“Pensé que la publicación de la información era más importante que el riesgo que estaba corriendo”. Aunque Antoine Deltour cuenta a eldiario.es que no conocía exactamente las consecuencias legales de sus actos, sabía que podía perjudicarle enviar documentos confidenciales de PriceWaterhouseCoopers (PwC) al periodista Edouard Perrin en 2011. Los textos demostraban acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y las mayores multinacionales del mundo para rebajar sus impuestos drásticamente. Pero él “estaba seguro de que el público general tenía que saberlo”.
El principal whistleblower del escándalo fiscal LuxLeaks, que estalló cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló la existencia de esos acuerdos privilegiados para 300 grandes empresas, entre ellas Ikea, Pepsi o Amazon,entre ellas ha tenido que enfrentarse en los últimos años a la justicia luxemburguesa.
Hace unos días, en su cuarto juicio en el país, el Tribunal de Apelación reconoció a Deltour como whistleblower y le absolvió de los cargos relacionados con la difusión de los documentos, según lo dispuesto hace unos meses por el Tribunal de Casación. “Es realmente una gran victoria ser absuelto de todos los hechos relacionados con LuxLeaks”, comenta Deltour. Una sentencia que pone fin a un largo proceso judicial y que ha supuesto un vuelco en favor del exauditor de PwC.
El reconocimiento como whistleblower
whistleblower“Personalmente, no me arrepiento de lo que he hecho y lo volvería a hacer”, afirma con rotundidad el exauditor francés. Fue en 2010 cuando, antes de abandonar PwC, copió miles de documentos que recogían esos acuerdos fiscales, sin saber realmente qué contenía esa carpeta que posteriormente decidió que debía salir a la luz.
PwC lo denunció dos años después, y en 2016 llegó la primera sentencia de Luxemburgo, que no le protegía como denunciante pese a la importancia de la filtración. Se le consideró culpable de robar documentos, revelación de secretos empresariales y violación de la confidencialidad profesional, y se le condenó a 12 meses de prisión suspendida y 1.500 euros de multa.
El Tribunal de Apelación decidió al año siguiente reducirle la pena a 6 meses de prisión suspendida y a 1.500 euros de multa. En este caso, se reconoció que cumplía algunos criterios para ser considerado y protegido como whistleblower según el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, se le absolvió por los delitos de revelación de secretos empresariales y violación de la confidencialidad empresarial. No fue así con la apropiación de documentos, ya que se consideró que en ese momento su intención no era dar la voz de alarma.
El gran logro llegó a principios de este año. El Tribunal de Casación (la Corte Suprema del Gran Ducado) señaló que el reconocimiento de la condición de whistleblower se debe basar en la apreciación de los hechos en su conjunto y que debía aplicarse “a todos los delitos por los que una persona es procesada”. Por ello, anuló la condena anterior y determinó que el caso volviera al Tribunal de Apelación.
“Esta decisión del Tribunal de Casación sienta un precedente en la protección de los whistleblowers en Europa.whistleblowers A falta de una norma específica que actualmente los proteja, esta sentencia podría resultar aplicable como argumentación en casos similares”, detalla a eldiario.es Esperanza López Prado, abogada experta en tecnologías de la información, privacidad y protección de datos del bufete Ecija.
“Es una gran esperanza para otros whistleblowers en Luxemburgo y en otros países, porque con la decisión de la Corte de Casación evito llevar mi caso al TEDH, lo que llevaría mucho tiempo y además sería muy costoso”, comenta Deltour.
Hace un mes, el Tribunal de Apelación ratificó la opinión del Tribunal de Casación e incluso menciona algunos criterios por los que debe protegerse al denunciante, como que la información sea auténtica, de interés público y se actúe de buena fe. Sin embargo, la victoria no es total, ya que esa protección no le inmuniza por todos sus delitos. Deltour sigue siendo penalmente responsable: es culpable por el robo de los documentos internos de capacitación que se llevó (con el fin de “hacer un seguimiento de mi experiencia”) y que no pertenecen al caso LuxLeaks. Irónicamente, gracias a su copia, Deltour descubrió la famosa carpeta que abrió la caja de los truenos.
Sin embargo, la sentencia suspende su condena anterior durante tres años: solo si Deltour cometiera un nuevo delito en Luxemburgo, el tribunal “podría revocar la suspensión y sentenciarlo, lo que sería acumulativo con la sanción del nuevo delito”, según nos explica López Prado. Además, debe pagar un euro simbólico por daños y perjuicios a PriceWaterhouseCoopers.
El Ministerio Fiscal y PwC tenían un mes para recurrir esta última sentencia que concluyó este viernes. Por eso, el Comité de Apoyo a Antoine Deltour, una ONG francesa que se ha encargado de recaudar fondos para la defensa legal del exauditor de PwC a lo largo de los años (han recibido el respaldo de 71 organizaciones, 477 personalidades y miles de donantes), aprobó su disolución en un evento celebrado en la localidad francesa de Épinal. Eldiario.es charló con Deltour hace escasos días y él mismo nos confirmó minutos después de que expirara el plazo que no tiene constancia de que se haya presentado dicho recurso.
Un triunfo que se ve empañado por la otra decisión del Tribunal: Raphael Hälet, su compañero en PwC y que también filtró documentos a Perrin, no ha recibido esa protección como whistleblower al no considerarse que la información tiene suficiente interés y relevancia, así que deberá pagar 1.000 euros según la sentencia. Ahora, planea recurrir al TEDH.
Desde el Comité de Apoyo de Antoine Deltour acaban de decidir que realizarán una donación para apoyar su defensa en esa batalla legal y que distribuirán los fondos sobrantes a organizaciones que trabajen por la justicia fiscal y la defensa de los whistleblowers.
Protegiendo a los denunciantes y luchando contra la fiscalidad agresiva
Deltour reconoce que “ha tenido mucha suerte” en comparación con otros whistleblowers que son despedidos o no pueden encontrar un nuevo empleo tras su filtración, ya que él decidió marcharse libremente, encontró otro trabajo y ha recibido el apoyo del comité, los ciudadanos e incluso de algunos eurodiputados.
Por eso, ahora espera que salga adelante la propuesta de la Comisión Europea encaminada a aprobar una ley que refuerce la protección de los whistleblowers, nacida precisamente a partir de casos como el suyo, y que ahora tiene que ser aprobada en el Parlamento Europeo.
La propuesta reclama el establecimiento de medidas para proteger a los denunciantes: se prevé obligar a empresas y a administraciones a crear canales seguros para garantizar la confidencialidad de los denunciantes, sancionar que los whistleblowers sufran represalias como el despido y exigir que las autoridades nacionales formen a los funcionarios sobre cómo tratar a los denunciantes. “La aprobación de esta Directiva garantizaría vías de recursos y protección para los whistleblowers, recursos de los que Deltour no se ha podido beneficiarwhistleblowers”, comenta López Prado.
“Es obvio que los recientes escándalos de denunciantes son útiles para la democracia [...] Panamá Papers, Cambridge Analytica, Dieselgate… Todos llegaron por denunciantes, así que espero que todos los Estados miembros lo compartan y entiendan y adopten esta Directiva, porque será útil para el debate público”, apunta Deltour.
Además de participar en conferencias para alentar la protección de los whistleblowers, Deltour trabajará también en una organización sin ánimo de lucro que los apoyará en Europa. “Es el final de mi batalla legal, pero continuaré mi implicación en temas fiscales y lucharé por una mejor protección de los whistleblowers”, nos cuenta.
En el ámbito fiscal, el escándalo LuxLeaks que destapó la llamada 'optimización' fiscal de 340 multinacionales también ha tenido algunas consecuencias. De hecho, afectó de lleno al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo en el periodo en el que se firmaron esos acuerdos confidenciales (2002-2010), si bien acabó sobreviviendo a una moción de censura en la Eurocámara.
Además, se adoptaron algunas medidas contra los privilegios fiscales. Por ejemplo, se obligó a que exista un intercambio de información cada seis meses sobre los tax rulings (esos acuerdos entre estados y multinacionales para que estas se ahorraran dinero) con el fin de aportar transparencia e intentar evitar abusos.
Por su parte, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, comenzó a investigar los tax rulings en diferentes países. En 2015, Bruselas declaró ilegales los ventajosos acuerdos de Holanda con Starbucks y los de Fiat con Luxemburgo, exigiendo que cada empresa devolviera entre 20 y 30 millones de euros. Hace tan solo unos meses, la Comisión Europea obligó a Apple a devolver 13.000 millones de euros por ayudas fiscales ilegales en Irlanda y a Amazon a devolver 250 millones de euros por su trato favorable en Luxemburgo.
Ahora bien, más allá de esas reclamaciones, ¿han sido suficientes las medidas tras el escándalo? ¿Cuál es la opinión de Deltour? “[Las medidas] no son suficientes. Hay mucha elusión fiscal en Europa [...] El principal problema con la fiscalidad a las empresas en Europa es una competencia muy intensa entre los Estados miembros que no tiene final, es una carrera de fondo que acabará con unos impuestos cero para las empresas, al menos para las empresas internacionales que pueden mover activos”, opina.
Así que Deltour seguirá luchando por defender aquello en lo que cree, un sentido de la justicia que le llevó precisamente a ser el principal informante del escándalo LuxLeaks. “Los whistleblowers actuamos de forma consciente y es mucho mejor actuar de acuerdo a lo que crees”, afirma Deltour con rotundidad. “Cualesquiera que sean las consecuencias, si decides actuar de acuerdo a tus valores más profundos te sentirás mucho mejor”.
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Las imágenes son propiedad del Comité de Apoyo a Antoine Deltour (1 y 2) y Unión Europea en Perú| Flickr (4)