En el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2013 se aprobó la Agenda Digital para España cuyo contenido puede descargarse en formato pdf de la web http://agendadigital.gob.es. No comentaré el contenido de la agenda, salvo lo estrictamente necesario, ya que tienen ustedes un buen resumen ejecutivo y de fácil lectura en las páginas 4 a 10 del texto gubernamental (PDF), al que me remito.
Lo que me interesa es centrarme en el uso de la tecnología digital como herramienta de participación ciudadana, para lo que utilizaré este caso como ejemplo.
Permítanme que previamente tenga que extenderme en algunas cuestiones descriptivas.
La Agenda no es una norma jurídica sino que simplemente se trata de un marco de referencia que el gobierno entiende apropiado para explicar su política. Se trata de un texto no obligatorio, lleno de buenas intenciones, y que si no se cumple no hay ninguna consecuencia y para cuya elaboración se han seguido las siguientes etapas:
− El primer paso público dado por nuestro ejecutivo fue la instalación en julio de 2012 de la web http://agendadigital.gob.es.
− Desde el 25 de julio al 30de septiembre de 2012, las personas interesadas en este tema pudieron participar a través de un foro o enviando correos electrónicos.
− Con dichas participaciones ciudadanas se elaboró un documento que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria presentó el 27 de diciembre de 2012 ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.
− Finalmente, se aprobó la Agenda Digital en el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013.
El Ministerio definió previamente seis categorías para las que propuso 210 medidas, recibiendo 178 propuestas. Se desconocen, por no hallarse en la web, el número de correos electrónicos que se recibieron y las propuestas que incluían.
Las categorías definidas en la web fueron las siguientes: (1) Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, (2) Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española, (3) Mejorar la e-Administración, (4) Reforzar la confianza en el ámbito digital, (5) Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y (6) Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.
Una vez descritos los hechos, nos interesa reflexionar sobre algunas cuestiones que creo podemos inferir de los mismos. Si bien se está promoviendo la participación para la Agenda Digital de España hasta el año 2020 en un medio que quedaría afectado por la discusión, el número de propuestas realizado por los participantes fue de 178. ¿Es ésta la medida de la participación ciudadana en la planificación de políticas que nos afectan? La propuesta de participación para tomar medidas en los campos estratégicos del desarrollo de la economía digital, de mejora de la e-Administración, del refuerzo de la confianza en lo digital y de promoción de I+D+i genera 178 respuestas.
Sobre las razones del número de esta participación sólo podemos especular. Los motivos pueden ser muchos y de diversa naturaleza. Las preguntas que quedan en el aire también son múltiples: ¿Se ha hecho suficiente publicidad de esta propuesta de participación? ¿Hay una desconfianza ciudadana a participar en iniciativas institucionales? ¿Constituye una herramienta útil el formato web cuando de lo que se trata es de hacer propuestas? Tal y como hacen los hacktivistas, ¿se deben realizar reuniones presenciales además de utilizar los formatos web en las consultas públicas a la ciudadanía?
El hecho de que una administración pública realice en el proceso de participación una selección previa de 6 categorías en las que unilateralmente señale las 210 medidas sobre las que versen los comentarios, supone ya una elección que enmarca conceptualmente el debate. Puede observarse que ninguno de los apartados elegidos corresponde al software libre sin que se hagan explícitas las razones que subyacen a las medidas seleccionadas. Es ampliamente conocido que la elección del marco del debate tiene efectos drásticos en el resultado del mismo. Pero esta cuestión no ha de significar mala fe sino que peor solución hubiera sido partir de cero ya que entonces se hubiera podido eternizar el debate. Soluciones intermedias tales como permitir la propuesta de nuevas categorías hubiera podido resultar interesante.
No sólo la elección del marco del debate y su división en categorías es relevante para que exista una correcta participación ciudadana. La falta de utilización en esta iniciativa de las demás lenguas del Estado en algo que nos afecta a todos supone un olvido en este caso impropio de la importancia del debate político en juego.
Cuestión diferente sería la necesidad de una lingua franca en la que debatir, pero sería interesante sopesar que en este tipo de iniciativas participativas, el gestor de contenidos de la web permitiese el uso de todas las lenguas del Estado, al igual que la web de la Moncloa.
En la iniciativa sobresalen puntos en los que la información es inexistente. Podemos encontrar los siguientes:
− Se desconocen cuántos correos electrónicos fueron enviados y cuáles fueron las propuestas que incluían los mismos.
− Se desconocen las versiones del documento y las personas que participaron en su redacción a lo largo de las sucesivas fases.
− No se halla publicado en la web el documento antes de introducir las propuestas realizadas por la ciudadanía, por lo que no puede conocerse el impacto de sus aportaciones.
− No se halla publicada en la web la versión que se entregó en el Congreso de los Diputados.
− Se desconoce si después de la comparecencia en el Congreso se realizaron modificaciones.
Nos hallamos en estadios incipientes de desarrollo de procesos de participación, por lo que la iniciativa comentada es encomiable. No obstante, se puede perfeccionar y de ahí los anteriores puntos. La transparencia en el ejercicio del derecho de participación ha de cumplir una serie de requisitos en el entorno de cada tecnología, no siendo los mismos si se trata de una escritura en papel o en lo digital. En éste último, la tecnología del hiperenlace permite la trazabilidad del dato sin salir del entorno, lo que implica transparencia y una redefinición del concepto clásico de la isegoría sobre el que asentar la e-democracia.
La transparencia, en la tecnología actual a nuestro alcance, significa habilitar los sistemas de publicación en web necesarios para que se evidencie no sólo la ratio decidendi sino los datos en los que se fundamenta. Parafraseando un conocido aforismo que aplicamos en los procedimientos ante la jurisdicción civil, quod non est in web non est in mundo, lo que no está en la web no está en el mundo. La ausencia de un dato en la web implica quebrar el tracto que necesitamos para conocer si la decisión política se ha tomado de una forma válida. Merece la pena analizar la familia documental que el consorcio W3C dedica a la trazabilidad del dato.
Y en lo que respecta a la redefinición de la isegoría, quién sea el sujeto que trate los datos puede implicar una redistribución del poder en una sociedad. El modelo del Estado contemporáneo está en plena mutación sin que sepamos todavía ni todas sus derivas ni la dirección final. Pero si de lo que se trata es de señalar principios, es fundamental la transparencia en el origen de la información documental utilizada por las administraciones y en los cambios de los documentos, señalando el autor de tales cambios, mediante la implantación de herramientas como las utilizadas para el control de versiones que utilizamos en la producción de software libre.
De esa manera, podremos reivindicar la igualdad en la excelencia (isegoría) entre la documentación producida por los poderes públicos y la producida por los administrados cuando de lo que se trate es de participar, sin que se nos limite mediante la elección previa de categorías, de formatos web donde la incomodidad para la escritura es norma, y donde poder conocer quién escribió cada parte de un documento deje de ser una tarea mística para comenzar a ser un procedimiento habitual.
Por último, sería muy interesante conocer el coste económico de la iniciativa que se ha llevado a cabo en la confección de la Agenda Digital. Supondría contar con un elemento fáctico cuyo conocimiento sería muy necesario para la implantación de políticas públicas. Determinar en la medida de lo posible el número de funcionarios intervinientes, el coste de las licencias de software utilizadas, el consumo de electricidad de los servidores, el tiempo ocupado en estas cuestiones o cualesquiera otros datos relevantes, sería de gran ayuda para, en palabras de la Agenda lograr «incrementar la eficacia y eficiencia de nuestras Administraciones y optimizar el gasto público, manteniendo al mismo tiempo unos servicios públicos universales y de calidad».