La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 1.000 euros a un residente de A Coruña por dejar una cámara encendida en el interior de su vehículo, desde la que estaba grabando una zona pública. El sancionado ha alegado que el propósito del dispositivo era registrar y disuadir a los autores de repetidos “actos vandálicos” que ha sufrido el coche, lo que no ha servido para que el regulador de privacidad le libre de la multa.
De hecho, en su resolución la AEPD considera probado que la cámara funcionaba y que grababa la vía pública debido a que la persona sancionada ha enviado al organismo las imágenes que supuestamente muestran a esos terceros atacando su coche. “Consta acreditada la operatividad del dispositivo de grabación, aspecto este confirmado por el propio reclamado al usar las imágenes (datos personales) para acreditar la presunta autoría de actos vandálicos contra el vehículo”, refleja.
Además de las imágenes, el sancionado ha enviado “informes” que demostrarían “su intención de resolver dicho incidente en varias ocasiones”, lo que tampoco ha servido de atenuante. “No se aporta denuncia o documento alguno que acredite los daños y perjuicios sufridos en el vehículo, más allá de las meras manifestaciones del reclamado”, contesta la AEPD.
La sanción llega tras una denuncia de la Policía Local de A Coruña, que retiró el coche y lo trasladó al depósito municipal tras comprobar que se estaba realizando una grabación desde su interior. Poner cámaras en el interior del vehículo está permitido siempre que estas graben solo lo que ocurre en su interior y no pongan en peligro la seguridad vial. En cambio, las normas de protección de datos no permiten orientarlas hacia el exterior, puesto que las imágenes de los transeúntes forman parte de su información personal. No pueden recogerse sin su consentimiento y un motivo justificado.
La presencia de una cámara en el interior del vehículo del reclamado que obtiene imágenes (datos personales) de espacio público se considera excesivo
La única excepción es que el vehículo se encuentre en movimiento y el objetivo de las imágenes sea utilizarlas “en caso de colisión o accidente”, explica el organismo. “Su almacenamiento solo está permitido con el vehículo en movimiento y en el caso puntual de accidente, cuestión que no se produce en los hechos descritos pues el vehículo estaba estacionado sin el conductor en su interior, continuando con el tratamiento de datos personales en una zona de tránsito público”.
Con el coche parado, ni siquiera la excusa de que las imágenes no se suben a Internet ni se comparten con terceros exime de la prohibición. “Es indiferente que las mismas no se almacenen, pues la operatividad del mismo ha sido constatada, realizando el dispositivo en cuestión un tratamiento de datos en tiempo real sin causa justificada”, zanja la AEPD: “La presencia de un dispositivo en el interior del vehículo del reclamado que obtiene imágenes (datos personales) de espacio público se considera excesivo”.
“Proliferación latente” de las cámaras que graban las calles
La AEPD recuerda que la grabación de la vía pública con motivos de vigilancia “está reservada en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado”, aunque reconoce que “en los últimos tiempos” se está produciendo una “proliferación latente” de distintos tipos de dispositivos que graban las calles. Buena parte de sus resoluciones giran en torno a cámaras que graban zonas que no deberían registrar o no están adecuadamente señalizadas. “Como norma general, la legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de entornos privados”, recuerda el organismo.
El principio que rige las normas de protección de datos es el de “minimizar” la información que se recoge. En el caso del multado de A Coruña, la AEPD recuerda que podría haber optado por “alguna medida de protección del vehículo menos restrictiva (vgr. alarma sonora, etc), dada la problemática que este tipo de dispositivos de obtención de imágenes pueden ocasionar, como lo acredita el hecho de la retirada del vehículo por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad de la localidad”.
Los 1.000 euros de sanción al residente de A Coruña se colocan en la parte inferior de la horquilla para este tipo de infracciones, explica el regulador, dado que este se comprometió a retirarla de inmediato y ha colaborado con la investigación de la Agencia.