Protección de los whistleblowers. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes por 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones nuevas reglas para garantizar la protección de las personas que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales o potencialmente dañinas.
La nueva norma, que el Parlamento ha votado este martes y que ya ha sido pactada con los Estados miembros, establece estándares comunes de protección para los denunciantes.
Además de facilitar canales seguros para denunciar infracciones de la legislación comunitaria (dentro de las empresas y ante las autoridades), se protegerá a los informantes de posibles represalias y se les ofrecerá apoyo, en forma de asistencia legal e información sobre procedimientos y compensaciones.
Escándalos recientes, como LuxLeaks, los papeles de Panamá y Facebook/Cambridge Analytica, han demostrado el papel tan importante que juegan los denunciantes a la hora de detectar y evitar infracciones de la legislación comunitaria.
Las nuevas normas abarcan una amplia gama de ámbitos del Derecho de la UE que incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear.
Además, los Estados miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos.
Las nuevas normas exigirán que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública – como a las autoridades públicas. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.
Las claves del acuerdo:
Procedimientos y obligaciones de denuncia claros para los empleadores: Las nuevas normas establecerán un sistema de cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en el contexto de la comunicación con las autoridades públicas.
Sistema de denuncias: Se fomentará que los denunciantes utilicen en primera instancia los cauces internos de su organización antes de recurrir a aquellos establecidos por las autoridades públicas. Esto contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana en las empresas con más de cincuenta trabajadores o en los municipios con más de diez mil habitantes, que tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces. En cualquier caso, los denunciantes no se quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos.
Personas protegidas por las nuevas normas: Quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo trabajadores (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
Ámbito de aplicación: El texto transaccional prevé un amplio ámbito de aplicación, en consonancia con la posición del Consejo. Se extiende a ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la salud pública, etc. Con el objeto de aportar seguridad jurídica, el anexo de la Directiva incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados. Los Estados miembros pueden ir más allá de la lista a la hora de aplicar la nueva normativa.
Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: Ambas instituciones han acordado la lista de lo que puede considerarse una forma de represalia, que también incluye los intentos o amenazas de represalia, como ha solicitado el Consejo. El texto acordado recoge importantes medidas de protección como la exención de responsabilidad por quebrantar las restricciones en materia de divulgación de información impuestas por contrato o por ley. La directiva también incluirá la lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.
Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: Los plazos para responder son los de la posición del Consejo, es decir que dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogar el plazo hasta seis meses para los cauces externos).
Revelación pública de información: Se mantiene la posición del Consejo con un artículo que establece las condiciones que debe cumplir una persona para beneficiarse de la protección de las nuevas normas en caso de que revele públicamente información.