La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas y diversos juristas expertos en protección de datos han lanzado un formulario para impedir que los partidos puedan crear bases de datos con opiniones políticas de ciudadanos como les permitirá la ley desde mañana.
En un comunicado conjunto, estos colectivos denuncian que la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) permitirá a los partidos recopilar datos personales de opiniones políticas en redes sociales sin necesidad del consentimiento expreso.
Entre los letrados que suscriben la denuncia figuran Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Borja Adsuara, Samuel Parra, Sergio Carrasco y Ofelia Tejerina.
En su opinión, el artículo incluido en la nueva ley da pie a realizar perfiles ideológicos y personalizar la propaganda electoral.
Según el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida, la publicación hoy en el BOE de la nueva Ley de Protección de Datos es “insultante”; precisamente “violan la Constitución el mismo día que la celebran”.
Por su parte, el jurista Borja Adsuara explica que “la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución es prohibir su vulneración y sancionar a los que lo hagan, pero no autorizar su vulneración con las garantías adecuadas”.
A su vez, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, critica el uso de la tramitación parlamentaria de la Ley de Protección de Datos de forma partidista como “tapadera para blindar a los partidos políticos para poder espiar digitalmente a la ciudadanía”.
Según los colectivos denunciantes, “el problema va más allá de la molestia de la propaganda”, dados “los usos ilícitos que se pueden hacer por el hecho de que los partidos tengan en sus manos una lista de personas con sus pensamientos ideológicos”, explican.
Recuerdan que esto es así porque la disposición final tercera de la nueva normativa de protección de datos incluye un nuevo artículo 58 bis en la Ley Electoral sobre el uso de tecnologías e internet con fines de propaganda electoral “saltándose las medidas garantistas del propio Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)”.
Con un formulario colaborativo disponible en los sitios web de las asociaciones denunciantes para que rellenen los ciudadanos se pretende impedir el rastreo ideológico por parte de los partidos, explican.
Mediante este documento, los ciudadanos pueden solicitar el acceso a los datos personales que obren en las bases de datos de los partidos, pidiendo que se indique su origen “y los tratamientos a los que se han visto afectados, en especial la creación de cualquier tipo de perfil y el resto de información recogida en el artículo 15 del RGPD (Reglamento Europeo de Protección de Datos)”.
Junto a ello se ejerce mediante este escrito, el derecho a oponerse al tratamiento de esos datos “teniendo en consideración que no se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 6 del RGPD para que sea lícito” dicho tratamiento.
Del mismo modo se manifiesta la oposición “a cualquier almacenamiento o tratamiento de datos personales mediante perfiles ideológicos, por estar expresamente prohibida la creación de bases de datos de opiniones políticas por el artículo 9 del RGPD”
Finalmente se requiere a proceder a la supresión de cualquier dato personal y que se “notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada”.
Además, “en el supuesto de que dichos datos se encuentren almacenados en una base de datos de perfiles ideológicos” se solicita expresamente “la destrucción de dicha base de datos, por ser manifiestamente ilícita”.