Bruselas abre expediente a España por el retraso en la vigilancia de los gigantes digitales

La Comisión Europea ha informado este martes a España de la apertura de un procedimiento de infracción por no otorgar suficientes poderes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que fiscalice las actividades de las grandes tecnológicas. La fecha máxima para dotar al organismo de las capacidades especiales de supervisión que incluye ahora la normativa europea era el 17 de febrero de este año.

La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), aprobada por la UE en 2022 y adaptada por España en 2023, plantea la creación de un regulador especial para los gigantes digitales. Este organismo dispone ahora de “amplias facultades de supervisión, investigación y sanción” sobre estas compañías, a las que puede solicitar acceso a sus bases de datos, a sus algoritmos de recomendación de contenidos y publicitarios y ordenar inspecciones. De hallar irregularidades, podría multarlas con hasta el 6% de su facturación anual mundial.

La normativa designa a su vez a una veintena de plataformas que, por su tamaño, deberán asumir medidas de control más específicas. Son los Google, Microsoft, Meta, X, Amazon o Apple, pero también los Aliexpress, Booking, Temu, Zalando o Wikipedia, que tienen que establecer puntos de contacto para que las autoridades y los usuarios puedan establecer comunicación con ellas o “ser transparentes en lo que respecta a la publicidad, los sistemas de recomendación o las decisiones de moderación del contenido”, detalla la Comisión.

El Ministerio de Transformación Digital designó en enero de este año a la CNMC como la institución que se encargaría de esas funciones en España. “El Reglamento se orienta a prevenir las actividades ilegales y nocivas en Internet, garantizar la seguridad de los usuarios y crear un entorno digital más seguro, transparente y predecible para los ciudadanos y las empresas”, destacó entonces el Ministerio sobre el objetivo de esta nueva ley comunitaria.

Sin embargo, casi un año después, el Gobierno no ha modificado el estatuto de la CNMC para atribuirle esas nuevas competencias de manera efectiva. En la práctica, el organismo aún no cuenta con las facultades para iniciar la supervisión especial que le atribuye la Ley de Servicios Digitales.

La situación ha motivado que Bruselas incoe expediente a España, el único país junto a Bélgica, Países Bajos y Polonia que aún no ha designado un coordinador de servicios digitales o no le ha empoderado para llevar a cabo la función que le asignan ahora las leyes europeas. España tiene dos meses para responder y abordar las deficiencias señaladas por la Comisión. Si no hay una respuesta satisfactoria, la Comisión puede llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El tribunal europeo sería quien valoraría los detalles del retraso y si se imponen multas o congelación de fondos europeos destinados a España por el fallo a la ahora de aplicar las normas comunitarias. elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Transformación Digital por la apertura de este expediente, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta información.

Retraso en los “alertadores fiables”

El retraso a la hora de facultar a la CNMC para su nuevo rol no solo implica una dilación en sus labores como supervisora especializada de las tecnológicas. También paraliza la creación de la cadena de vigilancia para estas compañías que plantea la Ley de Servicios Digitales y que va más allá de los despachos del propio organismo.

Uno de los eslabones de esa cadena son los conocidos como “alertadores fiables”, entidades con conocimientos especializados en la detección de determinados tipos de contenidos ilegales. A estas la DSA les otorga un papel crucial, puesto que tienen la facultad de emitir avisos de alta prioridad ante los nuevos reguladores.

Los encargados de seleccionar a los “alertadores fiables” de cada país son los coordinadores de servicios digitales, es decir, los organismos encargados de las funciones que en España tendrá la CNMC. Otros países ya están designando a sus primeros alertadores entre organizaciones dedicadas a la detección de pornografía infantil, por ejemplo. Una designación que en España se encuentra en suspenso debido al retraso en la adjudicación de capacidades a la CNMC.