La ensalada de siglas como ACTA, SOPA, PIPA, CETA, CISPA, TAFTA, HADOPI, Ley LasalleACTACISPATAFTAHADOPILey Lasalle, suponen un galimatías terminológico que puede llegar a aturdir a cualquier lector no vinculado expresamente a la defensa de los derechos y libertades en Internet. Conscientemente, muchos de estos términos enmascaran una letra pequeña de mayor calado que lo que públicamente se comunica.
En términos generales la mayor parte de estos acuerdos internacionales acerca del “comercio” o la “defensa frente al terrorismo” se agrupan en dos categorías muy concretas. Los que buscan garantizar el peso del lobby de la producción y comercialización de contenidos, persiguiendo una piratería frente a la que apenas se ofrecen alternativas o los que alegan la “amenaza terrorista” como excusa para abrir la puerta al espionaje ciudadano saltándose restricciones legales y derechos nacionales.
Escándalos públicos como los que supusieron la negociación de ACTA y su caída tanto en el Parlamento Europeo como en los propios Estados Unidos han servido de oportuno escarmiento para los que pretendían “colar” restricciones a las libertades ciudadanas dentro de acuerdos comerciales. La realidad es que en base a estos acuerdos se pretendía hacer extensivo un cuerpo legislativo capaz de conculcar derechos ciudadanos.
Un acuerdo con letra pequeña
Un acuerdo con letra pequeñaEl Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), es otro ejemplo del nuevo frente abierto en el mismo sentido. De nuevo la propiedad intelectual se esgrime como argumento suficiente para tratar de establecer mecanismos de control de la red. Su impulso inicial, a cargo del presidente de la cámara de comercio de Estados Unidos, Justin Hudges, el mismo que flitrara Wikileaks como uno de los artífices de la presión para la Ley Sinde, sería en su momento filtrado, dejando en evidencia que lo que realmente persigue el acuerdo, enmascarado de “acuerdo comercial” es el endurecimiento y extensión de las políticas de copyright al mayor número de naciones posible.
Ahora mismo se encuentra abierta la ronda de negociación por parte de legaciones de Perú, Chile, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Vietnam, Malasia y Singapur. La fase actual se celebra en Lima, Perú y se encuentra en su 17ª ronda de negociación. Se apunta a que podría estar próxima la fase final de un acuerdo completamente opaco, cuya negociación está llevándose a cabo de espaldas a la ciudadanía y cualquier agente social local. En este aspecto parece que la experiencia pública negativa ha incentivado las prácticas del secretismo.
En su articulado sobre propiedad intelectual se contemplan una serie de restricciones a las libertades y nuevos delitos punibles que rallan en lo absurdo. Así por ejemplo, desbloquear terminales móviles podría extenderse como delito entre los que firmen el acuerdo tal y como está ahora mismo redactado. Asimismo destacan otras medidas que solamente benefician al lobby de la propiedad intelectual como la extensión de patentes, sobre todo en el terreno farmacológico, el intento de impedir las formas de eliminar restricciones de software a nuestros dispositivos digitales, aunque sean de nuestra propiedad, o la extensión del tiempo para pasar a dominio público de las elaboraciones culturales a más de setenta años.
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