España ya había inaugurado la democracia tras la dictadura franquista cuando Laura Perales dio a luz a su segundo hijo. Tras el parto, en 1980, pasó dos días con él, pero después una enfermera que no conocía se lo llevó para hacerle una prueba y no volvió a verle. Durante todo un día no supo qué ocurría, hasta que le comunicaron que había muerto. Su marido insistió en que su deseo era enterrarle en Villena (Alicante), su cuidad, pero el hospital les dijo que tenía que ser en la capital. Les entregaron una caja precintada y nunca llegaron a ver el cadáver. M.Z tiene 48 años y busca a su madre biológica. Cuando tenía 11 sus padres le dijeron que era una niña adoptada, pero no indagó sobre sus orígenes hasta que ellos murieron. En 2008 descubrió que en su partida de nacimiento aparece como hija biológica de sus padres adoptivos, pero su tía le confirmó que su madre nunca había estado embarazada porque era estéril y que en 1972 habían desaparecido del pueblo tres días sin avisar y volvieron con ella.
Ambas le ponen rostro a uno de los episodios más oscuros de la historia de nuestro país: los llamados 'bebés robados', una trama de sustracciones de niños y niñas amparada por el franquismo y que se extendió más allá de la dictadura, hasta los años 90, e ideada para satisfacer la demanda de menores de otras familias. Sus casos forman parte del informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, elaborado por Amnistía Internacional y hecho público este martes para intentar arrojar luz a esta realidad.
Laura nunca sospechó de lo que había ocurrido hasta que a mediados de los años 90 recibió una carta dirigida a su hijo para que se incorporara al servicio militar, ha explicado a la organización, que ha tenido acceso a documentación contradictoria del hospital sobre la supuesta causa de la muerte del bebé: uno estipula que fue operado de un pulmón y falleció de un fallo respiratorio, otro dice que fue un paro cardiaco y un tercero indica que se produjo porque “la máquina que le hizo la radiografía de los pulmones estaba estropeada”. Laura denunció y consiguió que un juzgado ordenara en 2013 la exhumación en el lugar donde presuntamente habían enterrado a su hijo. Se analizaron varios restos de seis cajas diferentes, pero los análisis de ADN dieron negativo. Tras ello, la investigación fue cerrada.
“Yo lo que necesito son respuestas. De por qué se hizo así, quién lo hizo y quién lo permitió. Y saber qué es lo que ha pasado y saber quién es mi madre. Lo que busco es eso”, reclama M.Z en un vídeo que acompaña al informe. “¿Y yo de dónde vengo? Tengo derecho a saber la verdad”, añade la mujer, que llegó a someterse a un test de ADN con la hermana de su madre adoptiva, que dio negativo. M.Z ha intentado buscar documentos oficiales que pudieran probar su proceso de adopción, pero “no figura en ninguno de los registros que pudieran acreditar su entrega a su familia adoptiva”, concluye el estudio, elaborado entre diciembre de 2018 y marzo de 2021.
Durante la investigación, Amnistía Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos. Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos/as eran de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos. Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de búsqueda se une la falta de información, o la documentación errónea o falsa.
En base a los testimonios y la documentación a la que ha accedido, Amnistía Internacional concluye que hay hechos que “podrían constituir casos de desaparición forzada, de conformidad con el derecho internacional” y muchos de ellos vulneran diversos derechos humanos como “la protección de la vida privada y familiar, que incluye el derecho a la identidad y a conocer el origen biológico”. “Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida”, explica el investigador y autor del informe, Daniel Canales.
Más de 2.000 diligencias en diez años
Sin embargo, la organización denuncia una “falta de respuesta por parte del Estado” a quienes “llevan décadas buscando” a sus familiares, ya que “sus procesos de búsqueda continúan encontrando numerosos obstáculos, y resultan ser, en su mayoría, infructuosos”. Y es que muchas de estas personas han emprendido investigaciones casi sin el apoyo de las Administraciones que han acabado convirtiéndose en auténticos laberintos burocráticos y judiciales. Amnistía Internacional “ha constatado que la respuesta por parte de las autoridades ha sido inadecuada, insuficiente y constituye por tanto un incumplimiento de las obligaciones internacionalmente contraídas por España”, concluye el informe.
Según datos recabados por la organización, la Fiscalía General del Estado ha emprendido “numerosas investigaciones”, pero han arrojado “escasos resultados materiales”. Del total de las 2.138 diligencias de investigación abiertas desde el año 2011 hasta marzo de 2021, solo cinco estaban aún en trámite en septiembre de 2019 y a marzo de 2021, sólo queda una diligencia de investigación en trámite, en Barcelona. Y del total, solo 526 han sido judicializadas –ninguna en 2019 ni en 2020–. Por otro lado, la justicia ha acabado archivando la mayor parte de las denuncias presentadas alegando entre otras cosas la prescripción de los hechos, “negando con ello el carácter continuo de la desaparición forzada”, en opinión de la ONG.
Es lo que sucedió a Marga Calvo, una mujer a la que el 22 de julio de 1975 le dijeron en la clínica San Juan de Dios en Santurtzi (Vizcaya) antes de dar a luz a su primer hijo que estaba muerto. Ella, sin embargo, le sentía moverse “como en todo el embarazo, con mucha vitalidad”, recuerda, pero la comadrona le aseguró que “eso era la placenta, la matriz es lo que se mueve”. Cuando estaba pariendo recuerda que la durmieron y despertó sola en la habitación hasta que el ginecólogo le confirmó que llevaba cerca de 24 horas muerto. Marga y su marido pidieron que le hiciesen la autopsia al bebé, pero el personal médico se negó y les dijo que habría muerto por “insuficiencia placentaria” y por tener Marga “matriz bicorne”. Análisis médicos posteriores solicitados por la mujer confirmaron que su placenta no presentaba daños objetivables y descartaron que tuviera una matriz bicorne.
Marga denunció ante las autoridades judiciales, pero fue archivado por prescripción. El Juzgado de Instrucción nº1 de Barakaldo tomó la decisión en 2012, que fue confirmada un año más tarde por la Audiencia Provincial de Vizcaya. La mujer intentó que se reabriera en 2018, pero el juez dio carpetazo a su caso. Ella sigue buscando: “Es un dolor que no puedo superar. Hay un interrogante en mi vida, que tengo desde el principio. Porque si a mí me cuadraran las cosas, de qué voy a dudar. Lo que busco es un bebé muerto, y como no lo encuentro, lo estoy buscando vivo”, recoge el informe.
El caso de M.Z también llegó a los juzgados en 2011, pero fue archivado tres años más tarde. A pesar de que en los documentos oficiales en los que ella aparece como hija biológica de sus padres adoptivos figura como nacida en una clínica de Tolosa, la jueza señala para argumentar el cierre del caso que “en la documentación de la clínica no consta”, además de que ni el presidente ni el personal médico actuales son los de entonces “o que la clínica asegura que no existen libros de partos de la fecha del nacimiento de M.Z”. Pero ella tampoco figura en los registros que pudieran haber acreditado su entrega a su familia adoptiva, a pesar de que ha intentado buscar también en este tipo de documentos oficiales. “Vas a todos lados y te dicen ‘no, no, no’. Buscar, no puedo buscar ya más en más sitios. Pero nunca voy a perder la esperanza de poder encontrar. Nos han dado muchos palos, por todos lados: hospitales, policía, jueces, registros, cementerios...”, explica la mujer.
Un sufrimiento psicológico que puede llegar a ser “tortura”
La investigación también explora cómo las personas inmersas en estos procesos “continúan enfrentando dudas e incertidumbres” prolongadas en la mayoría de los casos durante muchos años, lo que les ocasiona “un sufrimiento psicológico que puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos”. “Hoy por hoy puedo hablar de él sin llorar. Hoy por hoy puedo contar mi historia sin llorar. He estado yendo a dos terapeutas para poder hacerlo. Y puedo estar con mis hijos bien. Antes no hacía comidas familiares porque me daba pena juntarme con mis hijos y que él no estuviera”.
M.Z también ha explicado “el impacto negativo” que ha tenido en su vida familiar y personal desconocer su origen y el punto muerto en el que se encuentra su proceso de búsqueda. De hecho, ha requerido incluso de medicación para el estrés y la ansiedad. “Tu piensas que tu madre no te quiere y te ha dado en adopción. Pero luego descubres que en realidad ha podido ser porque era menor de edad, porque fue obligada, has podido ser hija de una prostituta....Entonces una vez contemplas todas esas posibilidades, claro, eso hay que digerirlo”, explica.
La organización lamenta que los procesos de búsqueda “sigan recayendo en las propias familias y en las personas en búsqueda de su identidad” y apremia también al Gobierno y las comunidades a que aprueben medidas que faciliten las investigaciones porque “siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos”.