Hay muchas dudas con la directiva europea de derechos de autor. Aprobada en 2019, ya fue un texto que levantó una notable polémica durante su negociación en los pasillos de Bruselas. El mayor choque entre legisladores, sociedad civil y multinacionales tecnológicas fueron los filtros automáticos de contenido que deberán establecer todas las grandes plataformas digitales para impedir que nada de lo que suban sus usuarios viole el copyright. Terminaron imponiéndose, pese a que numerosas organizaciones de derechos digitales avisaron que convertían a las multinacionales tecnológicas en “la policía de Internet” y a que estas tampoco querían asumir esa responsabilidad.
Con su ratificación por las instituciones comunitarias la pelota pasó al tejado de los gobiernos nacionales, que han tenido dos años para adaptarla a sus legislaciones. Ese período caduca el 7 de junio. Un buen grupo de países, entre los que se encuentran España, Italia, Portugal y otros 13 estados aún no han presentado sus borradores. Uno de los principales problemas (sumado a la pandemia) son los filtros de contenido, presentes en el artículo 17 de la directiva. Ante esta situación, la Comisión Europea está preparando un documento con directrices sobre cómo transponer ese artículo en concreto. Las publicará “en los próximos días”, explican a elDiario.es fuentes comunitarias.
Las directrices de Bruselas no están dirigidas a un estado en concreto, sino que funcionan como unas recomendaciones generales para que la adaptación que cada uno haga de las normas europeas sea lo más compatible posible con las del resto de miembros de la Unión. Tampoco son vinculantes, pero la norma general es que los países sigan sus preceptos.
El encargado de proponer la modificación de la ley de derechos de autor española para adaptarla a la nueva directiva europea es el Ministerio de Cultura. Su responsable, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, ha reconocido que no hará ningún movimiento antes de que Bruselas publique sus recomendaciones, lo que hará prácticamente imposible iniciar el proceso antes del 7 de junio. “Es bueno que las transposiciones que se hagan en toda la Unión Europea sean lo más parecidas posible, para que se respete esa armonía”, declaró esta semana el ministro ante los periodistas.
Uribes se reunió la semana pasada en Roma con su homólogo italiano, con el que pactó esperar a las orientaciones de la UE. También tiene previsto tratar el tema en un encuentro con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Fuentes de Cultura explican a este medio que en el caso de esta directiva se está dando prioridad a esa simetría entre las diferentes regulaciones europeas antes que al límite de tiempo, dado que la propia Comisión Europea tampoco ha publicado sus recomendaciones a menos de una semana de que caduque el plazo.
Un último suspiro para el moribundo canon AEDE
Además de por los filtros de contenido, la propuesta de transposición es muy esperada en España porque puede suponer el remate final para el canon AEDE. Aprobado hace siete años por el Gobierno de Mariano Rajoy, es una tasa que intentaba replicar el modelo de gestión de derechos de autor de la SGAE en el sector de la prensa. Su objetivo principal era Google, al que los grandes editores de prensa escrita querían hacer pagar por enlazar sus contenidos desde Google News.
La cuantía de esa tasa iba a ser establecida por CEDRO, la SGAE de los medios de comunicación, en base a sus propios cálculos. La regulación que dio vida al canon AEDE estipulaba que los medios no podían renunciar al cobro ni llegar a sus propios acuerdos con Google. Su aprobación provocó que Google cerrara su servicio News en España, lo que hizo que el canon fracasara con estrépito: solo ha recaudado unos 70.000 euros en estos siete años.
Con la transposición de la directiva de derechos de autor la situación puede cambiar, puesto el texto europeo contempla permitir que los medios lleguen a sus propios acuerdos con Google. Esto es lo que ha sucedido en Francia o Italia, que no tienen restricciones asimilables al canon AEDE. En España, Uribes lleva desde finales del verano de 2020 reuniéndose con asociaciones de editores y los distintos actores interesados, aunque por el momento se reserva qué hará el Gobierno con esa herencia de Rajoy. “La fórmula será lo más integradora posible y lo más compatible con los intereses de todos”, se ha limitado a adelantar el ministro.
En los últimos meses ha variado el apoyo al canon AEDE dentro del propio sector. Mientras que los nativos digitales siguen pidiendo su derogación, su grupo de partidarios ha ido menguando. En un principio estaba compuesto las grandes editoras de cabeceras impresas (el Grupo Prisa, Unidad Editorial o Vocento), que impulsaron su aprobación hace siete años. No obstante, solo Vocento (editora del periódico ABC) lo sigue defendiendo a capa y espada. En el caso de Unidad Editorial, el giro ha llegado al punto de que su matriz italiana ya ha firmado un acuerdo con Google en su país de origen y espera a que la regulación española lo permita para hacer lo propio en España.
Organizaciones denuncian la opacidad de Cultura
Algunas entidades de la cultura digital, como Wikimedia España (que mantiene la Wikipedia y su árbol de proyectos), los grupos hacktivistas Xnet, Creative Commons España o Interferencias, sumadas a la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) han pedido al Gobierno una mayor transparencia en el proceso de transposición de la directiva. “En España no tenemos información oficial sobre el proceso”, afean.
Estas organizaciones recalcan que la norma “implica ámbitos muy delicados para la salvaguarda de los derechos de libertad de expresión, de acceso a la información y al conocimiento y de protección del patrimonio cultural en el ecosistema digital, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía si estos no se tienen en cuenta”. Por ello, piden a Uribes una reunión y que tenga en cuenta su posición como entidades defensoras de la cultura digital en el proceso de transposición.
A esta denuncia de la opacidad de Cultura se ha sumado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Esta organización avisa que los filtros automáticos de contenido pueden suponer una forma de “censura previa” que llevarán a cabo “robots”. “Todos los contenidos que los usuarios suban a redes sociales estarán bajo la vigilancia de un algoritmo que carece de sensibilidad artística y social”, avisó su director legal, el abogado Carlos Sánchez Almeida.
Los errores en los que pueden incurrir estos algoritmos se demostraron hace unos meses, cuando YouTube censuró un vídeo paródico de Pantomima Full sobre el coronavirus y las vacunas. Sus filtros automáticos contra la desinformación sobre la enfermedad fueron incapaces de detectar que los comentarios del dúo humorístico pretendían parodiar a los antivacunas y no difundir sus consignas. La queja en el caso del copyright es la misma: los algoritmos podrían fallar y tumbar contenidos que usan material con derechos de autor pero que la ley ampara, como la parodia.
La Plataforma también ha avisado que los planes de Cultura son llevar a cabo la transposición a través de un Real Decreto Ley, aprobado vía Consejo de Ministros y que esquivaría el debate en el Parlamento. Fuentes de Cultura han explicado a elDiario.es que el Ministerio aún no ha decidido la manera en la que adaptará la directiva. “Aún no estamos en eso. El debate ahora es el fondo, no la forma. Esperamos a las directrices europeas”, aseguran.