Una de cal y una de arena. Si la semana pasada la Comisión Europea tuvo una victoria en Luxemburgo al confirmar el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una multa de 2.400 millones de euros a Google por el abuso de su posición en el servicio de comparación de servicios, este miércoles el departamento de la vicepresidenta Margrethe Vestager se lleva un golpe. El Tribunal General de la UE (TGUE) ha anulado la multa de 1.500 millones que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con la plataforma AdSense.
Los jueces de Luxemburgo consideran que la Comisión Europea acertó en el diagnóstico, pero erró en el procedimiento para sancionar a la compañía, por lo que tumba la decisión del gobierno comunitario. No obstante, la sentencia se puede recurrir.
En marzo de 2019, en plena batalla de Bruselas contra la vulneración de las reglas antimonopolio de las 'big tech', Vestager anunció una multa a Google que alcanzaba el 1,29% de su volumen de negocio. Tras una investigación, el departamento de Competencia de la UE -que ahora recaerá en la vicepresidenta española Teresa Ribera- concluyó que Google, a través de AdSense, abusó de su dominio en el mercado al imponer una serie de cláusulas restrictivas en los contratos con sitios web de terceros que impidieron a sus rivales colocar su búsqueda en esas páginas web. La denuncia partió de una compañía alemana en 2010 a la que se sumaron Microsoft, Expedia y Deutsche Telekom en los años siguientes.
El TGUE considera que la Comisión Europea tenía razón en sus argumentos, pero que “cometió errores en su apreciación de la duración de las cláusulas” impuestas injustamente por Google (y que la compañía eliminó en 2016). “La Comisión no ha demostrado que las tres cláusulas que había identificado constituyeran cada una un abuso de posición dominante y constituyeran conjuntamente una infracción única y continuada del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE [que prohíbe la posición dominante de una o más empresas en el mercado único]”, señala el TGUE, que anula la decisión de la Comisión Europea en su totalidad.
Los 1.500 millones están bloqueados en un depósito a la espera de que termine el proceso judicial. La Comisión Europea puede ahora recurrir esa sentencia. En caso de que el TJUE le diera la razón el dinero se repartiría entre los estados miembros de acuerdo con la cuota de cada uno.