Telegram sigue operando en Europa como lo hacía antes de la pandemia o de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, resulta cada vez más evidente que esos eventos han tensado su relación con varios países del viejo continente. La app fundada por Pável Dúrov, detenido el pasado fin de semana en Francia, está a medio camino entre la red social y la plataforma de mensajería. Tiene una política de cero intervención en el discurso de los usuarios. Su moderación es prácticamente inexistente. Eso la convirtió en el principal foco de contagio de desinformación sanitaria durante la crisis del coronavirus y en un objetivo estratégico de las campañas de guerra híbrida del Kremlin.
Por regla general, Telegram tampoco responde a las peticiones de información de las autoridades ni colabora con los procesos judiciales. Antes de 2020, esas características la convirtieron en una útil herramienta de los opositores a regímenes autoritarios, como ocurrió en las protestas de Hong Kong de 2019. Dúrov construyó el sistema con ese objetivo tras sufrir en sus propias carnes la vigilancia y persecución de Vladimir Putin. El empresario tuvo que exiliarse de Rusia en 2014 tras ser forzado a vender VK (el Facebook ruso) por no revelar datos personales de usuarios ucranianos a sus agencias de seguridad.
La guerra, la pandemia y el propio crecimiento de Telegram (tiene unos 950 millones de usuarios, según Dúrov, algo menos de la mitad que WhatsApp) han ido cambiando esa percepción. La app, con sede en Dubái, sigue siendo un lugar seguro para aquellos que quieren escapar de la opresión de las dictaduras, pero también de la justicia de los países europeos. Su servicio es un foco de actividad extremista y desinformación, así como el canal oficial de comunicación de bandas de crimen organizado, como los principales grupos de ciberdelincuentes.
Ultraderecha y conspiranoia
Según un estudio del ISD, un instituto de expertos antiextremismo con sede en Londres, Telegram fue clave en la organización de los recientes disturbios incitados por la ultraderecha en el Reino Unido contra los musulmanes. “La extrema derecha moderna está compuesta por diversos movimientos, a veces contradictorios, unidos por la xenofobia y el nativismo. Estos grupos se conectan a través de redes informales en las plataformas de redes sociales, siendo Telegram una de las principales”, destaca el informe. Telegram ya fue usada de esta forma en España en la pandemia durante las protestas violentas de grupos neonazis y conspiranoicos, como documentó elDiario.es.
Ahora esos movimientos han desatado la peor ola de violencia de la última década en Reino Unido, con ataques a mezquitas y hoteles conocidos por hospedar a refugiados. “La investigación de ISD ha documentado la permisividad de Telegram con actores y materiales extremistas, lo que aumentó su popularidad entre las comunidades de extrema derecha a partir de 2020. Si bien Telegram carece de una exposición potenciada por algoritmos, funciona efectivamente como un espacio seguro para que los extremistas coordinen actividades e instiguen la violencia”, continúa el instituto.
Unos meses después fue España la que la tuvo en su punto de mira. La Audiencia Nacional estuvo a punto de cerrar la app en España por su falta de colaboración en una investigación por infracciones de los derechos de autor. Tras decretar su bloqueo cautelar un viernes por la noche, el juez Santiago Pedraz lo levantó el lunes por la mañana justo antes de su entrada en vigor. El magistrado rectificó y entendió que la medida era “desproporcionada” para el resto de usuarios españoles (unos 8,5 millones), pero el suceso da idea de hasta qué punto está dispuesta Telegram a llevar su política de no intervención.
Finalmente ha sido en Francia donde el vaso ha rebosado. La justicia gala detuvo a Dúrov este sábado en el aeropuerto de aeropuerto de París-Le Bourget, donde su avión privado aterrizó proveniente de Azerbaiyán. La falta de moderación y colaboración con la justicia lo convierten tanto a él como a Telegram en cómplice, lo acusa Francia, de complicidad en delitos como el tráfico de drogas, la pedofilia y el fraude con criptomonedas que se dan en la plataforma.
Si bien avisos como el de la Audiencia Nacional en España ya habían anticipado que esta falta de colaboración podía terminar teniendo serias repercusiones para Telegram, la detención de Dúrov (que tiene la doble nacionalidad rusa y francesa) es una medida inédita en el campo de las redes sociales. Nunca se había producido la detención del responsable de una plataforma de esta envergadura, pese a que Telegram no es la única contra la que existen pruebas de que se usa para cometer delitos graves, como abuso infantil o narcotráfico, ni la única que pone trabas a las peticiones de información de autoridades extranjeras.
Telegram por su parte ha rechazado los cargos contra Dúrov, del que dice que “no tiene nada que ocultar y viaja con frecuencia por Europa”. “Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma”, ha afirmado en un comunicado: “Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales: su moderación se encuentra dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente”.
Reacción internacional y mensaje de Macron
Personajes asociados a la nueva extrema derecha, como Nigel Farage (líder del partido del Brexit), Elon Musk o Tucker Carlson (presentador despedido de Fox News por difundir el bulo de que Donald Trump sufrió un fraude electoral ante Joe Biden en 2020) han denunciado la detención de Dúrov y acusan al presidente francés, Emanuel Macron, de ordenar su arresto por motivos políticos. En España se han sumado a ese discurso personas de ese espectro como el agitador ultra Alvise Pérez o Juan Ramón Rallo.
Edward Snowden, que denunció las prácticas de vigilancia masiva de EEUU y hoy está exiliado en Rusia, ha afirmado que “la detención de Dúrov es un atentado contra los derechos humanos básicos de expresión y asociación”. “Me sorprende y me entristece profundamente que Macron haya llegado al punto de tomar rehenes como medio para acceder a comunicaciones privadas. Esto no sólo degrada a Francia, sino al mundo”, ha tuiteado.
Publicaciones como esta han provocado la reacción del presidente francés, que durante la tarde de este lunes publicaba un comunicado en la red social X ante la “información falsa” que ha “leído” en la plataforma sobre la detención. “Francia está más que nada apegada a la libertad de expresión y comunicación, a la innovación y al espíritu empresarial. Así seguirá siendo. En un Estado de derecho, en las redes sociales como en la vida real, las libertades se ejercen dentro de un marco establecido por la ley para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales”, ha manifestado.
“Corresponde al sistema judicial, con total independencia, hacer cumplir la ley. La detención del presidente de Telegram en territorio francés se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. Esto no es en modo alguno una decisión política. Corresponde a los jueces decidir”, ha concluido el presidente francés.
No obstante, en la lista de reacciones internacionales destacan también algunos silencios. Las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos digitales y las libertades fundamentales en Internet no se han posicionado sobre la detención. Ni la Electronic Frontier Foundation (EFF), ni Privacy International, ni Access Now, ni European Digital Rights, ni otras ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han hecho ninguna manifestación sobre el arresto de Dúrov.
Fuentes de Access Now han explicado a elDiario.es que prefieren no hacer declaraciones sobre el asunto hasta conocer los detalles de la acusación francesa. Recuerdan, además, los claroscuros que acompañan a Telegram desde hace años: “Pável Dúrov tiene que poner su dinero donde está su boca e invertir en derechos humanos en todos los ámbitos” declaró en 2023 Natalia Krapiva, una de las coordinadoras de esta organización: “Durante demasiado tiempo, la empresa ha estado descansando sobre su reputación, en lugar de trabajar proactivamente para mejorar las medidas técnicas y prácticas que mantendrán seguras las comunicaciones de algunas de las personas más expuestas del mundo”.