Los dos dueños de una productora de pornografía online Girls Do Porn, uno de sus actores y otra trabajadora podrían pasar el resto de su vida en prisión por engañar sistemáticamente a las protagonistas de sus vídeos. Hasta 22 mujeres de entre 18 y 22 años les acusan de coaccionarlas para que aceptaran ser grabadas manteniendo relaciones sexuales sin informarlas de que esos contenidos iban a ser redistribuidos a todo el mundo por Internet. Su denuncia, interpuesta en 2016 en un juzgado de San Diego (California, EEUU) se hizo pública en junio, la justicia decretó una vista oral para ese mismo mes y el pasado viernes ordenó la detención de los cuatro individuos presuntamente autores de los hechos (uno de los cuales sigue en busca y captura), pero los vídeos de esta productora siguen disponibles en las principales webs porno del mundo.
Según las víctimas, la estrategia de Girls Do Porn era colgar anuncios de empleo como modelo para chicas jóvenes. Cuando las mujeres contestaban al anuncio expresando su interés, se les informaba de que el trabajo consistía en rodar escenas porno. Se les aseguraba, eso sí, que esos contenidos se incluirían en DVDs que se venderían a “coleccionistas privados” en tiendas especializadas de Australia y Nueva Zelanda, como reveló una investigación de la cadena estadounidense NBC.
A pesar de lo que se les había prometido, las escenas porno se colgaban en Pornhub, una página porno que se encuentra entre las más visitadas del mundo (con unos 100 millones de usuarios diarios ocupa el número 45 en el ranking mundial y el puesto 20 entre las webs más consultadas desde España ). Los abogados de las 22 demandantes aseguran que han contactado con las mujeres que aparecen en los vídeos de Girls Do Porn y que un centenar de ellas ha expresado haber sufrido la misma práctica por parte de la productora.
Pornhub mantenía un acuerdo con Girls Do Porn para utilizar sus contenidos como reclamo para conseguir suscriptores de pago a su plataforma, lo que permitía a la productora hacerse con parte de esos beneficios. La web porno cesó el trato preferente con Girls Do Porn en agosto, pero mantuvo su canal oficial activo, lo que le permitía seguir rentabilizando sus vídeos. A su vez, eliminó los vídeos en los que aparecían las demandantes, que en algunos casos habían estado activos tres años. No ha sido hasta este lunes, tres días después de que la justicia ordenara detener a su cúpula, cuando Pornhub ha bloqueado definitivamente el canal de Girls Do Porn.
El veto, sin embargo, no llega mucho más allá: Pornhub ha censurado el canal de la productora pero no sus vídeos, que han sido compartidos innumerables veces por usuarios independientes. Los contenidos de Girls Do Porn siguen disponibles tanto para los usuarios de Pornhub como de otras webs porno como Xhamster, que ocupa el puesto 19 entre las webs más visitadas de España.
“Según los registros financieros, las páginas web han generado más de 17 millones de dólares de ingresos”, ha afirmado el Departamento de Justicia de California en el comunicado en el que informa de la orden de detención contra los presuntos autores de los hechos. Les acusa de tráfico sexual ilegal, coacción y fraude. Si son encontrados culpables se enfrentan a una pena mínima de 15 años de prisión. Las penas máximas les llevarían a pasar el resto de su vida bajo custodia y la obligación de abonar una multa de un cuarto de millón de dólares.
La no-ficción del casting porno de Girls Do Porn
Girls Do Porn explotaba una narrativa de éxito en la industria del porno online. Se trata de fingir que la actriz que aparece en el vídeo no es una profesional, sino que ha acabado ahí por un casting o una situación similar. La industria segura que no es más que una ficción y que, pese a desempeñar ese papel, las actrices conocen y consienten la grabación porno. No ocurría así en el caso de Girls Do Porn, afirma la denuncia.
Según el testimonio ante el juez de las víctimas, en el primer contacto de los individuos imputados con las mujeres se les ofrecía 300 dólares por un trabajo de modelo de ropa en el que aparecerían vestidas. Más tarde se desvelaría la oferta real: 5.000 dólares por tener relaciones sexuales frente a una cámara.
Una de las denunciantes rememoró en el tribunal que pese a que no contestó al ofrecimiento, uno de los dueños de la productora, Michael Pratt, recurrió al engaño para volver a llamar su atención. “Siguió insistiendo para que escuchara su otra oferta”, testificó. “Dijo que serían treinta minutos de sexo, serían 5.000 dólares... dijo una y otra vez que no estaría online, que no estaría online, que los vídeos solo estarían en DVD en Australia y otros países. Le pregunté si podía hacer otro tipo de trabajos como modelo y me dijo que no”.
“No estaba interesada en hacer porno. Creía que estar en una [película] porno podría afectar tu futuro, tus oportunidades laborales y cómo te ve la gente”, afirmó la misma denunciante. “Pero él seguía diciendo que nadie lo descubriría porque no estaría online”. La mujer explicó que Pratt le proporcionaría una lista de 200 mujeres que podrían corroborar que los vídeos no se subían a Internet y reservó su vuelo a San Diego sin que ella diera su visto bueno con la excusa de que siempre podría echarse atrás.
España: bloqueo de contenidos
¿Podría darse una situación parecida en España, con los vídeos de las denunciantes disponibles en la red durante años? “Existen diversas herramientas legales”, explica a eldiario.es la abogada experta en violencia de género Laia Serra, “pero siempre es difícil retirar contenidos de la red”. “Aquí habría que analizar el nivel de engaño y abuso que pudo haber a la hora de firmar el contrato. En función de ello y del contenido de los vídeos, podrían considerarse delictivos, y el juez de instrucción podría pedir la retirada o la prohibición de acceso cautelar”, detalla.
“Si los hechos fueran considerados atentatorios del honor, la intimidad o la propia imagen, el juez civil también puede ordenar la retirada cautelar. Además, la legislación administrativa, del audiovisual y de la sociedad de la información, también prevén la prohibición de divulgar contenidos discriminatorios hacia las mujeres”, continúa la letrada.
La autoridad española cuenta también desde el mes de septiembre con un mecanismo para bloquear este tipo de contenidos por vía administrativa. El Gobierno dotó a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) de los recursos y la capacidad de exigir a los proveedores de servicios digitales que impidan el acceso a un contenido de tipo sexual o violento que haya sido subido a Internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.
Se trata de un “canal prioritario de denuncia” que permite a la Agencia, organismo independiente y con capacidad sancionadora, elevar órdenes administrativas para censurar vídeos como el de la víctima de la manada. Mar España, su directora, aseguró durante la presentación que el objetivo es poder retirar contenidos como esos en menos de 24 horas si los técnicos de la AEPD estiman adecuada la petición del o la denunciante.