La Justicia europea deja en 4.125 millones de euros la multa a Google por abuso de posición dominante

La Justicia europea ve adecuada una multa de 4.125 millones de euros a Google por abuso de posición dominante. El Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, ha fallado este miércoles sobre la mayor multa impuesta por Bruselas. El Tribunal General de la UE confirma en gran parte la decisión de la Comisión Europea, si bien rebajo algo el importe de la multa de Bruselas, que declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles con el propósito de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.

La vista en el Tribunal General de la Unión Europea sobre la multa de 4.300 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Google en 2018 terminó el 1 de octubre de 2021, tras cinco días. Y ahora la justicia europea ha decidido sobre un caso que ha supuesto la mayor multa que ha impuesto Bruselas hasta la fecha. La sentencia se puede recurrir aún ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE.

El TGUE, así, “estima que procede reformar la decisión impugnada a los efectos de fijar el importe de la multa que ha de imponerse a Google por la infracción cometida en 4 125 millones de euros. A tal fin, al igual que la Comisión, el Tribunal considera adecuado tomar en consideración el carácter deliberado de la aplicación de las prácticas infractoras y el valor de las ventas pertinentes realizadas por Google en el último año de su participación completa en la infracción. En cambio, por lo que atañe a la consideración de la gravedad y de la duración de la infracción, el Tribunal estima adecuado, por las razones expuestas en la sentencia, tener en cuenta la evolución en el tiempo de los distintos aspectos de la infracción y la complementariedad de las prácticas en cuestión para evaluar el impacto de los efectos de expulsión constatados fundadamente por la Comisión en la decisión impugnada”. 

El Ejecutivo comunitario acusaba a Google de haber firmado acuerdos con fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes que le han permitido a través de Android mantener la posición dominante de su motor de búsqueda. Y le exigía que cambie la forma en que coloca las aplicaciones de búsqueda en los dispositivos móviles Android. 

En concreto, la Comisión considera que desde 2011 fueron ilegales los contratos con los que la compañía obligó a preinstalar en los dispositivos Android el buscador Google Search y el navegador Google Chrome si los fabricantes querían vender los terminales con su tienda de aplicaciones Play Store.

Google compró Android en 2005 y, desde entonces, se ha encargado de desarrollar las distintas versiones de este sistema de código abierto.

Android no contiene ninguna aplicación preinstalada y, según Google, la mayoría de fabricantes quieren vender sus dispositivos con la Play Store para llegar a más clientes.

Ante el tribunal, defendió que a cambio de cederles la licencia de Play Store, obliga a los fabricantes a instalar Google Search y Google Chrome para obtener un rédito económico por diseñar un sistema operativo libre.

La Comisión rebatió el argumento, asegurando que la empresa no necesita fijar estas cláusulas porque ya obtiene miles de millones de dólares anualmente con Play Store.

Además, alegó que al tener ya un buscador instalado, los usuarios tienen menos incentivos para descargarse otro de la competencia, hasta el punto que en 2016, más del 95 % de las búsquedas en los dispositivos Android con Search y Chrome se realizaron a través del servicio de Google.

La empresa, sin embargo, argumentó que a diferencia de lo que defendió la Comisión, Android ha aumentado la competencia, en vez de reducirla.

Según su versión, ha diseñado un software que garantiza a los desarrolladores de aplicaciones móviles rivales que sus apps funcionen en todos los dispositivos Android, independientemente del fabricante.

Una situación que no ocurría a principios del siglo XXI, cuando los desarrolladores tenían que diseñar distintas versiones de una misma app para las diferentes versiones del sistema operativo Symbian que utilizaban fabricantes como Nokia, Ericsson, Samsung o Motorola.

Bruselas acusa también a Google de haber pagado a los fabricantes de dispositivos móviles para que no instalaran buscadores distintos al suyo.

Google se defendió argumentando que solo representaban un 5 % de su cuota de mercado, que finalizaron en 2014, antes de la imposición de la multa y que sus rivales podrían haber firmado contratos similares.

En su investigación, Bruselas estudió también si los dispositivos de Apple suponen una competencia real a los de Android y llegó a la conclusión de que no es así, en parte porque el precio de los primeros es superior al de los segundos y no son accesibles para una parte de los consumidores.

Google asegura que el 89% de los entrevistados durante la investigación respondieron que Apple y Android “compiten intensamente”.

En total, la Comisión Europea ha impuesto a Google multas por valor de más de 8.200 millones de euros.