La 'vuelta al cole' será presencial: “Es la única manera de garantizar el derecho a la educación y la igualdad”

Las clases volverán tras las fiestas navideñas el próximo 10 de enero sin cambios de calado. A pesar de generarse cierto debate en los últimos días, el Gobierno y las comunidades se inclinan por no retrasarlo y por garantizar la presencialidad. Es la propuesta que llevarán este martes Sanidad, Educación y Universidades a la reunión con las autonomías para preparar la vuelta al cole y es también la posición a la que finalmente ha virado la Comunidad de Madrid, que amenazó en la última semana con imponer la “semipresencialidad” al alumnado más mayor, lo que ha solivantado a la comunidad educativa. Por su parte, la Región de Murcia, que había dejado en el aire su posición, ha aclarado este lunes que su propuesta es que “se retomen las clases en la fecha prevista”.

La decisión definitiva de volver a las aulas de forma presencial en todas las etapas educativas en Madrid la ha tomado este lunes el Gobierno autonómico, solo unos días después de que Isabel Díaz-Ayuso asegurara que no descartaba lo contrario. Ya entonces, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que la presencialidad es “es un éxito y es el modelo del Gobierno” aunque la sexta ola esté en pleno ascenso, mientras el Ministerio de Educación advertía de que no abrir las escuelas tendría “mayores inconvenientes que ventajas”. Fuentes de Sanidad confirman este lunes que la presencialidad “es la apuesta” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, informa Sofía Pérez.

La sola posibilidad de plantear un regreso a las aulas tras la Navidad que no fuera presencial se ha encontrado con la contundente y unánime oposición de la comunidad educativa, que no entiende cómo este podría ser uno de los pocos ámbitos en los que se podrían imponer este tipo de restricciones férreas ante el avance de los contagios. “Volver de forma presencial y segura es la única manera de garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades del alumnado, y ha quedado demostrado...La semipresencialidad ha causado estragos en el plano académico y emocional”, lamenta Carmen Morillas, vicepresidenta de la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

La demanda la replicaron en los últimos días otras tantas asociaciones de familias, pero también de docentes y sindicatos. En Madrid, la FAPA Giner de los Ríos se ha mostrado especialmente indignada por el amago de Ayuso: “Se debe garantizar el acceso a un derecho fundamental como es el de la educación (...) Quizá la única manera de dar clase es en los bares, abiertos y sin mascarilla”, ironizaba a través de un comunicado de prensa. También para Morillas era una propuesta “incoherente” al mantener al mismo tiempo en la región abiertas las discotecas “o haber visto en fin de año algunas macrofiestas”.

Habrá cuestiones, como las cuarentenas de contactos estrechos de positivos o la gestión de los casos, que aún deberán ultimarse en la reunión de este martes, aunque son las comunidades las que tendrán la última palabra. Aunque la incidencia acumulada en la franja de edad de los cinco a los once años se disparó en el último trimestre del año, este grupo de población ya no es el que más contagios reporta en la reciente explosión de la sexta ola: ahora son los veinteañeros y treinteañeros los que lideran la incidencia.

Además, el Gobierno central confía en que la vacunación pediátrica llegue a prácticamente el cien por cien de los menores este mes de enero. Son 3,3 millones de niños y niñas de entre cinco y once años, de los que un 26,8% se ha puesto al menos una dosis. Los últimos datos de Sanidad, del pasado día 23, muestran que en la última semana escolar completa el 98,7% de las aulas han estado en funcionamiento y sin cuarentenas. El número de aulas confinadas en Infantil y Primaria era de 3.000 sobre un total de 417.000, cifra que se reduce a un centenar entre los cursos con alumnado ya vacunado, es decir, de los niveles de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Una vuelta a las aulas “segura”

En este escenario, también otras organizaciones como Save the Children o el Club de MalasMadres han reclamado el mantenimiento de la presencialidad y se han dirigido por carta a todas las Consejerías de Sanidad y Educación de todas las comunidades para subrayar su importancia. “El impacto de esta medida en la educación o la salud mental de los niños y niñas, así como en las familias en términos de conciliación, hace que ésta deba ser el último recurso”, destaca Laura Baena, presidenta de MalasMadres. La escuela tiene, además, “un papel protector de los derechos de la infancia”, señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, sobre todo de aquellos menores más vulnerables.

Ambas organizaciones llaman a que, en vez de discutir sobre si la 'vuelta al cole' debería ser o no presencial, el debate verse sobre “cómo garantizar la presencialidad en el reinicio de curso, es decir, cómo mantener los centros escolares abiertos para evitar que se amplíe la brecha educativa o que el impacto en la salud mental de la infancia y la adolescencia sea aún mayor”.

Por su parte, los sindicatos reclaman volver a poner en marcha las medidas que estuvieron vigentes durante el curso 2020-2021 y que en el fondo son demandas históricas, entre ellas la reducción de ratios o el refuerzo de las plantillas. “Garantizar la presencialidad segura implica una inversión económica y voluntad política decidida. Deberíamos volver a lo que sabemos que ha funcionado”, asegura la responsable de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca. En CCOO comparten el planteamiento y apuntan a que las recetas para esta sexta ola “no pasan por la semipresencialidad”, añade Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, “sino por medidas de apoyo que garanticen la presencialidad segura”.

Es algo que la comunidad educativa ya demandó de manera unánime al inicio del curso, cuando los responsables educativos decidieron renunciar a las ratios de un máximo de 20 alumnos mantenidas el curso anterior y una distancia interpersonal de 1,5 metros. El acuerdo fijó entonces que los topes para las comunidades volverían a ser los establecidos en la ley: 25 alumnos por clase en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. “Fue una decisión torpe y miope. Sabemos que las comunidades no han gastado todo el dinero del fondo covid del Gobierno central, es un despropósito que al mismo tiempo no se recuperen estas medidas”, cree García.