El Gobierno quiere interceptar y retirar de Internet vídeos como el de la manada en cuanto tenga constancia de su existencia. Para ello ha puesto en marcha este martes un “canal prioritario” para que las víctimas de agresiones sexuales o violentas que hayan sido grabadas puedan denunciar “la difusión ilegítima de imágenes sensibles y solicitar su retirada”, ha anunciado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y la directora de de la Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mar España. Será este organismo independiente quien recibirá las denuncias efectuadas a través de este canal y el que, tras analizar los datos, podrá ordenar por vía administrativa a los proveedores de servicios digitales, redes sociales o páginas web que retiren los contenidos de manera inmediata y cautelar. “Es una inciativa pionera en Europa”, ha defendido España.
“Lo más importante es la capacidad que tendrá la Agencia de retirar ese tipo de contenidos. En esa primera acción tenemos que ser extremadamente diligentes”, ha defendido Calvo. La retirada de las imágenes denuciadas a través del mecanismo que se pone en marcha hoy podrá efectuarse en cuestión de horas, aunque dependerá de la rapidez de las plataformas en acatar la orden ejecutiva. También, de la colaboración ciudadana: “Necesitamos que los ciudadanos sean conscientes de que este es un canal excepcional para cuestiones muy urgentes y que no lo colapsen con temas secundarios”, ha recordado la directora de la AEPD: “No está pensado para denunciar una foto en la que no salimos muy bien”.
España ha recalcado que todas las redes sociales y plataformas con las que se ha contactado han mostrado su voluntad de colaborar. El canal se ha concebido para atender “situaciones especialemente delicadas”, detalla la Agencia. Serán los casos que involucren la difusión de contenidos sexuales, que muestren actos de agesión y que pongan “en alto riesgo los derechos y libertades de lso afectados, especialmente si se trata de menores de edad o de víctimas de violencia de género” los que podrán beneficiarse de esta vía rápida.
En esta categoría entran, por ejemplo, el porno de venganza contra una expareja, aunque se trate de imágenes tomadas con consentimiento inicial; el acoso sexual dentro del ámbito de la empresa (España ha citado como ejemplo el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó después de que sus compañeros difundieran imágenes de contenido íntimo) o el ciberbullying en colegios e institutos basado en imágenes sobre agresiones o que haga referencia a la vida sexual de la víctima.
La efectividad del canal prioritario se apoyará en varias instituciones del Estado. La AEPD ha firmado un convenio con el Ministerio de Igualdad para que el 016, el teléfono gratuito para víctimas de violencia machista, informe de la posibilidad de elevar denuncia a través del nuevo mecanismo. Además, este martes se han firmado cinco protocolos con los ministerios de Interior, Educación y Trabajo, así como con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía. Todos ellos se centran en potenciar la habilidad de las fuerzas de seguridad y de los centros docentes y laborales para informar a las víctimas de la existecia del canal prioritario y de sensibilización acerca de las implicaciones de compartir imágenes sensibles de una persona por Internet.
Todos los titulares de esas instituciones han estado presentes hoy en la presentación del canal. La directora de la AEPD les ha agradecido su “plena disposición” en el desarrollo y puesta en marcha de esta medida. “Este es justo el lugar donde nos estamos jugando la calidad de nuestro modelo de convivencia y de nuestro Estado de derecho: la confianza de los ciudadanos en que el sistema responde y que la novedad en nuestras vidas recibe la respuesta adecuada”, ha contestado Calvo.
Multas de hasta 20 millones de euros
La reacción del Gobierno se basa en la experiencia obtenida tras el caso de la manada. Entonces la información personal de la víctima estuvo disponible en la red y accesible para cualquier usuario durante días. Vídeos de la agresión así como su nombre completo, su DNI, su edad, su lugar de residencia y su centro de estudios, fotos de ella y sus amistades que fueron colgadas en las redes sociales estuvieron expuestos en algunas páginas web, pese al mandato judicial de mantener a salvo su identidad y su privacidad. La AEPD tendrá ahora la potestad de elevar una orden adminstrativa para que se retiren estos datos de inmediato. “No atender los requerimientos de la Agencia es una infracción de la ley”, ha avisado su directora.
Además de la capacidad de elevar una orden ejecutiva para su retirada inmediatam, cuando la Agencia reciba a través del nuevo canal prioritario datos que prueben que se han grabado y difundido sin permiso imágenes, audios o vídeos de carácter sexual o violento, que permitan identificar a la víctima de una agresión de este tipo, podrá imponer multas de hasta 20 millones de euros. Si es una empresa la responsable de la inacción, la sanción podrá llegar al 4% de su facuración global. Cuando los casos entren en el marco del ciberacoso, podrían legar a tener consecuencias penales según quién sea el autor de los hechos. El protocolo firmado con la Fiscalía crea un marco de comunicación directa en este campo, que hasta ahora se realizada de manera informal.
El canal prioritario tiene dos puntos ciegos en el momento de su puesta en marcha. Uno es el horario en el que la Agencia de Protección de Datos atenderá las reclamaciones, ya que al estar compuesta de funcionarios del Estado el campo de acción no incluirá fines de semana. El otro, WhatsApp: “Son conversaciones encriptadas entre particulares y ahí no podemos entrar, aunque estamos en conversaciones con la empresa”, ha adelantado España.