El merchandising anticonfinamiento de 'Gobierno dimisión': foto “robada” y web que incumple las leyes de venta online

Lonas para el balcón a 20 euros, camisetas a 10 euros o un “paquete completo” con dos camisetas, 200 carteles y 300 banderines de España, “ideal para que seas tú el que motive al barrio a salir a la calle”, por 50 euros. La campaña anticonfinamiento que utiliza la cara de Pedro Sánchez para criticar al Gobierno y exigir su dimisión ha lanzado una tienda con merchandising para aprovechar el tirón de los últimos días y llenar las caceroladas con su iconografía. El problema es que la imagen del presidente que se repite en toda la propaganda es “robada”, denuncia el propio autor de la foto, mientras que la web incumple la normativa de comercio electrónico, incluidas dos leyes españolas y un reglamento europeo, según los expertos consultados por este medio.

La tienda se encuentra en un subdominio de la página de gobiernodimision.online, la web de la campaña 'Gobierno Dimisión' alentada entre otros por Luis Pérez, alias Alvise Pérez, que ha protagonizado diferentes iniciativas contra el Gobierno y que ahora usa la web para vender banderas de España y merchandising. La campaña usa una fotografía de Pedro Sánchez junto a frases sarcásticas anticonfinamiento como “Encerrados sois libres” y “Confía en tu Gobierno”. Lo hace sin el permiso del autor de la imagen, Carlos Spottorno, dos veces ganador del World Press Photo y otros premios internacionales. El fotógrafo está recopilando pruebas tanto de la campaña política como de la tienda online y ha adelantado a eldiario.es que valora emprender acciones legales.

“En todos los casos, el autor de una fotografía tiene el derecho exclusivo para decidir quién la difunde y en qué condiciones, así como negar la difusión a quién lo está haciendo sin su autorización”, recuerda David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual. El hecho de que esa imagen sea la cara de un personaje público como es el presidente del Gobierno y se use con motivaciones políticas es lateral en esta cuestión y no influye en los derechos como autor de Spottorno, explica el letrado. “Bajo mi criterio, lo que seguro se ha producido es una infracción de la propiedad intelectual de esta persona”, continúa. “Podría ser incluso un delito, lo que dependería de cuestiones como el ánimo de lucro”, añade Bravo.

En la tienda que vende esos productos con la cara de Pedro Sánchez se incluye un aviso de que “el 100% de los beneficios se dedican a campañas políticas y víctimas del coronavirus en España”. No obstante, la ausencia total de información y bases legales de la página impide verificar esa afirmación. La web es absolutamente opaca: no dice qué personas o empresas son los vendedores de ese merchandising, quiénes lo suministran o cuáles son los términos en los que se produce la compra. Esta situación contraviene varias leyes: “De cara a una posible reclamación, saber quién te ha vendido algo es esencial”, recalca Samuel Parra abogado y consultor en comercio electrónico y protección de datos.

Para acceder a algún dato sobre la tienda hay que acudir a Twitter, donde Alvise Pérez ha presumido de los datos de visitas de la web.

Parra explica que la tienda online de 'Gobierno dimisión' infringe prácticamente todas las normas de venta por Internet que se pueden infringir. La opacidad de la web atenta contra al menos tres: la ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Protección de Datos y el Reglamento Europeo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. Solo las faltas a la primera de esas leyes que presenta la página, detalla el abogado, pueden suponer multas de 30.001 a 150.000 euros.

“Lo único que tienen puesto es un email. Eso es obligatorio y se está cumpliendo, me imagino que de casualidad. Falta todo lo demás que, de hecho, es lo más importante”, denuncia. En todos los casos la normativa obliga a todo aquel que venda productos o servicios por Internet a identificarse: “tiene que poner su nombre, apellidos y DNI si es una persona, o en su defecto el nombre de la empresa, su razón social y el CIF. También tiene que haber un domicilio o dirección de la sede”.

La ausencia total de información legal afecta también a la protección de datos, cuyas salvaguardas para los consumidores han aumentado en los últimos años tanto a nivel europeo como español. Estas regulaciones instan a que el responsable (persona o empresa) que se encarga de guardar los datos de los compradores –nombres, direcciones o números de tarjeta de crédito– especifique dónde y cómo los almacenará. En la página no hay ningún apartado relativo a esta cuestión, pese a que la plantilla web que se ha utilizado para montarla pide que se marque una casilla que indica que se aceptan esas condiciones de privacidad antes de proceder con la compra. “No puedes aceptar algo que no existe”, ironiza Parra.

La Ley de Protección de Datos también protege a los meros visitantes de la web. La web utiliza las cookies de Google Analytics para analizar el tráfico de la página. “Aquí también estaría vulnerando también la ley porque hace falta el consentimiento del usuario para hacer eso, así como dar información de las cookies”, continúa Parra. Es otro punto donde la página adolece de cualquier tipo de explicación.

Denunciable por cualquier ciudadano

A sumar las dos leyes españolas, la actual configuración de la página viola el Reglamento Europeo que obliga a que cualquier web de comercio electrónico incluya un formulario de resolución de conflictos.

En suma, las infracciones de la tienda del merchandising contra el Gobierno reflejan una situación casi imposible de ver en páginas legítimas. “Ahora mismo estoy preparando una guía sobre cómo reconocer y detectar las páginas que se dedican a hacer estafas, porque todas siguen los mismos parámetros. Bueno, pues esas páginas-estafa cumplen más con la normativa que esta”, afirma Samuel Parra.

Este tipo de situaciones pueden ser denunciada ante las administraciones correspondientes por cualquier asociación de consumidores o ciudadano, haya comprado en la página o no, explica el abogado. En el caso de las infracciones sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información los organismos competentes son los de consumo, mientras que en el caso de Ley de Protección de Datos el destinatario debe ser la Agencia Española de Protección de Datos.