Ya hay dos personas que no son del FBI y que saben cómo se desbloqueó el iPhone 5 de Syed Farook, el terrorista de San Bernardino. Solo que, según informa el National Journal, son el republicano Richard Burr y la demócrata Dianne Feinstein, las dos cabezas de la Comisión de Inteligencia del Senado de los EEUU. Según el diario, el FBI les habría ofrecido un briefing con los pormenores de la operación. Además de presidir el único organismo que controla las actividades de las agencias de inteligencia, ambos son bien conocidos en el congreso por su posición a favor de la imposición de puertas traseras en los dispositivos y sistemas de comunicación.
Más todavía: tanto Burr como Feinstein trabajan en un proyecto de ley que obligue a las compañías de telecomunicaciones a acatar las órdenes del gobierno de los EEUU si este requiere el acceso a sus comunicaciones. Mientras que Dianne Feinstein es la vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado; Richard Burr es su jefe. Y es que el caso Apple contra el FBI no habrá establecido un precedente legal; pero sí que ha acelerado la necesidad de resolver legalmente el asunto, tanto para las empresas de comunicaciones como para propio gobierno.
“No creo que el gobierno tenga ninguna obligación para con Apple”, ha dicho Feinstein al National Journal. “Ninguna compañía o individuo está por encima de la ley, me estremece que alguien rechace ayudar al gobierno en una investigación sobre terrorismo”, dice la senadora. La Comisión de Inteligencia para la que trabajan tanto Feinstein como Burr encabeza ese ala del Congreso más dura en lo que a materia de privacidad en las telecomunicaciones se refiere. Según 9TO5Mac, la nueva ley estaría lista en unas pocas semanas y vendría a modificar la legislación sobre la asistencia en las telecomunicaciones, vigente en EEUU desde 1994.
Obligación “legal”
De momento, el FBI guarda silencio sobre este particular. “Es demasiado pronto para decir nada”, dicen los federales. “Estamos analizando los datos, tal y como lo haríamos en cualquier otro tipo de investigación terrorista”, añaden. En el otro lado, Apple también guarda silencio. Su equipo legal está probablemente construyendo su caso contra el FBI, en la circunstancia de que se niegue a publicar el agujero de seguridad que le ha hecho al iPhone 5, según establece el Vulnerabilities Equities Process. Es una ley por la que las agencias de los EEUU están obligadas a informar de cualquier agujero de seguridad que generen en cualquier dispositivo tecnológico. Ahora, si han abierto un agujero en la seguridad del iPhone5, Apple tiene derecho a saberlo. No es el primer caso de este tipo: la EFF ha denunciado a la NSA por usar un agujero de seguridad en TOR durante más de un año sin avisar a sus desarrolladores.
Mientras tanto, desde que el FBI anunció que se ofrecería al resto de organismos policiales de los EEUU para ayudarles a desbloquear iPhones, cientos de teléfonos de Apple se acumulan esperando ser descifrados. Más de 500, cuenta el USAToday.
De momento, la industria tecnológica ha escogido el camino de Apple, blindar sus sistemas contra la vigilancia del gobierno. WhatsApp anunció el martes que había terminado de implantar un nuevo sistema de cifrado en sus comunicaciones denominado “de extremo a extremo”. No han tardado en quejarse desde la Casa Blanca, defendiendo que, con la implementación del nuevo cifrado, han dejado de tener acceso tanto al tráfico de WhatsApp como a los datos que corren entre los servidores y a las llamadas de la aplicación.
La compañía de mensajería instantánea, que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios alrededor del mundo, ha visto muy de cerca cómo el FBI ha estado a punto de conseguir una orden para entrar en todos los teléfonos de Apple. No ha podido vencer a los abogados de la manzana, pero sí ha podido acceder finalmente a los datos contenidos en el teléfono. Lo que no sabemos es hasta qué punto Cellebrite, la empresa de “soluciones forenses” israelí, habrá participado en la operación.