El Gobierno de los EEUU se encuentra en las últimas fases de la investigación federal que mantiene contra YouTube, a quienes acusa de violar la privacidad de los niños menores de 13 años y de recopilar sus datos sin permiso. Alphabet (matriz de YouTube) se enfrentaría a una multa de miles de dólares si finalmente se confirma que se saltaron las leyes de protección a la infancia.
YouTube habría intentado hacer cambios sobre el algoritmo en los últimos meses, según una de las cuatro fuentes con las que ha hablado el Washington Post. Entre esos retoques se incluye la forma en la que el algoritmo recomienda vídeos a los usuarios, niños incluidos, y que la empresa de Google puso en práctica hace varios meses para intentar frenar el abuso y la proliferación de contenidos de odio y violentos. Estas modificaciones no han estado exentas de disputas internas entre directivos de la compañía, según el Post.
Como resultado de esta investigación, YouTube se estaría planteando mover a YouTube Kids todos los vídeos para niños existentes en la plataforma, separando el contenido infantil del adulto. Esto podría ocasionar graves pérdidas económicas para Google, ya que los vídeos infantiles suelen copar las listas de tráfico de la plataforma. Los ingresos por publicidad de cada uno de esos clips también podrían verse resentidos, ya que los anunciantes no pagan igual según se trate de una publicidad para niños o para adultos.
Un reportaje de Bloomberg daba algunas cifras esta semana: ahora sabemos que los niños se cansan de YouTube Kids a los siete años, momento en el que pasan al sitio para adultos (que cuenta con casi 2.000 millones de usuarios mensuales). La plataforma, pensada inicialmente para los más pequeños (hasta los 13 años), no resulta nada atractiva para el público para el que fue diseñada.
YouTube, investigada desde 2015
La FTC (Comisión Federal de Comercio) estadounidense lleva investigando a YouTube desde el año 2015 por la gran avalancha de denuncias realizadas por las asociaciones de consumidores, que aseguran que la plataforma viola los principios federales de protección a los menores de 13 años amparados bajo la Ley Coppa.
En abril, cerca de 20 asociaciones volvieron a denunciar a YouTube ante la FTC: “Google se beneficia inmensamente al emitir anuncios dirigidos a menores y debe cumplir la Ley Coppa. Es hora de que la Comisión haga responsable a Google por su recogida ilegal de información y sus prácticas de publicidad”, exigía Katie McInnis, consejera política de Consumers Union, una de las muchas denunciantes.
YouTube, sin embargo, siempre se ha defendido aduciendo que operan dentro del marco legal de una ley federal de 1998 que prohíbe la vigilancia y el seguimiento a los menores de 13 años. Pese a ello, la empresa no ha conseguido acallar las polémicas que han ido surgiendo en estos últimos años, como la aparición de contenidos que invitaban al suicidio de los menores en mitad de algunos vídeos para niños, los dibujos infantiles en los que aparecían personajes Disney y Marvel manteniendo relaciones sexuales o bebiendo lejía y los reproches de buena parte de la sociedad por permitir a los padres convertir a sus hijos pequeños en youtubers.
¿Medidas estériles?
Aunque la empresa de Google asegura que en estos últimos meses ha borrado “más de 400 canales” y “decenas de millones de comentarios”, los problemas han seguido apareciendo. A principios de mayo prohibieron las afirmaciones directas supremacistas contra grupos protegidos, como mujeres, veteranos y minorías, y prohibieron a los usuarios el negacionismo en temas como el Holocausto o el tiroteo de la escuela Sandy Hook. Tras esto, eliminaron cientos de canales relacionados con la extrema derecha estadounidense.
El pasado marzo también decidieron bloquear los comentarios en aquellos vídeos en los que aparezcan niños o niñas menores de 13 años y obligaron a “un pequeño número de creadores” (como llama la plataforma a todo aquel que posee un canal) a moderar activamente los comentarios de sus vídeos.
Aún es pronto para saber si las medidas han surgido efecto o no, pero YouTube se enfrenta a una más que previsible multa por parte de las autoridades estadounidenses que podría multiplicarse si después del proceso allí rebota en Europa.