El 29 de junio de 2023 entró en vigor una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones destinada específicamente a regular el “derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial”. Un año después, la invasión de las llamadas publicitarias no solo no ha remitido, sino que en ciertos sentidos el problema ha empeorado. Así lo demuestran las reclamaciones de los ciudadanos presentadas por los ciudadanos, las encuestas e incluso las alertas de los organismos de ciberseguridad.
Los datos son contundentes. Los análisis realizados por las organizaciones de consumidores muestran que la inmensa mayoría de la población sigue recibiéndolas. En la última encuesta de Facua, unos meses después de la entrada en vigor de la prohibición, el 97% de los 6.025 españoles encuestados afirmó que nada había cambiado con la nueva ley. El 56,9% de los encuestados denunció además que había recibido más de cinco en el último mes.
Los datos de la OCU son similares. En su sondeo la cifra de los que habían sido molestados por estas llamadas era de 9 de cada 10, y añadía en el 80% de los casos el comercial que intentaba comunicarse con ellos lo hacía en nombre de una empresa de la que no eran clientes. Esta es, teóricamente, una de las dos únicas excepciones que establece la ley para hacer llamadas telefónicas comerciales no deseadas: o haber sido cliente de esa compañía en los últimos 12 meses; o haber dado el consentimiento para recibirlas, ya sea a esa misma empresa o a un tercero con el que tenga un acuerdo comercial. Esto último puede ocurrir a través de esas cláusulas ocultas al aceptar términos y condiciones de determinados servicios digitales o promociones.
Las incesantes llamadas han exasperado a los ciudadanos. Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explican a elDiario.es que las reclamaciones recibidas denunciando estas prácticas se incrementaron un 114% respecto a 2022. Representan ya el 20% de las reclamaciones totales que recibe este regulador, lo que coloca las llamadas comerciales como la violación de privacidad más denunciada.
“La gran mayoría de estas reclamaciones versan sobre llamadas telefónicas y están relacionadas, principalmente, con los sectores de telecomunicaciones o de suministros de agua, gas o electricidad”, detallan las mismas fuentes.
Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua, uno de los motivos de que las llamadas no cesen es precisamente que las multas de la AEPD no han aumentado a la misma velocidad que las reclamaciones de los ciudadanos. “Hay multitud de empresas que se dedican al spam porque saben que no se multa y que si se multa, es una cosa muy muy aislada y les merece la pena pagarla”, destaca a elDiario.es. “Es raro encontrar sanciones de la Agencia de Protección de Datos por spam telefónico”.
El activista opina que, a pesar del aumento de las reclamaciones en el último año, este podría haber sido mucho mayor si el proceso para denunciarlo fuera más sencillo. “Protección de Datos no se lo pone especialmente fácil a los consumidores. Hay que dar una serie de pasos que pueden liar a la gente y desincentivar. Con presentar un escrito contando lo ocurrido debería ser más que suficiente”, protesta: “Nosotros nos hemos encontrado casos en los que la Agencia nos ha puesto trabas a las a las reclamaciones que hemos presentado, incluso archivando directamente en lugar de preguntarnos datos”.
En ese sentido, en su comunicación con este medio, la AEPD apunta que publicó “una Circular en la que fijaba los criterios conforme a los que iba a actuar y un documento simplificado para los ciudadanos. Además, dispone de una sección específica en su web, donde se explican los diferentes pasos”.
No solo es que el problema de las llamadas comerciales no se haya solucionado. Es que las quejas por las conocidas como “robollamadas” han aumentado considerablemente este último año. Se trata de esas comunicaciones en las que al otro lado de la línea tras descolgar no hay una persona. En ocasiones hay una locución robótica, pero en otras, simplemente nadie.
En estos casos, la comunicación se corta por parte del emisor tras unos segundos. Estas llamadas han generado inquietud ante el desconocimiento de su propósito real e incluso han motivado alertas tanto del Instituto Nacional de Ciberseguridad como de la Policía Nacional, ya que podrían tratarse de llamadas preparatorias para las ciberestafas.
Ambos organismos explican que “el simple acto de decir ”sí“ puede convertirse en una puerta de entrada para una serie de problemas. Al grabar nuestra voz, los estafadores pueden utilizarla para autorizar transacciones financieras, contratos o incluso falsificar nuestra identidad. Además, las grabaciones de voz también pueden ser manipuladas y utilizadas como evidencia en situaciones que podrían poner en riesgo nuestra reputación”.
En este caso, las llamadas tendrían como objetivo grabar al receptor pronunciando “sí” con objetivo de darle de alta en un servicio financiero, por ejemplo, y una vez con una cuenta bajo su titularidad intentar interactuar con otras empresas en su nombre. La reciente oleada de robos de información a grandes empresas ha reavivado la preocupación por ese tipo de ataques, ya que los ciberdelincuentes han accedido a datos que les permiten suplantar a sus víctimas ante terceros.
Sin querer restar importancia a las alertas de la Policía y el Incibe, fuentes conocedoras de las prácticas comerciales del sector de las telecomunicaciones han explicado a este medio que detrás de las robollamadas silenciosas también hay motivos menos peligrosos. En ocasiones, las empresas de telemarketing hacen rondas de llamadas de prueba para comprobar qué números de una lista de contactos que ha llegado a su poder están realmente activos, o en qué tramos horarios contestan y en cuáles no. En este caso el objetivo es evitar que los teleoperadores humanos pierdan tiempo de trabajo intentado contactar con teléfonos inactivos o que, simplemente, no responden ante contactos desconocidos.
elDiario.es se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Consumo, heredera del Ministerio de Consumo que impulsó la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas, para conocer su posición sobre la situación y preguntar si se plantea nuevos cambios para corregir el problema. Fuentes del departamento han remitido a esta redacción a la AEPD como organismo regulador y han rechazo hacer nuevos posicionamientos.
Mientras las organizaciones de consumidores piden a la Agencia que intensifique sus sanciones por spam telefónico, otra de las medidas de protección ante estas llamadas que sigue activa es la Lista Robinson. Se trata de un servicio gratuito de exclusión publicitaria que permite a los consumidores inscribirse para no recibir publicidad no deseada a través de correo postal, correo electrónico, llamadas telefónicas o SMS.
Las empresas con las que el usuario inscrito en la Lista Robinson no tiene una relación contractual están obligadas a respetar esta exclusión. Ignorar este listado también es motivo de sanción por parte de la AEPD, aunque en sus resoluciones el regulador se ve obligado en ocasiones a archivar las reclamaciones al no poder probar quién es el autor real de la comunicación ilegal.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.