se me había dejado caer en ningún momento, se me defendió siempre y no como persona sino frente al veto y lo que significaba.

¿Qué nos están diciendo, que la actividad política es menos digna que proceder de una abogacía de empresa, de un gran despacho de abogados? ¿De verdad vamos a comprarle a la ultraderecha el marco de que la política es una actividad denigrante para una carrera jurídica?

Haber estado en política unos años siendo delegada del Gobierno no puede ser, y de hecho no es, mi peor tarjeta de presentación y si es así creo que quien tiene un problema es quien pone este veto por delante, porque está haciendo un daño tremendo a la institución que ellos siempre han dominado y quieren seguir dominando.

Vídeo: Nando Ochando y Xabi González