Facebook pacta con el lobby financiado por empresas de armas que impulsa la teoría de la injerencia rusa

Facebook ha llegado a un acuerdo con el Atlantic Council, el lobby financiado por las empresas de armas que surten a los ejércitos de la OTAN, para “prevenir” que su plataforma sea utilizada para manipular procesos electorales. “Esto ayudará a incrementar los ojos y oídos que tenemos trabajando en la detección de potenciales abusos de nuestro servicio”, ha informado en un comunicado la compañía fundada y dirigida por Mark Zuckerberg.

Facebook, que se ha negado repetidamente a que expertos independientes o académicos analicen la información sobre la distribución de noticias falsas y propaganda a través de su plataforma, permitirá ahora que lo hagan miembros del Atlantic Council. “Los expertos de su Laboratorio Forense Digital trabajarán estrechamente con nuestros equipos de seguridad, de política y de producto para obtener información en tiempo real de Facebook y actualizaciones sobre amenazas emergentes y campañas de desinformación de todo el mundo”, detalla la compañía.

El Atlantic Council es el centro de estudios que ha promovido la teoría de la injerencia rusa en los países occidentales a través de la propaganda y las redes sociales. En ocasiones sin tener ninguna prueba, como en el caso de España. Pese a ello recomendaron al “Parlamento español, gobierno y agencias de seguridad” españolas impulsar “una campaña de información pública” para “aumentar la conciencia de la población española de las actividades rusas en el país”.

“Para empezar, se podría tratar en un informe parlamentario las lecciones aprendidas en la guerra informativa dirigida sobre la crisis en Cataluña”, proponían en un informe publicado en noviembre de 2017, justo antes de que el Congreso comenzara a albergar debates sobre la presunta injerencia y convocara a expertos a informar, también sin pruebas, de la “guerra informativa” desatada por Putin en torno al proceso soberanista.

Tras esta campaña de presión las Cortes albergaron varios debates donde se trató la injerencia rusa en España. Meses después, The Guardian y The New York Times probaron la influencia que Cambridge Analytica, una empresa británica, había tenido en varios procesos electorales en los que el Atlantic Council solo había apuntado a Rusia, como la victoria de Donald Trump y el Brexit.

Empresas de armas y escalada de tensión con Rusia

El Atlantic Council lo financian un conjunto de multinacionales que se dividen en tres grupos. Uno está formado por la industria de armamento y de alta tecnología militar (Thales, Leonardo, General Atomics o United Technologies) y los contratistas que surten a las fuerzas aéreas de la OTAN (Lockheed Martin, Boeing, Saab o Airbus). El segundo grupo lo forman petroleras y empresas energéticas (Chevron, Total, Eni, Frontera Resources) y el tercero, fondos de inversión con intereses en la alta tecnología, la aviación, la energía o la construcción. En este último grupo está Blackstone, uno de los mayores fondos buitre del mundo.

Los estudios del Atlantic Council se han centrado en los últimos tiempos en defender la utilidad de la OTAN para EEUU y analizar su potencial y ventajas. Dentro de esta narrativa, el lobby ha detallado la escalada de tensión con Rusia y la recoloca como amenaza directa para EEUU y Europa, con la “guerra informativa” y sus intentos de injerencia como una de sus principales nuevas armas.

En su comunicado, Facebook no hace referencia a Rusia, pero recalca que “utilizará la monitorización de la Unidad de Investigación Digital del Atlantic Council durante las elecciones y otros momentos altamente sensibles. Esto nos permitirá enfocarnos en un área geográfica particular: monitorear información errónea e interferencia extranjera y también trabajar para ayudar a educar a los ciudadanos, así como a la sociedad civil”.

La red social encuadra este acuerdo como un paso más en su estrategia para evitar que vuelva a ser utilizada en procesos de manipulación electoral. Un esfuerzo que Zuckerberg está protagonizando con el objetivo de que los poderes políticos no decidan acabar con la autorregulación en la que hasta ahora se ha basado el sector.