Bajas laborales, inactividad y desempleo, tratamientos médicos, servicios psicosociales, instituciones penitenciarias, servicios policiales y de justicia. La de género y la sexual son los tipos de violencia machista más frecuentes en España y sus consecuencias pueden medirse, también, en costes económicos. Un estudio del Ministerio de Igualdad pone sobre la mesa cifras que sirven para ver la magnitud de la violencia desde otra perspectiva: en 2022, solo los costes directos y tangibles de estas violencias rondaron los 5.000 millones de euros, un dato que equivale al 0,37% del PIB. Esa cifra depende de la prevalencia de la violencia pero también del gasto que el Estado hace para atenderla y de los pagos que afrontan las propias víctimas.
De esos 4.933 millones, 4.085 corresponderían a la violencia de género y 848 a la violencia sexual que sucede fuera de la pareja o expareja. Son datos aproximados que proceden de una de las varias metodologías que han utilizado las autoras del informe Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022.
El análisis es complejo. Toma como referencia la prevalencia de la violencia de género y sexual en 2022, por lo que deja fuera los costes a largo plazo (tratamientos médicos, bajas, procesos legales, limitaciones laborales o académicas etc.) que se derivan tanto de los casos de años anteriores como los que se prolonguen más allá de los 12 meses analizados. Cuantifica los costes tangibles, los más inmediatos y que pueden 'medirse' porque tienen un valor de mercado, y que se calculan teniendo en cuenta el desembolso hecho para tratar o prevenir la violencia pero también los costes de oportunidad que suponen, por ejemplo, los salarios que las víctimas pueden dejar de percibir.
“El amplio análisis y las numerosas estimaciones que se han realizado ponen de relieve un resultado que es incuestionable: el elevado precio que la sociedad debe pagar por la existencia de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España. Conocer los costes económicos que producen ambas formas de violencia contra las mujeres y su procedencia ayuda a comprender mejor la magnitud de dichas violencias en términos económicos para las propias mujeres víctimas, sus familiares y allegados, el sector público, las organizaciones, y la sociedad y la economía en general”, reza el estudio, que pretende contribuir también a evaluar prioridades a la hora de asignar recursos. Las autoras indican, por ejemplo, que invertir en más políticas de prevención podría repercutir a futuro en menores costes directos e indirectos.
El 50% de esos 4.933 millones corresponden a los costes legales, el 39% a los laborales, el 9,5% a los sanitarios y apenas un 3,5% a otros costes, entre los que estaría, por ejemplo, la prevención o los traslados de residencia. Sin embargo, esta metodología –la que suma el coste de la violencia de género y sexual– afina menos que otras en, por ejemplo, cuánto gastamos en los centros de atención o en los recursos de urgencia.
Los costes laborales son las pérdidas ocasionadas por las bajas laborales debidas a las lesiones o a las secuelas psicológicas, o las penalizaciones salariales que son consecuencia de los procesos legales o sanitarios que las mujeres tienen que atender. Pero también la inactividad o el desempleo que puede originar la violencia entran en este ámbito. Los sanitarios abarcan las hospitalizaciones, la atención primaria o los costes de los tratamientos psicológicos, también los gastos farmacéuticos. En cuanto a lo legal y policial, el estudio estima el incremento del uso de los servicios públicos en la asistencia jurídica, judicial policial y penitenciaria.
Estos gastos los soporta el Estado, pero también las propias mujeres o sus familias y allegados, las empresas para las que trabajan, en el caso de algunos costes laborales, y también asociaciones del tercer sector.
Costes intangibles
Fuera de esos 5.000 millones quedan los costes intangibles de la violencia de género y de la sexual fuera de la pareja, que el estudio también hace un esfuerzo por cuantificar. “Es complejo establecer un valor, pero no hacerlo implica invisibilizar estos costes y queremos hacerlos visibles”, explica la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá Elena Mañas, una de las directoras del estudio. Este apartado considera el dolor y el sufrimiento de las supervivientes, sus hijos y familias, pero también el de las familias de las mujeres que son asesinadas y les asigna un valor. También incluye las pérdidas de ingresos. Por ejemplo, las ganancias salariales no percibidas de las víctimas mortales.
La estimación más conservadora sobre los costes intangibles provocados por el dolor y el sufrimiento cifra la cantidad en 4.110 millones de euros mientras que la más elevada la sitúa en 6.601 millones. Las pérdida de ingresos oscilarían entre los 23 y los 24 millones de euros.