Una abogada lleva ante la ONU cuatro quejas por violencia obstétrica en hospitales públicos españoles
“Se ha portado muy mal”, “no se merece a esa niña”, “tendría que quitarte a la niña, porque te has portado muy mal”. S. escuchó esas frases de la matrona que le atendió durante su parto en el hospital de Cruces (Vizcaya) en 2012 y que, poco antes, le practicó una episiotomía (corte de piel, músculos, nervios y fascias que rodean la vagina) no indicada pese a la oposición de la mujer. Ya desde su ingreso en el hospital, no le dejaron beber, la obligaron a permanecer boca arriba y sin moverse y no permitieron que el padre la acompañara en todo momento. La episiotomía le provocó incontinencia urinaria y repercusiones “severas” en su vida sexual y de pareja. Su caso es una de las cuatro denuncias por violencia obstétrica que una abogada española ha llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Los cuatro casos llegan ante la Comisión después de que todas las mujeres hayan intentando, sin éxito, buscar respuestas en España. En el caso de S., presentó una denuncia ante los juzgados de lo penal que fue archivada sin que se abriera una investigación. Aunque la Audiencia Provincial ordenó abrir una investigación, la denuncia volvió a ser archivada. “Durante el proceso judicial se aportaron informes periciales de ginecología y obstetricia que probaban que no había ninguna necesidad clínica para cortar la vagina de la Sra. S. También se aportó un informe pericial que probaba las secuelas psicológicas y el diagnóstico de estrés postraumático en relación con el maltrato sufrido durante el parto. Todo el material probatorio aportado por la víctima fue ignorado”, relata la abogada, Francisca Fernández, en el relato presentado ante la ONU.
Fernández, que ha preparado los casos junto a las también abogadas Lucía Martínez y Paloma Torres, explica que con estas denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos buscan el reconocimiento de que se vulneraron los derechos de estas mujeres, que estas prácticas suponen tratos inhumanos y degradantes y que no se les dio una respuesta adecuada, tampoco judicialmente. En última instancia, y como desgrana en sus denuncias, que España incumplió su obligación de “adoptar las medidas necesarias para modificar o abolir las costumbres y prácticas vigentes que sean discriminatorias para la mujer”.
Otro de los casos es el de MD., una mujer que dio a luz en 2009 a su hija en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Allí, según la denuncia, cuando estaban a punto de llevarla al paritorio la dirigen finalmente a un quirófano y le practican una cesárea “por estar saturado el paritorio” y a pesar de la oposición de la mujer. Ante su negativa, los médicos informan a su marido de que va a ser operada, aun sin contar con el consentimiento informado de la paciente. “Las gráficas de monitorización fetal mostraban que el bebé estaba bien en todo momento. Tras la cesárea, se la priva de analgesia para el dolor postoperatorio, a pesar de los ruegos de la paciente”, cuenta la denuncia, algo que, señala, “no se justifica médicamente” porque la analgesia está protocolizada en esos casos.
Médicos estudiantes o residentes -“no expertos”- le pincharon la epidural hasta diez veces, nueve de ellas fallidas: “El catéter tuvo que ser reinsertado en la columna varias veces: un proceso que normalmente no lleva más de diez minutos se prolongó durante una hora. Como consecuencia de esas punciones le quedó una lesión llamada 'hiporreflexia osteotendinosa bilateral en miembros inferiores y claudicación en posición de bipedestación en talones y de puntillas de probable origen medular radicular'”.
La mujer ha tenido que hacerse “multitud de pruebas diagnósticas” en los últimos años y seguir varios tratamientos en neurología o rehabilitación. Sufre una “lesión neuropática, debilidad generalizada, anemia, insomnio y ansiedad”. “No puede cuidar de su hija y es totalmente dependiente de terceras personas para desenvolverse en su vida cotidiana”, apuntan. Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, no ha conseguido respuesta alguna. La abogada subraya que en este caso se ha pasado por alto las garantías sobre el consentimiento informado a los pacientes, “dando por buena la información prestada al marido”.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU analizará ahora los casos y podría dictar una resolución con una declaración sobre los hechos. “Están llegando casos similares de otros países. Buscamos el reconocimiento de que se están incumpliendo obligaciones legales. El Estado dio el visto bueno a la estrategia al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, pero luego no se aplica”, dice Fernández. La abogada menciona también la Ley de Autonomía del Paciente, el Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la prevención y erradicación de las faltas de respeto y maltrato durante la atención al parto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice, ha reconocido el derecho de las mujeres “a decidir con autonomía” durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Estrés postraumático
Otra de las quejas es la de F, que en 2009 acudió al Complejo Hospitalario Xeral Calde de Lugo con contracciones y por precaución. La abogada asegura que se le ingresó “prematuramente” y se le realizaron hasta nueve tactos vaginales, “provocándole una infección con fiebre intraparto y la necesidad de administrar antibióticos e ingresar a su hija en neonatos al nacer”. En su relato, hablan de la administración de medicación “sin necesidad clínica y sin solicitar su consentimiento” y de que el personal la obligó a parir tumbada, subida a un potro. A F también le practicaron una episitomía, y su parto derivó en “hipotonía del suelo pélvico con retracción de la cicatriz” y vaginismo que requirió tratamiento de fisioterapia.
También acude a la ONU una mujer a la que se identifica como Sra. NAE, que relata una “cesárea innecesaria” en el hospital público de Donostia. En su queja, la mujer subraya la falta de explicaciones y de atención a sus necesidades. “Me pusieron en la mesa de operaciones como si fuera una muñeca. Nadie se presenta. nadie me habla, nadie me mira a la cara. Nadie se preocupa en intentar calmarme. Lloro mucho. Me ponen los brazos en cruz. [...] Un médico que hace de tutor va guiando todos los pasos (información que me hubiera gustado no oír), de quienes me operan, les va diciendo cómo deben cortar y qué están cortando y moviendo... El anestesista es la única persona que en algún momento se dirige a mí e intenta tranquilizarme. Me zarandean”, relata ella misma.
Al nacer, y antes de llevarse al bebé, se lo enseñan “pero no puede acariciarlo porque le han atado los brazos en cruz para la operación y la han dejado así”. La denuncia incluye que su marido no fue informado de que ella había salido de quirófano y no le permitieron estar acompañada por él en las siguientes horas. Semanas después, la mujer es diagnosticada de estrés postraumático en su centro salud y le prescriben tratamiento ansiolítico.
Presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al servicio de salud con un informe pericial de obstetricia que revela “mala praxis” y la existencia de “alternativas terapéuticas que no se pusieron a su disposición y que podrían haberle ahorrado la cesárea”.
La abogada Francisca Fernández cree que estos casos muestran hasta qué punto se permiten “actitudes discriminatorias, malos tratos durante el parto y otras formas de violencia obstétrica basadas en estereotipos de género tales como anteponer la función reproductiva de la mujer, su infantilización o su percepción como incapaz de tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo”. “Parece que si no nos sometemos a todo lo que nos dice el médico vamos a exponer a nuestros hijos. Parece que nos pueden cortar los genitales y que eso lo salva todo y que somos seres caprichosos por querer evitar que eso suceda y exigir información y alternativas”.
