El Gobierno saca a consulta pública una “carta de derechos digitales” con medidas sin impacto legal

El Gobierno ha presentado este martes un borrador de una nueva “carta de derechos digitales” elaborada por un grupo de expertos multidisciplinar a instancias del Ejecutivo y que se someterá a consulta pública hasta el 4 de diciembre antes de ser aprobada definitivamente. “El objetivo principal es elaborar reglas justas para que los derechos de los que disfrutamos en el mundo offline estén igualmente protegidos en el digital”, ha explicado la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

La nueva carta no cambia la situación legal en España. La secretaria de Estado, los juristas y tecnólogos que han participado en su elaboración han recalcado que el texto “no tiene carácter normativo” por sí mismo. Es decir: sus disposiciones no se incluirán en ninguna ley ni tendrán valor en un juzgado. Al contrario, la carta constituye “un faro que nos ayude a navegar entre los nuevos riesgos de la sociedad digital”, según ha explicado Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y uno de los coordinadores del documento.

La carta, una promesa electoral del presidente Pedro Sánchez, incluye cinco bloques de derechos. El primero está relacionado con las libertades e incluye un gran epígrafe sobre libertad de expresión. En él se recogen el “derecho a no ser localizado y perfilado” con fines publicitarios o de otra índole sin consentimiento; o el “derecho al 'pseudonimato' en entornos digitales”, que reconoce la posibilidad de no utilizar el nombre real en redes sociales u otras aplicaciones.

En el segundo grupo se agrupan los derechos referentes a la igualdad, que se centran en la protección frente a las discriminaciones en el entorno digital, poniendo especial énfasis en los menores, los discapacitados y las personas mayores. El tercer bloque gira alrededor de los “derechos de participación y conformación del espacio público” e incluye los citados de la educación digital o la neutralidad de la red.

En los dos últimos grupos se recogen derechos enfocados a asegurar que los procedimientos con Inteligencia Artificial respetan los derechos fundamentales y un paquete de derechos dirigidos al mundo laboral laboral o empresarial. “Se prohíbe el uso de sistemas de Inteligencia Artificial dirigidos a manipular o perturbar la voluntad de las personas, en cualesquiera aspectos que afecten a los derechos fundamentales”, señala la Carta.

Sin impacto legal

España aprobó en 2018 la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Esta incluía hasta 17 nuevos derechos, como el derecho a la desconexión digital de los trabajadores –que solo se recogió en el 11% de los convenios colectivos en el primer año de vida de la ley–, el derecho a una educación que incluya las competencias digitales o la neutralidad de la red. Todos ellos se recogen de nuevo en el borrador de carta de derechos digitales que el Gobierno saca ahora a consulta pública.

No obstante, la iniciativa no supondrá una modificación a esta ley ni a ninguna otra. Preguntadas por elDiario.es, fuentes del Ejecutivo tampoco aclaran cuál será el futuro de la iniciativa una vez se consolide un texto definitivo tras la consulta pública, ni si existen planes para convertirla en una nueva ley o aplicar sus disposiciones a normas ya existentes.

Esta ausencia de impacto real en el ordenamiento jurídico ha provocado que un buen número de juristas y asociaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos digitales hayan criticado la iniciativa del Gobierno y el grupo de expertos. “Es propaganda, un brindis al sol. Si se tienen que desarrollar derechos fundamentales que están en la Constitución, debe ser mediante una Ley Orgánica. Todo lo que no sea eso es algo inútil, porque es lo único que van a considerar los jueces”, afirma a este medio Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Javier de la Cueva, abogado de Civio (una fundación sin ánimo de lucro contra la opacidad de las administraciones públicas) y uno de los principales expertos en derecho tecnológico españoles, ha denominado la carta como “puro marketing” y se ha preguntado por qué el Gobierno asume “funciones propias de un poder constituyente” para impulsarla.

“El documento es muy pobre conceptualmente y además plantea grandes confusiones, porque sería necesario reformar varias leyes orgánicas para que sus disposiciones fuesen jurídicamente efectivas”, expone Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión miembro del Stanford Center for Internet and Society y asesor de diversos organismos internacionales. “Se está prometiendo algo que en realidad no son derechos, es otra cosa. Es solo un documento político, lo cual puede generar una cierta frustración en el ciudadano, al que se prometen una serie de cosas, pero después no valen para nada”, afea.

Barata, también miembro de la PDLI, hace especial énfasis en el hecho de que la carta recoja el concepto de “pseudonimato” en vez de el de anonimato. “Es una burla a un derecho que está reconocido a nivel internacional y que además ha resultado ser fundamental para proteger en muchísimos países el derecho a la libertad de expresión de muchas personas que de otra forma no se hubiesen podido expresar críticamente con relación al gobierno”, lamenta el jurista en conversación con elDiario.es.