Cómo el viraje de ERC ha anulado la medida estrella de la Ley de Ciencia

Era, para las asociaciones de científicos, la medida estrella. La que salvaba la ley. Hasta que, rondando las nueve de la noche del martes, los 12 senadores de ERC apretaron el botón del “sí” cuando Ander Gil, presidente de la Cámara Alta, dio paso a la votación de la enmienda 76. Se unían así al PP, impulsor de la modificación, a Vox, al PNV, a UPN y a su compañero de Gobierno en la Generalitat, Junts per Catalunya, para ganar la votación al Gobierno y el resto de socios habituales. Adiós, disposición adicional décima de la nueva Ley de Ciencia. Adiós, contratación indefinida obligatoria para investigadores y personal técnico y de gestión con programas financiados por fondos europeos competitivos.

Los republicanos catalanes pasaron de votar a favor de incluir esta medida en la ley en el Congreso a votar en contra de exactamente el mismo texto en el Senado con apenas tres semanas de diferencia. El movimiento cogió a muchos por sorpresa tras unos días de incertidumbre: primero se filtró que ERC se estaba pensando el cambio de postura, pero la intervención en el debate del senador Josep Maria Reniu llevó a muchos a pensar que no lo haría, aunque no fue explícito. Una vez consumado el movimiento, las críticas a los republicanos llovieron desde varias asociaciones de científicos y los que habitualmente son sus socios en la mayoría que suele sostener al Gobierno. ¿Qué ha pasado para este cambio de postura que ha llevado a los republicanos catalanes a votar con el PP y Vox?, se preguntan.

Quienes están decepcionados con la enmienda aprobada hablan del gusto del PP por un modelo “precario”, Ministerio de Ciencia dixit, o de que ERC “ha cedido” a las presiones de Junts, a su vez influenciada por los rectores de universidad –que mandaron una carta pidiendo a los centros que derogaran la enmienda– y la patronal investigadora, tanto de los centros públicos como los privados, estos últimos con especial fuerza en Catalunya, donde gobiernan ambos partidos.

“Seguramente la valoración no fue acertada”

ERC lo niega y asegura que “seguramente la valoración [de la enmienda en el Congreso] no fue acertada” y que lo que ha hecho en el Senado es enmendar aquella votación, y explica que es una cuestión de buscar una financiación “basal y estable” del sistema de ciencia que la redacción de la ley no garantiza [aunque recoge entre sus postulados alcanzar una inversión pública del 1,25% del PIB, la media europea]. Añaden que una buena financiación del sistema revertirá en garantizar una mejora de los derechos laborales de los investigadores como, aseguran, están haciendo con la ley de ciencia propia que se negocia en el Parlament.

Según el senador Josep Maria Reniu, lo que el Gobierno trataba de hacer en la Ley de Ciencia era “un maquillaje contractual de la reforma laboral en un sistema, el de ciencia, que lo que necesita es financiación”, y que el mejor destino para los fondos es financiar los centros para que hagan proyectos.

Esta es, básicamente, la gran discrepancia. ¿Deben utilizarse los fondos para financiar proyectos o para mejorar la situación de los trabajadores del sistema de ciencia, si es que hay que elegir entre una y otra? La diferencia básica entre los contratos indefinidos que imponía la ley y los temporales que venían siendo habituales –y seguirán, tras la enmienda de ayer– son ocho días de sueldo anuales en las indemnizaciones por despido. Con un contrato temporal, son de 12 días por año trabajado. Con uno indefinido, 20. CCOO asegura que hay entre ochocientos y mil euros de diferencia por investigador entre uno y otro. “Cuesta creer que un incremento de menos de 1.000 euros por año en las indemnizaciones por despido en proyectos, típicamente, de más de 500.000, euros suponga un quebranto para ninguna institución”, sostienen.

Junts, que cogobierna en Catalunya con ERC, aseguró durante del debate de la enmienda que la contratación indefinida le costaría al Govern 1.500 millones de euros. “Las cuentas no salen”, asegura Elisa Fernández, de CCOO. “España ha conseguido en total 5.600 millones de euros de fondos europeos competitivos en seis años. En el mejor de los casos la Generalitat hablará de ese periodo”, explica, y aun así lo duda.

Si la ley sale tal y como está ahora, con la modificación aprobada el martes, fuentes parlamentarias calculan que los contratos indefinidos alcanzarán al 30% de los investigadores (y personal técnico y de gestión), mientras que si se hubiera quedado en la redacción original serían un 70% los cubiertos por estas mejores condiciones laborales.

Otra consecuencia directa de la votación de ayer es que se retrasa la entrada en vigor de la ley (que quedó aprobada a la espera de que el Congreso ratifique o deshaga el cambio aprobado en el Senado) hasta probablemente septiembre, lo que dejará sin indemnización por finalización de contrato al personal pre y postdoctoral que se quede en el paro mientras se aprueba.

“Ni siquiera es nuestra enmienda”

El PP, autor de la enmienda, la justifica para “equiparar la contratación evitando la discriminación en base al origen de los mismos, siempre que los fondos sean europeos”. Traducido: dado que los fondos europeos no competitivos para la investigación (los que provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) van asociados a contratos temporales (debido a su propia naturaleza excepcional, estos fondos duran un tiempo determinado y luego desaparecerán) no tiene sentido que otros fondos europeos se asocien a contratos indefinidos y haya compañeros de laboratorio haciendo lo mismo con diferentes contratos en función de dónde sale el dinero.

Tiene su punto irónico que es exactamente el mismo argumento que utiliza el Ministerio de Ciencia para lamentar que se haya tumbado esta medida, aunque en el caso del departamento que dirige Diana Morant hace la comparativa entre los fondos europeos y los nacionales, donde sí se tendrán que firmar contratos indefinidos.

Se da la circunstancia de que el PP admitió que la enmienda no es iniciativa suya. “Ni siquiera es nuestra”, explicó en el debate del Juan José Sanz Vitorio, portavoz popular. “Es una petición que nos han hecho llegar toda la red de centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. Se ha sumado la Crue. Y yo me pregunto, ¿todos los centros de excelencia de este país están equivocados? ¿Todas las universidades están equivocadas?”, se preguntaba.

Esta intervención de Vitorio daba pie a lo que muchos consideran que está realmente detrás del cambio de postura de ERC: la presión patronal para ahorrarse dinero en indemnizaciones. “Ceden ante las presiones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), que se ha posicionado desde el principio de la negociación en contra de la mejora de las condiciones laborales en el sector”, aseguran desde CCOO. “La presión conjunta de SOMMa [la alianza de los centros de élite investigadora] y la CRUE [los rectores de Universidades] ha hecho mella en ERC”, lamentaba el diputado Javier Sánchez Serna, de UP, el partido que impulsó que esta medida se incluyera en la ley.

Niegan presiones, pero hay una carta

SOMMa, presidida por la investigadora María Blasco, se desmarcó ayer de estas supuestas presiones. “La presidencia de SOMMa aclara que la alianza no ha promovido ninguna enmienda específica al proyecto de Ley de la Ciencia aprobado por el Senado”, explicó la institución este miércoles tras el revuelo originado el día anterior. “La reforma de la Ley de la Ciencia recoge avances importantes e incluye reivindicaciones históricas del sector. Uno de estos avances establece el carácter indefinido de las relaciones laborales en el ámbito de la I+D+I, que limitará la precariedad laboral, lo cual también es positivo para la ciencia”.

Blasco, que además de SOMMa también dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también publicó en Twitter que “la reforma de la Ley de la Ciencia mejorará la situación de la ciencia. Personalmente, estoy a favor de contratos indefinidos, a cargo de los proyectos que sean. Toda iniciativa contra la precariedad laboral es positiva. Este es uno de los principales avances”.

La Crue sí que envió una carta a todos los grupos, a la que ha tenido acceso este periódico, pidiéndoles que derogaran la medida. Obligar a realizar contrataciones indefinidas en la administración pública para los proyectos vinculados a fondos europeos competitivos –los de más excelencia– implicaría un aumento del gasto para estos entes que, aseguran, perjudican a los propios organismos, pero también a los jóvenes investigadores. “Comprendemos que esta disposición adicional 10ª [donde quedó plasmada la obligatoriedad de contratar indefinidos] busca reducir los contratos falsamente temporales que se encadenan (...)”, conceden los rectores, “pero el redactado actual tendría un doble impacto enormemente negativo en el sistema de investigación en España”. Por un lado, aseguran, “se llegaría a doblar el coste de indemnización” frente a un contrato temporal (en realidad se pasa de 12 días por año trabajado a 20); por otro, añaden, el aumento de los despidos (al no haber contratos temporales cuando se acaben los proyectos hay que despedir a los investigadores), conllevará Expedientes de Regulación de Ocupación, “sometidos al comité de empresa”.

El senador de ERC Reniu niega influencia externa alguna. “Cualquier decisión tiene ríos de presiones en un sentido y en el otro al mismo tiempo”, explica. “Si desde la actuación parlamentaria hiciéramos caso a todas las presiones no haríamos nada. Ha habido un debate muy importante en el seno del partido y de los grupos parlamentarios del Congreso y Senado y se ha intentado buscar fórmulas alternativas que no han merecido el apoyo por parte del Gobierno”.

¿Y por qué han cambiado de postura en tres semanas respecto a lo votado en el Congreso? “Seguramente en ese caso la valoración que se hizo no fue del todo acertada. En el Congreso se hizo un trabajo ingente y esta disposición adicional entra en el último momento, dentro de la vorágine de la negociación. Lo que se había conseguido era muy importante y en los acuerdos [alcanzados] entraba la incorporación de un conjunto de enmiendas” y no se evaluó bien la ínclita enmienda 59, justifica. “Por suerte tenemos una segunda cámara para una segunda lectura y detectar las cuestiones mejorables”.