Por el momento, España es el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes por corrupción a nivel estatal. Al menos, hasta que no se materialice la intención del Gobierno de incluirlos en protección de testigos para “frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias”, tal y como ha planteado esta semana la Ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La situación, desde luego, no deja a España como uno de los países que mejor protegen a sus whistleblowers. Menos aún teniendo en cuenta que, a día de hoy, tampoco existe una legislación a nivel europeo que regule la defensa de los denunciantes. Hace escasos meses, la Comisión Europea presentaba al fin una primera propuesta de directiva para proteger a los alertadores (en la que, eso sí, se habla solo de “trabajadores”, excluyendo a hackers y activistas).
Hay buenos espejos en los que mirarse si realmente se aspira a ser un país que defiende a los que tiran de la manta. Sin ir más lejos, un reciente estudio publicado por la organización Blueprint for Free Speech (en el que España, Polonia, Lituania, Finlandia, Estonia, Dinamarca y la República Checa han obtenido 0 puntos de los 27 posibles) ha destacado a Irlanda como el país miembro de la Unión Europea con una mejor legislación de protección para los denunciantes.
No en vano, el país británico es, junto a Malta e Italia, el único país comunitario con una legislación específica ya puesta a prueba en casos reales. Aún así, Irlanda (calificada con 18 puntos de ese total de 27) está lejos de ser todo un paraíso para los whistleblowers. Tal y como explican desde Blueprint for Free Speech, aún sería necesario que se crease una agencia gubernamental encargada de la protección de denunciantes y, además, que existiesen sanciones para aquellas compañías u organismos que tomen represalias contra ellos.
No obstante, los filtradores irlandeses pueden actuar sabiéndose protegidos por la legislación de su país. Sin ir más lejos, el propio Servicio Penitenciario Irlandés fue obligado recientemente a indemnizar con 30.000 euros a un funcionario que había recibido un mal trato después de su denuncia en un caso que la comisión investigadora declaró como “extremadamente grave”.
Islandia y el derecho a denunciar
Para encontrar otro referente en materia de protección de whistleblowers no hay que ir mucho más lejos. En concreto, Islandia es uno de esos países considerados como verdaderos paraísos para los denunciantesparaísos, hasta tal punto que en 2013 el mismo Snowden barajó la posibilidad de pedir asilo en la nación eropea.
Los cimientos se pusieron tras el colapso económico de 2008. A raíz de la crisis, en Islandia aumentó sensiblemente la demanda de transparencia, lo que desembocó en una legislación de libertad de prensa que protege especialmente a las fuentes, lo que abrió las puertas a una nueva era para los denunciantes islandeses.
Una década después, Islandia es todo un ejemplo a seguir en el que la labor de los whistleblowers constituye un derecho legal y socialmente protegido. Para lograrlo, la legislación no solo protege a las fuentes anónimas que denuncian algún caso, sino que también impone estrictos límites a la censura previa de cualquier publicación y concede inmunidad a los proveedores de telecomunicaciones, a los cuales considera meros conductos para la información.
Sobre el papel, y ya lejos del continente europeo, Japón es otro de esos países que cuenta con una regulación para proteger a los denunciantes. De hecho, se trata de una de las legislaciones en materia de protección de whistleblowers más veteranas del siglo XXI: la ley fue promulgada en 2004 y entró en vigor en el año 2006.
Desde entonces, las grandes empresas cuentan con sistemas internos para que sus empleados denuncien situaciones ilegales y, además, el Ministerio de Justicia cuenta con una oficina gubernamental de ayuda al denunciante. La ley también prohíbe que compañías e instituciones despidan a sus empleados, les degraden de sus puestos o rebajen su salario como consecuencia de una denuncia. Sin embargo, y a pesar de ser una de las pioneras y mejores regulaciones para la protección de whistleblowers, tiene grietas: la ley no contempla sanciones para las empresas, por lo que muchos denunciantes tienen que recurrir a la vía judicial para recuperar su puesto o su salario una vez han desvelado alguna irregularidad.
Otra de las pioneras es Sudáfrica, que ya en el año 2000 aprobaba su ley de protección a los denunciantes. Además de estar cerca de sus dos décadas de vida, la regulación sudafricana también está considerada por Transparencia Internacional como una de las mejores del mundopor Transparencia Internacional. No en vano, prohíbe a las empresas castigar, degradar o despedir a un whistleblower sin un motivo realmente justificado que no tenga relación alguna con la revelación. No obstante, esta legislación tiene también alguna carencia: se refiere exclusivamente a trabajadores de una empresa y, además, empuja a comunicar la denuncia en primer lugar de forma interna, salvo contadas excepciones.
Volviendo al continente europeo, y aunque resulte llamativo, otro país que aspira a convertirse en un paraíso para los whistleblowers es Serbiawhistleblowers. Entre sus esfuerzos por iniciar un proceso de adhesión a la Unión Europea destaca la elaboración de una ley de protección de denunciantes que entró en vigor en 2015 y que, según el director legal de la organización estadounidense de defensa de whistleblowers Government Accountability Project, Tom Devine, ya ha ayudado a mucha más gente que la regulación norteamericana.
Al igual que otras de las mejores regulaciones del mundo, la legislación serbia prevé medidas cautelares de protección para los denunciantes. Esto quiere decir que, mientras se aclaran los casos que han destapado, se asegura que mantendrán sus puestos de trabajo y sus salarios. Solo en su primer año de vida, la ley serbia incitó a que 30 whistleblowers solicitaran estas medidas, quedando congeladas las represalias que sus empleadores pudieran haber tomado contra ellos.
Así, ya sea dentro del territorio comunitario, en puntos tan lejanos como Japón o en Islandia, considerado el mayor paraíso para denunciantes de la actualidad, los gobiernos como el español tienen fuentes más que suficientes de las que beber para elaborar, por fin, una regulación de protección de denunciantes a la altura de las más avanzadas.
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