La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha alertado hoy de que entre 2012 y 2014 los delitos cibernéticos registraron un “incremento espectacular” que ha cifrado en un 210 por ciento, y ha expresado su “compromiso con los derechos de los ciudadanos y la sociedad” para combatirlos.
Madrigal se ha pronunciado así en la inauguración de las segundas jornadas sobre Habeas data y delitos informáticos organizadas por Asociación profesional española de privacidad (APEP) en Madrid.
La fiscal general ha subrayado que la especialización es “clave” para hacer frente a los delitos asociados a las nuevas tecnologías y ha alabado la estrategia nacional de ciberseguridad como pieza “esencial” para la “investigación y la protección ante las ciberamenazas”.
En una mesa redonda celebrada posteriormente, la fiscal de sala del Tribunal Supremo de delitos informáticos, Elvira Tejada, ha destacado que existen “nuevos riesgos” derivados de la “evolución tecnológica” que deben combatirse de forma “eficaz”, pero “no a cualquier precio”.
Tejada ha insistido en que “los principios y valores del Estado de derecho no pueden verse afectados” y ha apostado por “hacer evolucionar el ordenamiento jurídico con la velocidad adecuada”, aunque “sin perder de vista la escala de derechos fundamentales que soporta nuestra convivencia”.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha censurado las “rémoras decimonónicas” que a su juicio perviven en la legislación española sobre investigación procesal y ha reclamado “figuras trasnacionales” para hacer frente a delitos de “carácter global”, como la criminalidad informática.
Velasco ha reiterado que ya se han adoptado algunas medidas que, a su juicio, van en el buen camino, como la tipificación de nuevos delitos, la consideración de que los delitos informáticos pueden ser cometidos personas jurídicas o la introducción de medidas que permiten retirar contenidos de la red por orden de un juez.
En el encuentro también han intervenido el inspector jefe de la comisaría de policía judicial de la Policía Nacional, José Rodríguez, y el comandante de la Guardia Civil responsable del grupo de delitos telemáticos, Óscar de la Cruz.
Rodríguez ha reclamado una regulación normativa específica en materia de dinero electrónico y ha alertado de que los delincuentes utilizan con frecuencia este tipo de monedas para “dificultar la trazabilidad del dinero” logrado a través de la comisión de delitos.
De la Cruz, finalmente, ha explicado los riesgos del “oversharing” -“dar demasiada información en redes sociales sin motivo alguno”- y ha explicado que los datos disponible en la red permiten a los agentes “adaptar investigaciones y dar un mejor uso a los recursos policiales”, especialmente para prevenir delitos.