El Boletín Oficial del Estado (BOE) se encuentra entre las páginas oficiales que Google desindexa con más frecuencia con motivo del derecho al olvido de toda Europa y, con 4.066, es con diferencia sobre la que más reclamaciones ha recibido de España. Según las estadísticas publicadas por el buscador la pasada semana analizando los tres años de existencia de este derecho, se han eliminado las referencias a 724 publicaciones del boletín.
En total, Google ha eliminado de sus resultados de búsqueda unas 900.000 urls en todo el mundo, de las que un 18% son noticias y solo un 7% son páginas gubernamentales. Este porcentaje se dobla en el caso español, donde las webs con información oficial suponen un 14% del total de páginas desindexadas. Las noticias, un 15%. El desindexado no supone que estas publicaciones desaparezcan permanentemente de la red, sino que Google las pone en una lista negra y dejan de aparecer en sus resultados de búsqueda. Dado que este buscador es el medio de acceso a todo Internet más común tanto en España como en el mundo, su desindexación supone, en la práctica, su desaparición de las redes.
El hecho de que el BOE sea una de las páginas contra las que Google recibe más reclamaciones de toda la UE no ha supuesto una sorpresa para los expertos. “Es un derecho que nos inventamos nosotros”, explica Pablo García Mexía, vicepresidente del capítulo español de Internet Society. “Fue un ciudadano español quien llevó a Google a los tribunales pidiendo que retirase una información. Luego la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recogió su reclamación y fue muy beligerante, ya que propugnó en las instituciones europeas la creación del derecho en sí y que fuera más allá de las medidas de protección tradicional, como es el derecho al honor. Un ciudadano español involucrado, la AEPD involucrada, Google España involucrado… Todo eso ha hecho que el olvido sea muy popular en España, por más que ponga en riesgo el derecho a la información”, afirma Mexía, doctor en Derecho y letrado de las Cortes Generales.
Los juristas consultados por este medio coinciden en que el derecho al olvido puede tener aspectos positivos para las personas que ven asociado su nombre a publicaciones antiguas o desfasadas, como un proceso de quiebra ocurrido hace décadas. No obstante, opinan que tres años después de su creación, sigue suponiendo una amenaza demasiado grande para la libertad de información y está generando abusos e intentos de reescribir la historia. “Yo no lo habría creado nunca. Es un derecho que puede ser útil en determinadas circunstancias pero que se paga a un precio demasiado caro”, denuncia Mexía: “El coste que acabas pagando es altísimo para las libertades y en forma de abusos de sinvergüenzas, que para ser claros, están intentando masivamente que su pasado corrupto o delictivo desaparezca de las redes”, continúa.
Joan Barata, asesor en materia de libertad de información para organismos internacionales como el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, señala que uno de los problemas del olvido tres años después de su creación radica en que “la protección del derecho a la información cuando se trata de asuntos de interés general todavía no está garantizada”. “Estamos poniendo en manos de Google el poder de decidir en un momento dado si facilita o no el acceso a una información, haciendo un juicio que le correspondería a un tribunal”.
La industria del olvido
Los ciudadanos españoles pueden pedir a la AEPD que tutele su caso en los tribunales si Google no admite en primera instancia su reclamación. Contactado por este medio, dicho organismo oficial se ha negado a comentar las cifras publicadas por el buscador y el hecho de que los ciudadanos estén reclamando masivamente la retirada de información pública del BOE, indicando que no valorará datos publicados por terceros. No obstante, ha asegurado que el olvido es un “derecho asentado” y con una “interpretación bastante acotada”, poniendo como prueba de ello su inclusión en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en vigor en mayo.
Sobre esta cuestión, Barata adelanta que el Reglamento no supondrá un gran cambio. “Convierte en norma lo que antes era simplemente jurisprudencia, pero la excepción al olvido por el derecho a la información está redactada de una manera muy vaga. Entre los tribunales, reguladores, y mucho menos los buscadores, el criterio todavía no está claro y todavía estamos viendo decisiones muy contradictorias en función del país y del órgano que dirime”. Tampoco ve una ventaja en la participación de las agencias de protección de datos en el proceso, ya que su prioridad es, lógicamente la proteger la información privada: “Seguramente no sean las entidades más dotadas para hacer un equilibrio correcto entre el derecho a la libertad de información frente y la protección de datos”.
Según los datos suministrados por Google, las mil personas o empresas que más reclamaciones de olvido han elevado (aproximadamente un 0,25% del total de reclamantes) son responsables del 14,5% del total de peticiones y del 20,8% de de urls desindexadas. “Quien está gastando fortunas en limpiar su historial son precisamente narcotraficantes famosos. Gente que fue condenada por delitos muy gordos y que son los que ahora están empujando el próspero negocio del blanqueo de historiales delictivos”, denuncia Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.
Almeida señala que aunque siempre es más peligroso el desindexado de las páginas de medios de comunicación (a los que Google no avisa de las decisiones sobre sus propias publicaciones) por su papel en la construcción de la opinión pública, dificultar el acceso a información del BOE impide la trazabilidad de determinadas personas. “Gracias al BOE, por ejemplo, podemos saber quién ha sido indultado y quién no. Es la única manera de saberlo. También en otros casos muy importantes como los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado condenados por torturas”, revela.
Confirma lo afirmado por el abogado Eva Belmonte, periodista autora de El BOE nuestro de cada día, donde saca a la luz los datos relevantes publicados en el boletín entre las toneladas de información oficial. “Hay algunos casos en los que es razonable y está justificado que desaparezca cierta información, porque por ejemplo hasta hace un año se publicaban en él las notificaciones de Hacienda cuando no habían sido capaces de notificártelo en persona. Hay mucha información personal, pero también información muy relevante”, expone.
eldiario.es ha solicitado a Google los datos agregados sobre las publicaciones del BOE desindexadas para comprobar su antigüedad o el tipo de información que recogían, pero el buscador se ha negado a hacerla pública.
Europa, ejemplo para Rusia y Turquía
La reclamación del ciudadano español a Google que terminó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya decisión en 2014 sentó la jurisprudencia que creó el derecho al olvido, ha inspirado legislaciones similares en países con un compromiso dudoso con la libertad de información como Turquía y Rusia.
Tan sólo un año después del fallo del TJUE, Vladimir Putin ratificaba una ley para permitir a los rusos desindexar contenidos de los buscadores bajo el pretexto, entre otros, de que sea “información sin verificar”. Organizaciones como Global Voices han atestiguado que la legislación rusa está sirviendo para proteger a políticos de informaciones dañinas para su imagen y borrar el rastro de determinados aspectos de su pasado.