El miedo a la inteligencia artificial abre la vía para que el Gobierno “limite la información falsa en Internet”, según el CIS

El 92,5% de los españoles cree que “es necesario que se establezcan limitaciones a la propagación de información falsa por Internet”. Cuando se les pregunta quién debería establecer esas limitaciones, el 58% de ellos señala al “Gobierno y autoridades públicas a través de regulaciones” en una respuesta espontánea, en la que el encuestador no sugiere posibles opciones a los entrevistados.

Las dos respuestas forman parte de los resultados de un estudio sobre inseguridad en la red publicados este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta pregunta a los españoles sobre sus conocimientos para proteger sus datos personales, si han sido víctimas de ciberestafas o el uso que los menores de edad deberían hacer de los dispositivos conectados.

Otro de los temas presentes en el estudio es la inteligencia artificial (IA) y los riesgos que los ciudadanos perciben en ella. Es tras las preguntas sobre esta tecnología –en la que el 70% de los encuestados afirma que los peligros de la IA les parecen “muy” o “bastante graves” y que lo que más les preocupa es “que llegue un momento que no podamos distinguir si lo que vemos en Internet es real o no” y la manipulación de contenidos— cuando el CIS lanza una cadena de cuestiones sobre la información falsa en la red que termina con las dos citadas, en las que la mayoría de españoles se muestra proclive a que el Ejecutivo y otras autoridades públicas controlen la información que se difunde en la red.

Los más partidarios de que sea el Gobierno y el resto de autoridades públicas quien asuma esa misión son los votantes de Sumar, con el 80%. Los del PSOE y el PP se muestran igualmente favorables, con el 67%, mientras que los de Vox se quedan en el 62%. Entre los partidos independentistas también gana esta opción, con el 73% de los de Junts, el 74% de ERC o el 81% del PNV.

Los ciudadanos colocan al resto de opciones para llevar a cabo esta labor muy por detrás del Ejecutivo y el sector público. Solo el 18% cree que deberían seguir siendo las tecnológicas las principales responsables de controlar la desinformación en sus plataformas como ha venido ocurriendo hasta ahora. Los proveedores de Internet o la Policía solo son elegidos por el 6% y el 5% de los encuestados, respectivamente.

El estudio refleja que solo el 30% de los encuestados reconoce haberse visto afectado por ella en el último año. Pese a ello, el 92,5% citado se muestra proclive a que se establezcan limitaciones para ella. Los más proclives a ello son los votantes de Sumar (97%), del PSOE (96%) y de los partidos independentistas y soberanistas (todos por encima del 97%). Aunque menos que el bloque de investidura, los votantes del PP (92%) y Vox (88%) también se muestran muy partidarios de medidas como esta.

La última pregunta del cuestionario sobre información falsa inquiere a los ciudadanos si “estaría a favor de la implementación de leyes más estrictas y sanciones severas para aquellos/as que participen en actividades fraudulentas en Internet”. El 95,7% contestó que sí.

Sin regulaciones en el horizonte

El Gobierno no ha anunciado por el momento su intención de promover nuevas regulaciones contra la difusión de información falsa en Internet. La tarea de la vigilancia de la desinformación corresponde al Consejo de Seguridad Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia. elDiario.es ha preguntado al departamento que dirige Félix Bolaños si planea impulsar nuevas medidas en este sentido, pero no ha recibido respuesta.

El Ministerio de Transformación Digital, por su parte, ha señalado que una de sus primeras prioridades para esta legislatura es impulsar una nueva ley de ciberseguridad. No obstante, fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá recalcan que “el control de la información falsa no forma parte del objeto de la norma”.

La UE, por su parte, llegó a un acuerdo para la aprobación de una regulación a gran escala de la inteligencia artificial tras una agónica negociación que finalizó en diciembre. El texto definitivo de la ley que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo en junio (en el último Pleno antes de la disolución de la cámara ante las nuevas elecciones europeas) aún no se conoce. No obstante, entre sus principales medidas está la obligación de que cualquier contenido creado con una IA lleve una marca de agua o distintivo que aclare que ha sido generado artificialmente.

“Puede ser un globo sonda”, avisa el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en derechos digitales y libertad de expresión en Internet. “Hay que tener cuidado con este tipo de leyes, porque muchas veces utilizan la táctica del burro y la zanahoria diciendo que te van a dar más seguridad cuando realmente perjudican la privacidad, la intimidad o el derecho a la libertad de expresión. Habrá que ver si la próxima excusa para intentarlo es la inteligencia artificial”, expone.

“Hay que recordar que el verdadero delito de Internet son las estafas”, continúa Almeida. “Si miras la memoria anual de la Fiscalía, más del 80% de los procedimientos son por estafas, el resto de delitos son muy minoritarios con respecto a este. Este es un problema fundamental de la seguridad en la red, en el que el dinero de nuestros jubilados sale de sus bolsillos y se va a Rusia, Bielorrusia, Ucrania. ¿Por qué no se establece como una prioridad acabar con esto?”

El 40% ha recibido SMS y emails fraudulentos

Como señala el abogado, en la encuesta del CIS se refleja el gran problema que suponen los fraudes digitales para los españoles. El 53% de los que utilizan Internet dice haber sufrido algún intento de estafa en los últimos 12 meses. El 40% de los encuestados dice que ha recibido SMS o emails sospechosos en los que se le solicitaba información financiera, mientras que el 30% ha recibido ese mismo tipo de mensajes vía WhatsApp.

Hasta el 60% de los participantes en el estudio reconoce tener “poco” o “ningún conocimiento” sobre cómo protegerse a sí mismo y a sus datos personales en Internet, mientras que el 77% dice no haber recibido nunca una formación en este sentido.