Si el recurso de un grupo de juristas expertos en protección de datos no lo impide, las próximas elecciones tendrán dos terrenos de juego para la propaganda electoral. Uno serán los medios tradicionales como la televisión, la radio o los medios escritos, donde todo el mundo podrá acceder a los mensajes de los políticos. Como siempre, las preguntas que no contesten, sus contradicciones y donde dije digo, digo Diego estarán bajo un cierto control.
La otra dimensión del debate tendrá un nivel de personalización mucho mayor y opaco. Las campañas electorales de 2019 serán las primeras en las que la ley permita a los candidatos rastrear Internet en busca de información ideológica de cada votante y sus datos de contacto, con el fin de enviar mensajes electorales personalizados a su WhatsApp o redes sociales sin consentimiento previo.
La fiscalización de ese nivel personalizado será mucho más compleja. ¿Cómo vigilar qué dice cada partido a cada ciudadano? o ¿está compartiendo información imprecisa, incorrecta, o directamente, falsa? son algunas de las preguntas que preocupan a los especialistas. Sin embargo, hay otra cuestión que inquieta todavía más a los juristas que intentan que el Tribunal Constitucional ilegalice estas prácticas: la creación de bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y sus posibles usos maliciosos.
Si su recurso ante el Defensor del Pueblo no prospera y la ley sigue vigente cuando comience la campaña, el único freno ante prácticas abusivas será la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Será un encargo ingente. El organismo no tendrá que vigilar solo a los partidos o los equipos de campaña de cada candidato, sino también y muy especialmente a las agencias marketing político que ofrecen servicios de intervención en el debate público que cualquiera puede contratar.
Las estrategias basadas en la guerra sucia, como el uso de granjas de bots o influencers mercenarios, no suelen estar firmadas por los equipos de campaña de los candidatos, sino que se encargan a terceros como estas agencias. De cara a las campañas electorales de 2019 los partidos pueden volver a subcontratarlas para las labores de rastreo de información ideológica y datos de contacto en la red con los que enviar propaganda electoral personalizada o desinformación dirigida a segmentos clave del censo.
La AEPD deberá acometer esta misión de árbitro de la mercadotecnia basada en datos electorales con el cinturón bien apretado. Sus recursos económicos apenas han variado desde 2012 tras sufrir la congelación de cuentas característica de la era Rajoy. El plan de Sánchez de aumentar un 9,3% sus fondos para 2019 cayó en saco roto junto a los presupuestos presentados por el PSOE. El millón de euros extra que iba a recibir la Agencia estaba destinado íntegramente a la contratación de personal.
Hay nueva ley para la propaganda electoral, pero no un nuevo presupuesto para controlarla.
La AEPD es consciente de lo que se le viene encima. Participó en la primera redacción de la Ley de Protección de Datos, en la que los partidos introdujeron una modificación de la Ley de Régimen Electoral General y legalizaron las prácticas de minado de datos ideológicos. Entonces el texto aún no incluía la disposición final tercera, en la que los partidos camuflaron esa modificación. “Esa disposición no fue informada preceptivamente por la Agencia”, enfatizó su directora, Mar España, en un encuentro con periodistas a finales de enero.
“Actuaremos con toda la contundencia”
“Si tenemos denuncias donde haya pruebas de que un partido ha hecho ese perfilado a través de una contratación de una agencia de big data, de analítica, de fake news, actuaremos con toda la contundencia”, avisó España. “Esperamos que no se produzca”, añadió.
La AEPD comunicó entonces que no hay ninguna denuncia interpuesta contra los partidos políticos por usos abusivos de datos personales. No en vano, la ley solo autoriza el envío de propaganda personalizada en periodos electorales. En cambio, España mostró preocupación ante el derecho a oposición que “cientos, miles” de ciudadanos están ejerciendo contra los partidos políticos con carácter previo a que estos les envíen su propaganda, a través de formularios como el que hizo público la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) en colaboración con la Asociación de Internautas y juristas especializados en protección de datos.
En caso de que los partidos no atiendan cada una de esas solicitudes, los ciudadanos pueden acudir a la AEPD para que proteja sus derechos. “Necesitaríamos que se aprobara el presupuesto cuanto antes, o que el Ministerio de Hacienda nos habilitara una generación de crédito porque puede haber cientos, miles, de peticiones de derecho de oposición que no sean atendidas y vengan a la Agencia, y tendremos que ver cómo lo podemos manejar”, pidió España antes de que el Congreso derribara los presupuestos de Sánchez y el presidente convocara elecciones.
Circular de aviso
Será una carrera cuesta arriba, puesto que no es previsible que ningún partido renuncie a la utilización de estos métodos de mercadotecnia avanzada para ganar el favor de los votantes o desacreditar a un rival con campañas orquestadas por agencias de marketing político. Como aviso a navegantes, la Agencia abrió recientemente el borrador de una circular que detalla las garantías que deben cumplir los partidos en este campo.
La AEPD lo envió a los partidos y al resto de agentes interesados para que hicieran sus aportaciones antes del 13 de marzo. Si un partido se la juega y lo pillan haciendo uso de prácticas prohibidas puede caerle una multa de hasta 20 millones de euros. “Me consta que los partidos políticos saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer”, informó España: “Apelo a la responsabilidad de los partidos políticos y a la de las empresas que hayan contratado”.