Las medidas puestas en marcha en los últimos años en materia de vivienda no se ajustan a las normas internacionales sobre derechos humanos adoptadas por España. Es la conclusión principal que se extrae del informe Derechos Desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, que este martes ha lanzado Amnistía Internacional. En él, se pone de manifiesto cómo, tanto el gobierno central como los autonómicos (sobre todo Madrid y Catauluña), han implementado políticas públicas alejadas del propósito de garantizar el derecho a la vivienda.
Según el Consejo General del Poder Judicial, en España se han iniciado medio millón de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. Los desahucios siguen siendo un goteo constante. Sin embargo, los poderes públicos no se han adaptado al marco internacional sobre el derecho a la vivienda, a pesar de que España ratificó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En su artículo 11.1 reconoce el derecho a la vivienda y señala que “los Estados Partes tomarán las medidas adecuadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
La ONG ha identificado cinco señales de alarma que demuestran que “las autoridades públicas han adoptado, de manera injustificada y deliberada, medidas regresivas que son contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” y califica la normativa dirigida a suspender el desalojo de “colectivos especialmente vulnerables” como “insuficiente”. Eso a pesar de que la crisis económica es un “momento en el que urgía adoptar medidas para realizar el derecho a la vivienda de quienes lo necesitaban”.
1. Recortes del gasto público en vivienda
El gasto público en vivienda se redujo en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 un 26% con respecto al año anterior y, según Eurostat, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 en 2012. Eso a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del PIDESC, ha insistido en que “los recortes del gasto en vivienda deben ser provisionales, necesarios y proporcionales (...) y deben mitigar las desigualdades”.
Por otro lado, el parque de vivienda pública en España es uno de los más reducidos de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre, Estonia, Grecia y Letonia. En nuestro país la cifra se sitúa entre el 1% y el 2% del total de viviendas, mientras que en Países Bajos, Austria o Reino Unido alcanza el 32%, 23% y 18% respectivamente. En 2012 el mismo organismo recomendó al Ejecutivo “trabajar en coordinación con las CCAA para invertir más recursos en el aumento de la oferta de vivienda social que permita cubrir la demanda”.
2. Venta de vivienda a sociedades de inversión
Lejos de cumplir esta recomendación, Madrid ha sido protagonista por vender miles de viviendas de protección oficial a los llamados fondos buitre. El Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 3.000 pisos al fondo de inversión Goldman Sahchs-Azora y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de la capital hizo lo mismo con 1.860 pisos. Esta vez el comprador fue Magic Real Estate Blackstone. Ambas acciones han sido denunciadas por presunta prevaricación por los socialistas madrileños.
Este último ejemplo lleva a Amnistía Internacional a recordar que “el Estado debe garantizar que la privatización no da lugar a un retroceso injustificado en el disfrute del derecho a la vivienda, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Y es que a pesar de que la entonces alcaldesa Ana Botella subrayó que se mantendrían las condiciones, los inquilinos que quieran continuar viviendo en su casa deberán abordar un incremento del 40% del precio de alquiler por el simple hecho de que el recibo ya no sea de la EMVS, sino del “nuevo propietario”, según documentó eldiario.es hace unas semanas.
3. Millones de casas vacías
En 2011 había en España 3,44 millones de casas vacías, según el censo oficial de población y vivienda elaborado por el INE. La cifra había aumentado un 10,8% en los diez últimos años y, según calcula Amnistía Internacional, más del 30% de todas las viviendas deshabitadas en Europa se sitúan en nuestro país. Estos datos demuestran, en opinión de la organización, que “existe un recurso al que las autoridades podrían recurrir para conseguir de manera progresiva la plena realización del derecho a la vivienda”.
La infrautilización de las viviendas vacías contradice uno de los mandatos que en noviembre de 2013 hicieron varios relatores de Naciones Unidas, entre ellos Raquel Ronik, la relatora sobre vivienda, que en una carta de denuncia al gobierno español avisaba de que “el programa de austeridad, con consecuencias especialmente graves para las personas que viven en la pobreza, ha socavado drásticamente el derecho a una vivienda adecuada, pese a las numerosas viviendas vacías materialmente disponibles en España”.
4. Reducción del periodo de calificación
Las viviendas de protección oficial suelen permanecer en el sector público un periodo determinado de tiempo en la mayoría de comunidades. Es decir, su carácter social tiene una duración limitada. Según recoge Amnistía Internacional, el periodo de calificación se ha reducido en Cataluña desde el inicio de la crisis y ha pasado de 90 años (establecidos por el Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007) a entre 10 y 30 años, según el plan 2013-2016.
El periodo de calificación establecido por la Comunidad de Madrid no ha variado, pero se sitúa entre 10 y 15 años, dependiendo de si es para alquiler o para venta. Cuando finaliza el periodo de calificación de la vivienda, ésta es cedida al sector privado. Una transferencia a la que el relator sobre vivienda de Naciones Unidas se refirió en 2007 (entonces era Miloon Kothari) tras una visita de investigación a España: “a pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende”, sostenía en su informe.
5. Menos prestaciones sociales
Por último, Amnistía Internacional identifica como quinta señal de alarma los recortes en prestaciones sociales. Se centra para ello en la Renta Mínima de Insercción (RMI), de la que afirma que “son cantidades bajas en general (la media se sitúa en 330 euros mensuales) y el Comité Europeo de Derechos Sociales las considera insuficientes, excepto en País Vasco y Navarra”. Además, sostiene que en comunidades como Cataluña y Madrid “han experimentado un claro retroceso”.
Por ello, sostiene que “teniendo en cuenta el reducido número de vivienda pública en España, prestaciones sociales como ésta podrían ser el último recurso para acceder a vivienda asequible en el sector privado” y recuerda que este tipo de ayudas “constituyen un sistema de protección social garantizado como parte del derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.