La ley de protección a denunciantes de corrupción llega a su última votación entre críticas: “Podría ser desastrosa”

La necesidad de una ley que proteja de represalias a las personas que destapan casos de corrupción fue la propuesta estrella de los programas electorales de todos los partidos para las generales de 2016. De todos menos del PP, que vivía acosado por los casos de corrupción y que terminó gobernando. El proyecto quedó en el olvido hasta el ciclo electoral de 2019, cuando de nuevo todos menos el PP se comprometieron a impulsarla. La negociación de una directiva europea sobre la misma temática y la pandemia volvieron a retrasar la norma, que este miércoles llega por fin a su última votación en el Senado.

España es el único país de la OCDE que no ha establecido protecciones específicas para los denunciantes de corrupción ni con una ley específica ni en el articulado de otras, pese a que la seguridad de estas personas se considera un pilar democrático básico en la lucha contra ella. La posibilidad de realizar denuncias anónimas o las sanciones graves para aquellos que torpedeen a los denunciantes son mecanismos clásicos en las leyes de otros países que aún son desconocidos en España.

Las personas que han destapado casos de corrupción en nuestro país, incluso aquellos que han llevado a cabo acciones que los jueces han reconocieron como “claves” para condenar importantes tramas corruptas como la Gurtel, han relatado cómo dar ese paso les condenó a años de acoso, abuso de poder o ruina económica. Todos recuerdan la importancia de que el denunciante no quede expuesto ante ese tipo de venganzas ni a las denuncias cruzadas por revelación de secretos interpuestas por aquellos a los que señala.

La norma destinada a ser su escudo en España, denominada oficialmente Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, está terminada ocho años después. Incluye medidas como los citados buzones anónimos que serán obligatorios en las empresas y otros canales externos para llamar la atención de las autoridades sin necesidad de personarse en una comisaría e interponer una denuncia formal.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil especializadas en el apoyo a los denunciantes alertan de que la ley tiene agujeros y “no da a las personas que hablan en interés público el poder de defenderse eficazmente contra las represalias de los infractores”.

“Disfuncional”

La organización que encabeza esta alerta es la Whistleblowing International Network (WIN), que agrupa a otras 30 asociaciones a nivel internacional, se ha puesto en contacto con los diputados y con el departamento de Justicia de la Comisión Europea. A su juicio, hay nueve puntos que convierten el proyecto de ley español en “disfuncional” y que incluso podrían hacer que la norma pueda ser recurrida ante los tribunales europeos por rebajar las protecciones que incluye la directiva europea.

“Es alarmante ver que los responsables políticos en España no comprenden una vez más el valor y la importancia de proteger a los denunciantes como una de las formas más eficaces de prevenir la corrupción”, ha lamentado Anna Myers, directora de WIN, en un comunicado. “Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En lugar de eso, el mensaje a los españoles sigue siendo habla bajo tu propio riesgo”, protesta.

Es alarmante ver que los responsables políticos en España no comprenden una vez más el valor y la importancia de proteger a los denunciantes

Anna Myers — directora de Whistleblowing International Network (WIN)

En la carta que Myers ha enviado a la UE, a la que ha tenido acceso elDiario.es, esta experta de renombre internacional enumera las vías de agua de la futura legislación española. Entre ellas señala la “falta de protección para denunciar los abusos de autoridad”, la ausencia de salvaguardas para aquellos denunciantes que empleen canales no oficiales, la ausencia de sistemas que blinden el anonimato de las denuncias o posteriores comunicaciones de los denunciantes, o el hecho de que no cite ningún tipo de “reparación” para los denunciantes que pierdan su empleo o sufran otros perjuicios personales a raíz de destapar casos de corrupción.

Pueden ser denunciados por los corruptos

Uno de los elementos más criticados de la ley es el hecho de que no protege a aquellos que señalan a corruptos de la posibilidad de que estos les lleven a los tribunales. Es un factor que Myers toca en su carta y que también destacan otros especialistas como Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por la Libertad de Información. “Nadie denunciará corrupción si se expone a una querella por revelación de secretos. No se blinda al informante”, denuncia el jurista en conversación con elDiario.es.

Esa disposición está presente en el artículo 38 de la ley: “Los informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito”. Es decir, si cometieron un delito para hacerse con las pruebas de la corrupción, deberán defenderse en los tribunales del corrupto al que denunciaron. “Eso se carga todo el proyecto de ley”, avisa Almeida.

Nadie denunciará corrupción si se expone a una querella por revelación de secretos. No se blinda al informante

Carlos Sánchez Almeida — Director legal de la Plataforma por la Libertad de Información

Esto, señala Myers a la UE, iría en contra de lo que estipula la directiva europea de protección de los denunciantes de corrupción. “Según la Directiva de la UE, los sujetos no incurrirán en responsabilidad por la obtención o acceso a la información”, escribe la experta: “Los artículos 18 y 38 del proyecto de ley no dejan claro que dicha responsabilidad no surgirá a menos que se trate de un delito autónomo no relacionado con la obtención o el acceso a la información como parte de la realización de un informe o una revelación con arreglo a la ley. Esta falta de claridad tendrá un importante efecto amedrentador sobre los posibles denunciantes, ya que personas como Antoine Deltour, cuyo caso de denuncia (como parte de LuxLeaks) condujo en parte a la adopción de la Directiva de la UE, no estarían protegidas”.

Tiempo para enmiendas

WIN, junto a organizaciones como Xnet, Government Accountability Project, The Signals y Blueprint for Free Speech, han pedido a los senadores que aprovechen las horas que quedan hasta su ratificación en el Pleno para enmendar la ley y tapar esos agujeros. La votación está prevista para el miércoles a primera hora. En su última votación en el Congreso, la ley fue aprobada con el apoyo del bloque de la investidura, los votos en contra de PP y Vox y cuatro abstenciones de diputados de Junts.

“La adopción de esta legislación defectuosa podría ser desastrosa para los denunciantes en España y Europa, donde una protección armonizada de los denunciantes es esencial en la lucha contra la corrupción, la defensa del Estado de Derecho y la aplicación efectiva de la legislación de la UE”, avisa Myers en la misiva. “Además, aunque puede que este no sea un asunto directamente relevante para la Comisión Europea, nos preocupa que una legislación defectuosa en España pueda convertirse en un modelo defectuoso para los derechos de los denunciantes en América Latina”, revela.