La Eurocámara avala la primera ley para regular la Inteligencia Artificial
Un paso más para que la Inteligencia Artificial tenga límites legales en la UE. La Eurocámara ha dado el visto bueno a la primera regulación de este tipo del mundo. El acuerdo, alcanzado tras una negociación maratoniana el pasado diciembre, ha salido adelante por una amplia mayoría (523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones).
Prácticamente todos los eurodiputados que participaron en el debate presumieron de haber logrado ser “pioneros” en el impuso a la ley que regulará la Inteligencia Aritificial y que, entre otras cosas, pondrá coto a la generación de contenidos con sistemas como ChatGPT (OpenAI) o Bard (Google), que tendrán que ser transparentes al indicar que si los textos, imágenes o vídeos se han generado a través de esos sistemas y dar los datos a partir de los que se han elaborado para cumplir con los derechos de autor.
Ese fue uno de los últimos escollos de las conversaciones entre la Comisión, el Consejo de la UE y la Eurocámara ante la presión ejercida por Francia, Alemania e Italia, que apostaban por la autorregulación de las tecnologías frente a la posición del Parlamento, que quería una regulación más estricta para combatir los “riesgos sistémicos” que puede acarrerar. La solución fue dar en la norma flexibilidad a la incorporación de nuevos sistemas de una tecnología que está en constante desarrollo. “Es un compromiso histórico y equilibrado que va a saber envejecer bien”, expresó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que aseguró que el texto supone un “buen equilibrio entre la gestión de riesgos y la innovación”.
“Las prácticas inaceptables se prohibirán antes de que acabe el año”, afirmó el socialista Brando Benifei, que fue uno de los ponentes del texto, y puso especial énfasis en las limitaciones de los algoritmos: “No podrá prever si una persona cometerá un delito. Queremos luchar contra la discriminación”. “Decimos basta ya a una Inteligencia Artificial que discrimina a mujeres o personas no blancas en la selección de los currículums”, ejemplificó sobre las limitaciones a las aplicaciones de la Inteligencia Artificial, como los sistemas de categorización biométrica que utilicen características sensibles (por ejemplo, creencias políticas, religiosas o filosóficas, orientación sexual o raza), la extracción no selectiva de imágenes faciales de Internet o de grabaciones de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial; el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en instituciones educativas; o el social scoring (calificación social), entre otras.
La ley de inteligencia artificial, que estará en vigor en 2026, prohíbe en términos generales la vigilancia masiva en espacios públicos a través de sistemas de identificación biométrica (RBI). Su uso con fines policiales tendrá que estar sujeto a una autorización judicial previa y limitarse a un listado de delitos al igual que su uso para la búsqueda selectiva de una persona condenada o sospechosa de haber cometido un delito grave, como terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o un crimen medioambiental. También se podrá usar para buscar a las víctimas de estos delitos.
La futura legislación incluye, además, un régimen sancionador para las empresas que la incumplan y que se enfrentarán a multas de entre 35 millones de euros o el 7% de la facturación global y 7,5 millones o el 1,5% de la facturación, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.
“Será el ser humano el que controla”, expresó el otro ponente, que reconoció que “queda mucho por hacer” dado que la Inteligencia Artificial obligará a “a repensar el contrato social, los modelos educativos, los mercados laborales o cómo se luchan las guerras”. “Este no es el punto de llegada sino el punto de partida”, agregó el liberal de Renew Dragoş Tudorache: “Como padre, con esta ley confío más en el futuro de mis hijos”.
También el eurodiputado del PP Pablo Arias advirtió de que queda trabajo por hacer: “No debemos ser ingenuos, regular no es suficiente. Competimos con Estados Unidos en este sector, un país sin limitaciones regulatorias”. En ese sentido, apremió a ayudar a las pymes, a reducir las barreras administrativas y crear un “ecosistema atractivo” para la financiacion público-privada.
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