El Congreso acuerda las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista

Tras seis meses de trabajo, la subcomisión creada en el Congreso para articular un pacto de Estado en materia de violencia de género ha acordado por unanimidad un informe en el que se incluyen 200 medidas para reforzar la protección de las víctimas ante este problema social.

Entre las propuestas presentadas, recogen la dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años. El viernes estas iniciativas se someterán a la aprobación de la comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo o las que quieran que estén más detalladas.

El dictamen que han aprobado se hará público en los próximos días. Entre las medidas que recoge el borrador que han estado debatiendo, al que ha accedido eldiario.es, destaca el reconocimiento de víctimas a las mujeres que no hayan denunciado. La acreditación se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Modificación de la ley local

La reestructuración del sistema de atención social a las mujeres que no han interpuesto denuncia por violencia de género es otra de las iniciativas que se han debatido. Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, así como el cambio de los criterios de acreditación de la condición de víctima para poder acceder a una asistencia social integral.

Los grupos también propusieron la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas.

Educación, un pilar para la prevención

Las medidas que se han debatido a lo largo de la jornada de este lunes se centran en educación, seguridad, justicia, sanidad o aspectos laborales. La educación es una de las prioridades de este borrador, que recoge la prevención de la violencia de género en diferentes ámbitos formativos, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes, pero también contempla su inclusión en administraciones públicas.

Los partidos han decidido que en todos los colegios haya asignaturas obligatorias para hablar de igualdad, y que en las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial se evalúe el contenido de una materia centrada en la violencia de género.

También se ha acordado favorecer la coordinación en el ámbito sanitario para que los profesionales puedan interpretar adecuadamente los síntomas de estas agresiones estructurales. Y se contempla una propuesta para que las calumnias y las injurias en relación a la violencia de género dispongan de penas propias para delitos cometidos en internet, y así no se limite a ser considerado como un delito leve.

Entre las medidas debatidas también plantearon la necesidad de que las universidades se impliquen en la realización de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y abusos sexuales en esos centros educativos. Por su parte, en relación con los medios de comunicación, el borrador recomienda que las campañas publicitarias de prevención “pongan el foco en el maltratador”.

Además, se contempla una desgravación fiscal para quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género y se ha acordado regular la prohibición de las visitas a la cárcel al padre maltratador condenado por parte de los menores en casos de violencia de género.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha calificado este pacto de Estado como “un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país”. Desde Podemos han considerado que es una “buenísima noticia” haber llegado a este dictamen y señalan que “apoyan todas las medidas” que se han recogido. Sin embargo para Ángela Rodríguez, diputada de la formación morada, la decisión aprobada este lunes es “un informe de mínimos” porque “no es suficiente”. Por lo tanto, en el debate de la comisión de Igualdad que se celebrará el viernes presentarán votos particupar para combatir los puntos de los que “adolece”.

“Carece de un enfoque feminista”

Rodríguez ha asegurado que el acuerdo al que han llegado este lunes es un dictamen “descafeinado” porque depende de la “ejecución de los presupuestos” y carece, asegura la representante de Podemos, “de un enfoque feminista”. “Era fundamental que se hablase de violencias machistas y que existiese una ley que ampliase el foco, que haga un tratamiento integral para todas las violencias recogidas en el convenio de Estambul”, apunta Rodríguez.

Según han asegurado fuentes de la formación morada, la propuesta presupuestaria no se ha convertido en una medida concreta porque desde el PP “no lo han facilitado”. La subcomisión ha planteado al Ejectuivo el desembolso de 1.000 millones de euros en cinco años, sin embargo no han conseguido que el Gobierno “se comprometa a especificar” la cantidad dirigida a cada medida.

Por otro lado, desde Podemos también critican que “no se reconozca cómo se va a concretar el tratamiento” a las violencias reconocidas en el Convenio de Estambul. “No se detalla qué va a suceder si el agresor no es la pareja y es un hermano o un desconocido que pasa por la calle”, inciden estas fuentes.

Críticas por la postura del Gobierno

Los grupos de la oposición han criticado que el Gobierno utilizase de “manera partidista” este pacto. La responsable de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Patricia Reyes se ha quejado porque el pasado viernes el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, diese por “cerrado un pacto que no estaba cerrado” y del que todavía quedaban “unos cuantos flecos por cerrar”.

Desde el PSOE también han mostrado “cierto malestar” por la postura adoptada por el ministro de Educación tras el Consejo de Ministros, la diputada Ángeles Álvarez ha asegurado que el PP y el Gobierno han actuado de “manera desleal” y han realizado un “uso espúreo” del acuerdo, ya que asegura que en el momento en el que realizaron esas declaraciones quedaban “flecos importantes” por cerrar.