Cuestionar la violencia machista o negar la homofobia: los derechos que pueden poner en juego los 52 diputados de Vox
La extrema derecha, que carga sin tapujos contra el feminismo y las leyes LGTBI, propone sacar el aborto de la sanidad pública y habla de la “familia natural”, es tercera fuerza en España. Vox se ha disparado en las elecciones de este domingo y ha logrado escalar de los 24 diputados que consiguió en abril hasta los 52. 3,6 millones de votos que pueden traducirse en retrocesos en materia de igualdad y LGTBI. No en vano Santiago Abascal prometió en la celebración de los resultados recurrir “las leyes liberticidas” y enfrentarse a la “dictadura progre” en una clara alusión a este tipo de asuntos.
No son solo declaraciones. Sus ideas cristalizan en su programa electoral y han intentado introducir muchas de ellas en las comunidades autónomas en las que han prestado su apoyo a gobiernos de derechas como Murcia, Madrid o Andalucía. La violencia de género, el feminismo y las leyes LGTBI concentran la mayor parte de sus críticas y sus representantes aluden en cada intervención al discurso de “la ideología de género”, con el que pretenden instaurar una especie de pánico moral ante los avances de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI.
Habrá que esperar a ver el margen de maniobra con el que cuentan los 52 diputados de Vox que entran al Congreso, pero sus ataques y propuestas condicionarán el debate y el transcurso de la actividad parlamentaria. Entre otras cosas, la formación lleva en su programa la derogación de la Ley contra la Violencia de Género y su sustitución por una ley de violencia intrafamiliar, sacar el aborto o las operaciones de “cambio de género” de la sanidad pública, “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural” o proteger “la familia natural”.
Sus representantes se declaran “en contra de la ideología LGTBI”, que “no representa a los gays”, aluden a que el Estado “no tiene por qué meterse en la cama de la gente” y consideran que el matrimonio entre parejas del mismo sexo “es una unión civil”. Rocío Monasterio comparó las charlas de educación en diversidad afectivo sexual con la “zoofilia” o la “parafilia” y Javier Ortega Smith ha espetado recientemente que la violencia machista “no existe” y se trata de “una invención política”. Frente a ello, pretenden imponer el concepto de violencia intrafamiliar con el objetivo de diluir la especificidad de la violencia de género, que en lo que va de año acumula 51 mujeres asesinadas.
Lo que está pendiente
Con sus 52 diputados, Vox se ha garantizado entrar en la Mesa del Congreso y poder recurrir leyes. Abascal no ha especificado un día después de los comicios a cuáles se refiere y ha asegurado que está “a la expectativa” de las que tramitará la Cámara Baja. La de violencia de género y la del matrimonio igualitario ya han sido avaladas por el Tribunal Constitucional y la del aborto está pendiente tras el recurso del Partido Popular.
Lo que está claro es que el partido de extrema derecha tendrá más presencia en las comisiones parlamentarias, en las que en la práctica se elaboran y se discuten las leyes que se presentan como proposiciones de ley por parte de los diferentes grupos. Y en concreto, tres que tienen muchas posibilidades de volver al Congreso: la ley LGTBI, la ley trans y la reforma de la Ley de Identidad de Género, que pretenden eliminar los requisitos médicos para que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil.
Se trata de normas que despliegan un marco integral de derechos y medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia y que apuestan por generalizar y obligar a la educación en diversidad afectivo sexual en las aulas, que constituye una de las dianas de Vox. Para la formación, esta intención conculca “el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, una mantra que repite sin parar. Ya en Madrid, Andalucía y Murcia han presionado –de momento sin éxito– para derogar artículos de las leyes LGTBI autonómicas referidos a esta cuestión.
Junto a ello, sigue peleando por instaurar el llamado 'pin parental' en algunos de estos territorios, una medida que en la práctica permite a los padres vetar determinados contenidos en las aulas que vayan contra sus planteamientos ideológicos y religiosos, fundamentalmente la educación LGTBI. Algo que las asociaciones en defensa de la educación pública califican de “intromisión” y de “censura”. Por otro lado, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en muchos casos debe desarrollarse con legislación específica, aún está pendiente de muchas medidas y sigue sin devolverse el derecho a las mujeres de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento de sus progenitores, algo que recortó el PP.
Cuestionar las políticas de género
Con la intención de diluir el concepto de violencia de género en un amplio 'violencia intrafamiliar', la formación entró en el parlamento andaluz el pasado mes de diciembre, una comunidad en la que este domingo se ha quedado a las puertas de ser segunda fuerza. Allí ha logrado tras la negociación con Ciudadanos y el PP la aprobación de un teléfono para víctimas de violencia intrafamiliar y, aunque después dio marcha atrás, el Ayuntamiento de El Ejido –gobernado por Vox y los populares– presentó una solicitud para abandonar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).
Su cuestionamiento de las políticas contra la violencia machista ha llegado incluso al intento de boicotear el minuto de silencio convocado el pasado mes de septiembre a las puertas de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, en condena por la última mujer asesinada en la capital. En algunas comunidades, además, la ofensiva de sus diputados autonómicos se ha concretado en la solicitud de los nombres y apellidos de los y las profesionales que dan charlas LGTBI en los colegios –en Madrid y Valencia– o de las trabajadoras de violencia de género, en el caso de Andalucía. Algo a lo que finalmente se han negado los Parlamentos.
También en cuestiones más simbólicas la formación ha dejado entrever su discurso abiertamente homófobo y tránsfobo: durante la celebración del Orgullo LGTBI del pasado mes de junio, sus concejales intentaron en multitud de ayuntamientos retirar las banderas arcoíris que ondearon en muchas de sus fachadas. En Cibeles, de hecho, consiguieron que el alcalde, Martínez-Almeida, la desplazara a un lado y colocara en el centro una bandera de España. Según publicó La Marea, el partido difundió en un argumentario sus ideas contrarias al Orgullo, entre las que mencionaban “escenas sexuales grotescas” o lo calificaban de “moda”.
