La nueva era digital abrió un mundo nuevo de posibilidades, pero deja también desafíos regulatorios a los que los gobiernos tratan de ir aclimatándose. La UE ha aprobado ya varias normas para regular los contenidos digitales y poner deberes a los gigantes tecnológicos como Google o Amazon, como la lucha contra los contenidos ilícitos, responsabilizar a las plataformas digitales de sus algoritmos y mejorar la moderación de los contenidos. Pero quedan espacios en el limbo, según denuncia en un informe de la izquierda europea (GUE/NGL) que pone el foco en los riesgos de que las conocidas como ‘Big Tech’ monopolicen el control de datos.
Impuestos, derechos laborales, lucha contra el cambio climático, servicios públicos… son algunos de los retos que quedan pendientes en el comercio digital, según el GUE/NGL, que apuesta por “debatir y regular no solo sobre privacidad sino también la gobernanza económica de los datos”.
“Al mismo tiempo que la UE está avanzando en nuevas leyes de gobierno de economía digital está promocionando una política de comercio digital que contradice, y restringiría severamente, el diseño de políticas de interés público actual y en el futuro”, señala el documento del grupo de la izquierda: “A través de un buen número de acuerdos bilaterales y regionales, las Big Tech están buscando mantener una política que favorece el control privado de los recursos y prácticas tecnológicos y el control”.
“Con sus propuestas de comercio digital, la Comisión Europea está poniendo una vez más los beneficios de las compañías por encima de la protección de los consumidores”, señala el eurodiputado de La Francia Insumisa Emmanuel Maurel. “En un momento en el que estamos viendo la urgente necesidad de la rendición de cuentas para la inteligencia artificial, la propuesta europea para el comercio digital permitir que la acción de los gobiernos responsabilizara a los gigantes tecnológicos”, agrega Helmut Scholz, de Die Linke.
El informe denuncia que las grandes tecnológicas se están beneficiando de una política impositiva que deja fuera algunos productos (como la música, los libros o las películas online) bajo el argumento de beneficiar a las pymes mientras que apunta a que son compañías como Netflix, Apple o Amazon las que sacan rédito. Pero no solo se refieren a los impuestos directos sino también a la “prohibición de que los gobiernos puedan requerir una copia de los datos” que ayudan a las empresas a tener menos implicaciones fiscales.
“Los países necesitan ingresos fiscales (por ejemplo con gravámenes a las ‘Big Tech’) para financiar su transición. La propuestas de las grandes tecnológicas para limitar la capacidad de los estados para gravar sus actividades reducirán esas inversiones necesarias”, señala el documento, que pone como ejemplo de riesgo la lucha contra el cambio climático por parte de un sector que consume el 10% de la electricidad mundial y genera el 4% de las emisiones de CO2.
La batalla también está en el uso de algoritmos que, según el texto, permite a las empresas poner sus productos por encima de otros, a pesar de que Amazon -que es la compañía señalada- siempre lo ha negado. “Las excepciones incluidas las reglas del comercio digital no son suficientes para torcer el brazo a esas prácticas”, dice el informe rubricado por la investigadora Deborah James, que subraya que la normativa actual funciona para casos específicos pero no exige la divulgación de la regla general.
Pero los algoritmos no son solo peligroso para ese sector de la economía, de acuerdo a ese informe, sino que las reglas del comercio digital pueden afectar a la regulación financiera y la ciberseguridad.
“Las decisiones en el sector financiero [como quién recibe una hipoteca para una casa o quién accede un seguro en base a los riesgos] cada vez están más determinadas por algoritmos que deberían estar sujetos a la supervisión reglamentaria y el escrutinio público. Además, la creciente automatización de las operaciones del mercado de valores plantea enormes riesgos en términos de estabilidad financiera”, argumenta el informe, que lamenta que las disposiciones comerciales impidan, en términos generales, el acceso de las autoridades a esa información.
Igualmente, apuesta por que los sindicatos tengan acceso a los datos y los algoritmos en los que se basan decisiones relacionadas con el empleo y formar parte de la negociación colectiva. El informe pone como ejemplo la herramienta anunciada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluida en la ley rider, para facilitar el acceso a esos algoritmos laborales.
También defiende una colaboración público-privada con las grandes corporaciones para incrementar la digitalización de los servicios públicos. Y es que uno de los reproches es que una gran cantidad de los datos que se generan en Europa está en manos de compañías extranjeras “que deberían ser requeridas para compartir esos datos en beneficio de los europeos” para el desarrollo de políticas públicas.