El 12 de abril a las dos de la tarde Lauri Love hubo de comparecer en el Tribunal de Magistrados de Westminster. A esa hora los jueces tenían previsto examinar la demanda de Love contra la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen por sus siglas en inglés) que el primero interpuso para que le devolvieran unos dispositivos electrónicos requisados por este cuerpo de seguridad del Reino Unido.
La vista atrajo la atención de un gran número de personas que llenaron la sala donde esta se celebraba, según se menciona en el sitio de la Courage Foundation, entidad que se define como organización internacional dedicada a luchar por los derechos de quienes corren un riesgo considerable por haber contribuido a informar a la opinión pública. Entre los destinatarios de su ayuda, aparte de Lauri Love, se encuentran Edward Snowden, Jeremy Hammond y Barrett Brown.
Love fue detenido en octubre de 2013 como sospechoso de haber pirateado los sistemas informáticos del Gobierno de Estados Unidos entre 2012 y 2013 entre los que se incluyen los del Departamento de Defensa, de la Agencia de Protección Medioambiental, del Departamento de Energía y de la NASA, según informa The Intercept.
Si la desencriptación forzosa se convierte en norma
De acuerdo a lo expuesto en el mismo artículo de la citada revista, la NCA emitió una orden basada en la sección 49 del Acta de Regulación de los Poderes de Investigación (RIPA, por sus siglas en inglés) para que entregara las claves que permitieran desencriptar los archivos protegidos con la aplicación TrueCrypt, almacenados en los dispositivos eletrónicos que la NCA requisó. Lauri Love se negó y como la NCA no “llevó el asunto más lejos”, el hombre, de 31 años, pensó que las fuerzas de seguridad “se habían dado por vencidas en su intento de obedecer este requerimiento”.
Después, Lauri Love decidió demandar a la NCA para que le devolvieran los dispositivos electrónicos de su propiedad que todavía permanecían confiscados. No obstante, la NCA no quería devolverle “su ordenador porque no pueden desencriptar los archivos”, según afirmó la BBC el 20 de febrero de 2015. Pero el asunto, de nuevo, no quedó ahí: la agencia de seguridad británica acudió a los tribunales para que estos dieran la orden a Love de entregar sus claves a la NCA.
Naomi Colvin, activista de la Courage Foundation especialmente dedicada al caso de Love, explica a eldiario.es las implicaciones y la trascendencia del camino escogido por la NCA: “Gran Bretaña ya tiene un mecanismo para obligar a individuos a entregar sus claves bajo la amenaza de una sanción penal: la sección 49 de la RIPA. Pero si la NCA sigue por el mismo camino y los tribunales empiezan a ordenar que se entreguen claves bajo su autoridad general [la de esos tribunales] nos preocupa que ello pueda hacer que la desencriptación forzosa pase a ser un hecho mucho más rutinario”.
Y continúa su razonamiento: “Es importante destacar que a Lauri Love le fue remitida una orden basada en la sección 49 de la RIPA hace más de dos años. Lauri no cumplió entonces esta orden y no ha tenido que afrontar consecuencias por ello. Es preocupante que la NCA intente establecer este precedente cuando ni siquiera siguió con el procedimiento establecido”.
“Presunción de culpabilidad aplicada aleatoriamente”
El artículo publicado en The Intercept recoge unas declaraciones de Lauri Love donde este afirmaba que el requerimiento de la NCA para que entregara las claves que permitieran a la agencia inspeccionar su material encriptado eran “una presunción de culpabilidad aplicada aleatoriamente a los datos”. Colvin se muestra de acuerdo con esta observación y añade que “en suma la posición de la NCA parece ser esta: como algunos de los datos de Lauri se encuentran almacenados en un formato que el Estado no puede leer, esto debe anteponerse a cualquier derecho de Lauri a que le sean devueltos sus ordenadores”.
Según informó a este diario la propia activista de la Courage Foundation, en la vista del pasado 12 de abril se escucharon los argumentos de las dos partes y “la vista total” en la que se examinará la pertinencia de devolver a Love sus ordenadores “será a finales de julio”. Previamente a estas fechas, el 10 de mayo, está fijada una sesión aún más trascendental para Love si cabe, donde se emitirá el fallo acerca de “si el tribunal debe ordenar a Lauri entregar sus claves bajo amenaza de [incurrir en] desacato”. Y concluye: “Si fallan en contra de Lauri, esta sería la primera vez que sucede [algo así] en el Reino Unido”.
Hasta entonces, de acuerdo con lo expresado por Colvin, la Courage Foundation “continuará recaudando fondos para Lauri. Necesitamos 15.000 euros para pagar todos sus gastos legales este año”. Además añade que “hacemos todo lo que podemos para que se quede en Reino Unido”, ya que Estados Unidos solicitó su extradición. Por su parte, la NCA ha preferido no hacer declaraciones sobre el caso a eldiario.es ya que no consideran que sea “apropiado” debido a que se trata de “un procedimiento legal en curso en Reino Unido”. Tampoco ha sido posible obtener respuesta alguna de Karen Todner, la abogada de Lauri Love, en el momento de cerrar esta información.
La desencriptación de archivos por mandato judicial en España
En el caso de España, el quinto punto del artículo 588 que hace referencia a la “Autorización judicial” en la Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) establece que las “autoridades y agentes” a cargo de una investigación podrán “ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria siempre que ello no derive una carga desproporcinada para el afectado” so pena de “incurrir en un delito de desobediencia”.
No obstante, esta “disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que estén dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco y a aquellas que […] no puedan declarar en virtud del secreto profesional”. Ciñéndonos exclusivamente a esta disposición, parece evidente que una persona en la situación de Lauri Love aun conociendo “el funcionamiento” de “las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos” en los sistemas de los dispositivos de su propiedad, no tendría que facilitar las claves para desencriptar esos archivos al entrar dentro de la categoría de “investigado o encausado”.
Una vez la policía obtiene la orden judicial pertinente para acceder a un dispositivo electrónico y al material que contiene, cabe preguntarse si los agentes pueden discernir qué material es necesario para la investigación y cuál no lo es antes de acceder al material encriptado. “Es el juez el que decide qué se aparta y qué no de una investigación, pero claro, primero hay que descifrarlo, con lo cual ahí se van a encontrar de todo”, explica Carlos Sánchez Almeida, socio director de Bufet Almeida, especializado en el ámbito de las nuevas tecnologías, antes de lamentar que “luego, a la hora de la verdad, no lo hacen o lo hacen mal” según él, porque “muchos jueces dejan esto en manos de la policía, les dan autorización para que accedan a todo” debido a que, opina el jurista, “van desbordados”.
El caso Anonymous en España
Para ilustrar esta situación, Sánchez Almeida pone como ejemplo uno de los casos en los que participa como abogado defensor: “Sin ir más lejos, en el caso Anonymous hay conversaciones entre abogados y clientes que no tendrían que estar ahí y que pueden dar lugar a la nulidad del juicio” que se celebrará el próximo día 18 de mayo en Gijón contra aquellos que formaban parte de lo que la policía, tras divulgar la noticia de su arresto el 10 de junio de 2011, decidió denominar “la cúpula” de Anonymous en España.
Sánchez Almeida no ha sido el único que ha expresado esta queja en relación con este caso. El 14 de junio de 2015 David Maeztu, abogado de uno de los detenidos en la operación, aseguró en declaraciones a Diagonal que su nombre “aparece identificado como abogado, es decir, que quienes han transcrito lo grabado sabían que yo era su abogado”.
El mismo periódico afirmó que “las grabaciones fueron retiradas después de que Maeztu lo denunciara ante el Colegio de Abogados”. Sin embargo, una actualización de esa misma noticia unos días después, el 19 de junio, aseguraba que finalmente “Desde La_PaRTS informan de que las conversaciones” entre ese acusado “y su abogado, David Maeztu, siguen incluidas en el sumario que está en poder de la Fiscalía ya terminada la instrucción”. Precisamente la Fiscalía del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón solicitó por esas mismas fechas penas de más de cinco años de prisión y multas que van de los 4.200 a los 5.600 euros para esos presuntos integrandes de Anonymous España.