El litoral español no está preparado para los escenarios que la ciencia prevé que pueden darse debido al cambio climático y la legislación actual implicaría que ante cualquier desastre el conjunto de los ciudadanos pagaría los daños sufridos por quienes viven o regentan actividades en la costa.
Esta es una de las conclusiones de destacados ingenieros nacionales e internacionales expertos en sistemas costeros durante una jornada sobre el tema que se celebra esta tarde en la Real Academia de la Ingeniería y que culmina con la imposición de la medalla de honor de la misma a Robert Dalrymple, profesor de ingeniería de la Universidad americana Johns Hopkins.
Los ingenieros sostienen que la costa española se encuentra desprotegida frente a dos fenómenos que se avecinan a consecuencia del calentamiento, la subida del nivel del mar y una mayor intensidad en las tormentas; como lo están también la de los países de América Latina y Estados Unidos.
En el caso de España existen tres grandes problemas que de no resolverse implicarán un significativo desembolso del erario para paliar las consecuencias, explica el catedrático de Ingeniería de la Universidad de Granada y director del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales y del Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA), Miguel Ángel Losada.
“En España esperamos que suba el nivel del mar -de acuerdo con datos, no hipótesis, insiste-; tenemos el 75 por ciento del primer kilómetro de la franja costera ocupado frente a ese problema y carecemos del principal elemento de protección de la costa que es los sedimentos de los ríos”, señala.
Esas arenas van quedando atrapadas en las represas que jalonan los ríos, y en muchos casos, como en las de Andalucía, conocidas bien por el profesor Losada, están colmatadas por esos sedimentos hasta en dos tercios de su capacidad.
La situación tiene remedio pero siempre y cuando que los Gobiernos nacional y locales y la sociedad “reconozcan que en la costa hay un problema serio que a largo plazo puede tener consecuencias dramáticas para el país”.
Losada pone como ejemplo de esa situación las cantidades que el Gobierno aportó el pasado año para paliar las consecuencias de las tormentas en el Cantábrico: “aquello se financió como un accidente y no lo es, forma parte de una conducta propia del sistema costero, el problema es que la costa no está preparada”.
Sostiene, además, que la Ley de Costas promovida por el actual Ejecutivo “no sirve para afrontar los desafíos que tiene la costa en tanto que no reconoce sus problemas actuales y futuros”.
“La Ley no habla de algo tan esencial como el balance de sedimentos, que es uno de los problemas más graves que tenemos, porque sin sedimentos el mar erosión, si sube el nivel erosión también y tenemos la costa totalmente desprotegida. Aparte de regular la parte económica de la costa, ese ley tenía que haber regulado la parte territorial”.
Un ejemplo de que prevenir es más barato que curar lo ofrece el profesor Dalrymple en el caso de huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005: si el Gobierno americano hubiera invertido unos pocos millones en infraestructura para evitar esas inundaciones se hubiera ahorrado los catorce mil billones que tuvo que pagar después.
El problema de que los ríos lleguen sin arena al mar dejando la costa desprotegida es común a México y a la mayoría de los países de América Latina, destaca el investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Rodolfo Silva, para quien esta sinrazón es fruto de que “las leyes estén hechas por abogados y no incorporen el conocimiento científico”.
En esa línea, María José Polo, ingeniera hidráulica en la Universidad de Córdoba apunta a que la clave está también una buena gestión de los ríos por parte de los gobernantes que deben garantizar que el ahorro de agua obtenido con la modernización agrícola vaya al río en lugar de a plantar más campos de cultivo.