Donald Trump por fin ha conseguido llevar su guerra contra las plataformas digitales a un nuevo nivel. Si bien las críticas y las acusaciones de “censura” contra ellas han sido un eje de su discurso político desde que dio el primer paso en su carrera a la presidencia de EEUU en 2016, no ha sido hasta la recta final de su mandato cuando la situación le ha dado la oportunidad de actuar contra ellas, dando el primer paso para cambiar su estatus legal y hacerlas responsables de todo lo que se publica en ellas, se llamen Google, Facebook, YouTube o Twitter.
La ocasión para hacerlo se la brindó Twitter. La red social incluyó un aviso en una de las publicaciones del mandatario, alertando al resto de usuarios de que esta incluía datos falsos sobre el voto por correo e incluyendo un enlace a la información verificada. Trump no perdió tiempo en responder: al día siguiente firmó la “Orden Ejecutiva para Prevenir la Censura Online”. Esta habilita a sus dos administraciones a, por un lado, perseguir a las plataformas por lo que sus usuarios comparten en ellas y, por otro, investigar casos en los que “maltraten” a sus usuarios.
Twitter, lejos de recular en su decisión de intervenir en los mensajes del presidente, lo volvió a hacer al día siguiente. La red social tapó otra de sus publicaciones por violar sus reglas de uso, al considerar que “glorificaba la violencia”. Los usuarios que desearan verla debían hacer click para ello tras leer el “aviso de interés público” de la compañía. “Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”, rezaba el mensaje de Trump, amenazando a los manifestantes en el contexto de las protestas raciales.
El intercambio de acciones entre Trump y Twitter elevó a debate internacional la capacidad de las redes sociales para poner límites al discurso político. La orden ejecutiva de Trump podría ser tumbada por los tribunales. “Twitter ejercía su derecho a la libertad de expresión protegido en la Primera Enmienda de EEUU cuando decidió limitar la visibilidad de un tuit de Donald Trump”, expone Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión miembro del Stanford Center for Internet and Society y asesor de diversos organismos internacionales.
En un debate sobre la regulación de las plataformas y su impacto en la libertad de expresión organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Barata ha explicado que “la Primera Enmienda siempre ha sido interpretada por parte de los tribunales como protección de la libertad de expresión de las plataformas”. “Los usuarios no tienen un derecho de primera enmienda susceptible de ser opuesto al de las plataformas, porque el derecho a la libertad de expresión solo es oponible frente a abusos que puedan venir de los poderes del Estado”, ha detallado.
Es decir: no es Trump como ciudadano contra la “censura” de Twitter. Es la libertad de Twitter para no ser forzado por el presidente de EEUU a “mostrar el tuit de una manera distinta a la que Twitter quiere hacerlo”, ha seguido Barata.
Facebook, entre la libertad y la conveniencia
En el lado opuesto a Twitter se ha situado Facebook, que defiende el no intervencionismo. Esta semana trabajadores y extrabajadores de alto nivel de esta red social han llevado a cabo protestas públicas contra esta política, organizando paros y enviando cartas públicas a los medios de comunicación. “Estoy profundamente decepcionada y avergonzada por la forma en que la compañía se está mostrando al mundo”, afirmó Katie Zhu, ejecutiva de Instagram (propiedad de Facebook).
El debate supera las fronteras de EEUU. La regulación de las plataformas digitales que Trump quiere ahora cambiar ha sido uno de los pilares legales que ha dado forma al Internet actual en todo el mundo. Su modificación también podría tener un impacto global. “Lo deseable sería que hubiese algún tipo de regulación general”, opina Margarita Robles, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada y también presente en el debate de la PDLI.
Robles explica a eldiario.es que en esta cuestión se enfrentan dos modelos a la hora de interpretar la libertad de expresión. La vía estadounidense la entiende de forma mucho más amplia que la europea, que incluye límites como el discurso del odio, consecuencia de la historia política del continente en el siglo XX. “Esas legislaciones, que son dificilmente conciliables, se están aplicando a los mismos sujetos, que son las multinacionales tecnológicas que aunque están residenciadas en un estado, prestan el mismo servicio a nivel mundial”, detalla.
De momento, Facebook calla de forma oficial sobre las presiones de sus empleados y extrabajadores. Su fundador, Mark Zuckerberg, sí ha defendido el por qué de su postura: “Las empresas privadas no deberían ser los árbitros de la verdad”, sostiene. Pero esto, además de una posición política, es un modelo de negocio. Los comentarios extremos y la ausencia de límites a la libertad de expresión (Facebook tolera por ejemplo la negación del Holocausto) suelen generar una bomba de atención y de interacciones. Cada comentario incendiario de Trump es dinero para las redes sociales.
Los jueces, el Gobierno o las plataformas
“En los Gobiernos no podemos confiar para regular la libertad de expresión, pero en las plataformas tecnológicas tampoco. Las plataformas tecnológicas no miran por el usuario, para ellas el usuario es pura mercancía. Su interés es conseguir datos y para eso trabajan”, afirma Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en tecnología y director jurídico de la PDLI.
El jurista recuerda que, en España, la primera regulación sobre la responsabilidad de las plataformas en la publicación de los contenidos de sus usuarios, en la primera década de los 2000, se llevó a cabo en medio del debate sobre las violaciones del copyright en Internet. Al principio, los tribunales españoles fueron partidarios de hacer responsables a las plataformas, pero hubo un punto de inflexión. “Julio de 2011, entrada y registro de la Guardia Civil en la sede de la SGAE. A partir de ese momento todos los jueces rompen sus agendas”, manifiesta. A partir de entonces la jurisprudencia empezó a decantarse por la exoneración tanto a la hora de compartir enlaces (en el caso de los usuarios) como de albergar contenidos (en el de las plataformas).
En 2020, cuando el debate sobre la responsabilidad de las plataformas se reabre, Europa lleva dos años inmersa en una nueva guerra del copyright. Tras unas duras negociaciones y en contra de la posición de los expertos y la sociedad civil, la UE aprobó una renovación de la directiva en esta materia que fuerza a las plataformas a establecer filtros algorítmicos para asegurarse de que nada de lo que se suba a ellas viola los derechos de autor. La directiva deberá ser ahora adaptada por los parlamentos nacionales.
Con este precedente, obligar ahora a las plataformas a perseguir el discurso del odio de los usuarios podría acabar en la imposición de ese mismo tipo de algoritmo, que fueron criticados como una forma de “censura” por numerosas organizaciones. “La posibilidad de imponer una justicia algorítmica es uno de los mayores peligros de nuestro tiempo”, advierte Almeida.