El pasado martes el PP propuso al Pleno del Congreso dar poder al Ejecutivo de Mariano Rajoy para interceptar las informaciones que circulan por la red, analizar su veracidad y proceder a su “sellado” como noticia falsa en caso de que estas no respondan a los estándares de un organismo controlado desde Moncloa. La iniciativa solo recibió el apoyo de Ciudadanos y la cámara impidió que prosperara. “El Gobierno, por vía administrativa y sin control judicial, quiere censurar una información en base a una falsedad que el propio Gobierno determina. Eso es un campo minado que va en contra de los derechos fundamentales”, denunció el PSOE.
Pese a la aversión socialista, no es la primera vez que un gobierno quiere decidir administrativamente sobre los contenidos que se publican en Internet, sin pasar por un juez. En 2009, un anteproyecto de ley del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero propuso que un organismo nombrado también desde Moncloa cerrara por vía administrativa cualquier página web acusada de violar derechos de autor. Promovido por la entonces ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, terminó conociéndose como Ley Sinde.
Rosalía Lloret era entonces la directora de medios interactivos de RTVE. Los portales digitales de los grandes medios de comunicación estaban lejos de ser su principal cara ante su audiencia. Tenían un público muy específico, que parecía residual en comparación con el de la televisión o las aún vivas ediciones impresas de los periódicos. Lloret fue una de las promotoras del manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, que articuló la potente oposición de los internautas a la Ley Sinde y decenas de miles de personas suscribieron en pocas horas.
El texto fue redactado colaborativamente por decenas de profesionales y usuarios y apareció en todas las cadenas de televisión, radios y periódicos impresos. En menos de 24 horas, la ministra citó a Lloret y otros trece profesionales de las redes a una reunión. El éxito del manifiesto demostró la gran capacidad de las redes para generar un movimiento de repulsa descentralizado, sin caras, capaz de organizarse y llamar a la acción de forma instantánea.
Nueve años después Lloret no comparte la denuncia de “censura” contra la medida anti-noticias falsas del PP pero cree que, de nuevo, el gobierno arroga “a un órgano administrativo, a un 'organismo público' como dicen ellos, no independiente, la posibilidad de calificar contenidos ante los ciudadanos”.
“El comité de propiedad intelectual que quería crear la Ley Sinde tampoco era independiente. En eso ambas propuestas se parecen. Supone dar las riendas al Gobierno para decidir qué es malo y qué es bueno, qué es fake y qué no es fake. Es inconcebible y por tanto imposible de aceptar”, denuncia la periodista. Tras la reunión de los internautas con la ministra, la Ley Sinde continuó en marcha hasta que la indignación que provocaba confluyó con otras en el movimiento 15M. La experiencia de los activistas digitales que se habían opuesto a Sinde fue vital para que todo el movimiento comunicara sus principios a través de las redes y más gente se acercara a él.
Aquello ocurrió en 2011. En 2018, una movilización así tendría serias consecuencias legales para aquellos que la promovieran y los que la apoyaran a través de las redes.
La mordaza cae sobre las redes
Este sábado tendrán lugar manifestaciones contra las leyes mordaza en toda España. Coincidirán con el tercer aniversario de su aprobación. Aunque normalmente se las denomina en singular, realmente esa mordaza se forma a través de tres normas: la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A través de ellas España ha hecho un “uso abusivo” de la legislación con el objetivo de recortar la libertad de expresión, como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional.
El Gobierno “no ha dado puntada sin hilo”, avisa Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), una de las convocantes de las concentraciones. El paquete legislativo de las leyes mordaza “se orienta de manera precisa a combatir las nuevas formas de protesta”, precisa. El análisis jurídico de la organización revela que los cambios normativos se han dirigido a ilegalizar todo aquello que hizo posible el 15M y las mareas posteriores.
Llamar a la movilización a través de cualquier medio, tuiteando la consigna de una manifestación como hacían los activistas en 2011, es ahora un delito que puede acarrear un año de prisión. Ocupar una plaza, rodear el Congreso o cualquier otra institución pública, terrorismo. La práctica de los yayoflautas de irrumpir por sorpresa en edificios públicos o privados como los bancos está penada con hasta seis meses de prisión. También quedó prohibido difundir fotos de agentes de policía para denunciar violencia policial.
“No hay ningún motivo jurídico que aconseje penalizar como agravante el uso de una red social”, expone Isabel Elbal, abogada de uno de los primeros damnificados de la mordaza, el cantante de Def Con Dos César Strawberry. Señala que el objetivo real del poder legislativo no ha sido impedir una mayor difusión de determinados delitos gracias a la red, sino controlar la información que circula por ellas: “El poder de convocatoria por medio de una red social es sumamente peligroso para el poder. No tiene la capacidad de frenarla, reprimirla o manipularla con mensajes alternativos, porque va demasiado rápido”.
El escarmiento del “Pásalo”
¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, c/Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!
El 15M no supuso la primera manifestación espontánea gracias a dispositivos digitales. El PP lo sufrió en primera persona el 13 de marzo de 2004, cuando la indignación por la versión oficial falsa sobre los atentados del 11M estalló frente a su sede gracias a una cadena de mensajes como el anterior que comenzó un ciudadano anónimo. Aún no existían las redes sociales, pero en Génova estaban las unidades móviles de las televisiones preparadas para cubrir la jornada electoral, incluso de medios internacionales. La protesta, espontánea, sin responsables directos, fue retransmitida a todo el mundo.
“El delegado de Gobierno recibió la instrucción concreta de no cargar contra la gente, porque podía ser una catástrofe. Aquello desbordó. Ahí se dieron cuenta del poder de convocatoria de instrumentos que no tenían controlados”, recuerda Elbal. Para ella, asesora del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, la campaña para controlar las fake news es el último movimiento de la estrategia para “controlar la información” en Internet e imponer la versión oficial cuando sea necesario.
“Pretenden introducir un mecanismo corrector a los medios de comunicación”, esgrime la letrada, poniendo como ejemplo las imágenes de brutalidad policial del referéndum del 1 de octubre, que para el Gobierno han pasado a ser “fake news”. “[El ministro de Exteriores, Alfonso] Dastis fue entrevistado en directo por la BBC y allí mismo les dijo en su cara que esas imágenes son falsas. Afortunadamente, la BBC tenía sus propias tomas de las cargas y le pudo confrontar”.
Las posibles medidas contra las noticias falsas se están debatiendo actualmente en la comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. La fiscal del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la criminalidad informática, Elvira Tejada, compareció recientemente para explicar los mecanismos jurídicos españoles en la materia. Expresó “con orgullo” que tras la reforma de 2015 estos “están muy adaptados a las necesidades reales de la lucha contra la ciberdelincuencia”. Ante las preguntas del PSOE sobre la posibilidad de perseguir las fake news, Tejada tuvo que explicar a sus señorías que “no todo lo reprobable que ocurre en la red es delito”.
La fiscal les informó de que el Ministerio Público puede actuar de oficio en un buen número de situaciones, que la legislación española tiene mecanismos de protección suficientes para derechos individuales como el honor, así como varios delitos tipificados para perseguir las verdaderas noticias falsas. “Desinformar para alterar las cotizaciones del mercado de valores es un delito contra el mercado y los consumidores. Desinformar para decir que ha habido un atentado y que salga toda la policía, los bomberos y las ambulancias, también es un delito, de desórdenes públicos”, expuso Tejada. De momento, no hay ningún delito que prohíba las noticias incómodas para el poder político, parecía sugerir la fiscal.