El filtrador despedido tres veces del mismo puesto por denunciar tratos de favor en Aena

Juan J. R. es un técnico de operaciones aeroportuarias que ha sido despedido tres veces por señalar irregularidades y tratos de favor por parte de Aena con algunas compañías aéreas. Su primera expulsión ocurrió en 2009 y desde entonces, pese a que los tribunales le han dado la razón en varias ocasiones, no ha vuelto a trabajar un solo día. Su caso ejemplifica la situación de los whistleblowers en España, el único país de la OCDE que no protege, ni mediante una ley específica ni mediante el articulado de otras leyes, a los denunciantes de corrupción. 

Juan fue contratado en 2007 por Ineco, empresa pública participada por Aena (ahora Enaire, tras su cambio de denominación en 2014) que se encarga de la consultoría en materia de infraestructuras, dependiente del Ministerio de Fomento. Fue asignado a un centro de trabajo de Aena como gestor aeronáutico. Su misión era monitorizar el uso de los slots aeroportuarios, las franjas de tiempo que las compañías reservan en los aeropuertos para despegar y aterrizar sus aviones. Menos de dos años después, prepara un expediente contra Ryanair que, asegura, sus superiores guardaron en un cajón cuando la compañía amenazó con abandonar Barajas.

Se trata de años difíciles para Aena y Fomento. La debacle provocada por otra compañía low cost, Air Madrid, todavía estaba caliente y en los tribunales. El 15 de diciembre de 2006 esta compañía declaró el cese de sus actividades ante la inminente suspensión de su licencia para operar debido a sus constantes averías y retrasos. La quiebra de Air Madrid dejó en el limbo a 130.000 pasajeros que habían comprado billetes de ida y vuelta, 120.000 de ellos en Latinoamérica. El Gobierno tuvo que actuar para rescatarlos, fletando aviones y movilizando aeronaves militares.

El coste total de la operación ascendió a casi 7 millones de euros. La justicia eximió a la compañía de reintegrar esa suma a las arcas públicas. El modo en que se gestionó esta situación fue el primer motivo de alarma para Juan.

“¿Qué hacía Air Madrid y muchas otras compañías y les ha permitido Aena? Saltarse completamente la regulación de los slots. Por ejemplo, querían salir a las 9 de la mañana, pero el slot que tenían autorizado era a las 7. Las compañías preparaban el avión a las 7, pero ponían excusas como que el pasaje no había llegado o que había habido una rotación de la tripulación, y lo iban retrasando hasta las 9, que era la hora a la que habían vendido sus billetes a los pasajeros. Luego utilizaban su poder para despegar a la hora que querían aunque no fuera la autorizada”, explica Juan J. R. en conversación con eldiario.es.

“Air Madrid utilizaba esa práctica, pero también otra, que era operar sin slot directamente. Esto le supuso la apertura un procedimiento sancionador por el Director General de Aviación Civil que luego fue ocultado al juez en la tramitación de la querella. Lo ponían a una hora y operaban, y gracias a sus contactos conseguían despegar y aterrizar”, detalla el whistleblower. 

Tras ser testigo directo de esta situación, llegó el choque cuando inició un expediente contra Ryanair. “Desde el verano de 2009 tenía preparada una denuncia contra Ryanair por infracciones en el aeropuerto de Alicante, en la que primero se me obliga a suprimir vuelos infractores y luego se mete en un cajón. En Alicante, Ryanair tenía más del 90% de las operaciones y si se la denunciaba, se podía marchar del aeropuerto (uno de los nueve de la red de Aena que tenían beneficios en un momento en que se estaba estudiando su privatización)”, relata Juan.

“Por otro lado, se perseguían algunos de los comportamientos infractores en determinados aeropuertos como el de Barcelona (como si se quisiera evitar su crecimiento) pero se obviaban arbitrariamente los cometidos en otros que eran numéricamente más importantes”, mantiene.

Denuncia y despido 

Su “insistencia para que se diera curso a la denuncia” termina con un traslado. Ineco lo saca de la gestión de los expedientes sancionadores en Aena y lo destina a sus oficinas centrales. “Me dijeron que necesitaban urgentemente mis conocimientos en materia de slots aeroportuarios. Cuando llego a la oficina descubro que es mentira y lo relaciono con la paralización de la denuncia de Ryanair”. En un cruce de correos eleva una queja al que era su superior en Aena y le recuerda que dejó una denuncia preparada antes de salir de la entonces empresa pública.

Este alto ejecutivo de Aena le reprocha su actitud y le emplaza a no volver a entrar en contacto con él, despidiéndose de la siguiente forma: “Te deseo toda la suerte del mundo (y que incluye el que tengas la capacidad de reflexión suficiente para darte cuenta de algunas cosas que solo te perjudican a ti y a tu entorno)”. Dos horas más tarde Juan recibe una llamada de teléfono del departamento de Recursos Humanos de Ineco y es despedido de forma inmediata.

Comienza entonces una batalla judicial que sigue librándose nueve años después. Aquel primer despido fue considerado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2012, que obligó a Ineco a readmitir al denunciante por haber vulnerado sus derechos fundamentales. No obstante, no llega a reincorporarse, puesto que la empresa pública lo despide de nuevo a los pocos días de su reingreso mientras tramita, supuestamente, sus nuevos pases de seguridad para entrar en los edificios de Aena. Ese despido vuelve a ser considerado improcedente por el TSJM en 2016, debido a que Juan había sido elegido delegado sindical por CCOO.

La empresa acata la sentencia pero pide a Juan que no acuda a puesto de trabajo alguno, puesto que va a recurrirla. Aún así, lo despide por tercera vez, esta vez alegando que su contrato con Aena ha finalizado y no tiene un empleo para él. Este tercer despido también es impugnado y actualmente el proceso judicial está abierto. 

Este medio ha tenido acceso a numerosa documentación sobre el caso así como a las sentencias citadas. Ineco ha rechazado el ofrecimiento de eldiario.es de participar en la elaboración de esta información, alegando que no se posicionará mientras haya un proceso judicial abierto. Fuentes oficiales de la empresa pública, sin embargo, han querido recalcar que ninguna de las sentencias ha entrado al fondo de las denuncias de Juan J. R. y solo han dirimido sobre su situación laboral.

Una protección atrapada en el Congreso

Pese a tener dos sentencias de tribunales superiores de justicia a su favor, Juan lamenta que el único que ha sufrido las consecuencias de denunciar las irregularidades y tratos de favor de los que fue testigo ha sido él: “El único represaliado soy yo. El resto de intervinientes en esta historia están trabajando. Todos. Mi objetivo final no es sacar nada distinto a tener mi trabajo. Un trabajo en el que me he formado. Tengo 43 años y llevo nueve sin poder trabajar”.

El denunciante explica que ha utilizado ese tiempo para seguir formándose, pero dado el círculo de empresas públicas que maneja su sector, teme que Ineco siga utilizando estratagemas legales para mantenerlo fuera del mercado. Mientras, la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes sigue empantanada en el Congreso, dos años después de llegar a la cámara. 

En este momento los partidos siguen negociando varios aspectos de la norma, como los detalles del organismo regulador que debe supervisar que denuncias como la de Juan no puedan ser aparcadas por los superiores de los whistleblowers y lleguen a investigadores independientes. Organizaciones de la sociedad civil que están impulsando las conversaciones, como la Plataforma por la Honestidad, han denunciado recientemente el hermetismo de los partidos para informar del avance de la negociación y temen que la ley, presentada en un primer momento por Ciudadanos, haya sido utilizada como un simple reclamo electoral.