Los refugiados no tienen derechos. De ahí se deriva que sus teléfonos pueden ser hackeados y sus ordenadores también. Al parecer, esto es lo que ha hecho -legalmente y según The Observer - los funcionarios de la oficina de inmigración británica. En 2013 recibieron poderes para hackear los dispositivos electrónicos de todos los refugiados y peticionarios de asilo que considerasen necesario. Y lo consideran.
Ese poder está basado en una enmienda policial vigente en Inglaterra desde 1997. La Police Act permite a las autoridades migratorias interceder cuando creen que existe “algún tipo de sospecha”. Varias asociaciones por los derechos civiles y de defensa de las víctimas por violación aseguraron al diario británico que este hecho era preocupante, sobre todo al estar relacionado con los colectivos menos desfavorecidos ya no solo de la sociedad, sino del mundo.
El gobierno británico ha reconocido al diario británico The Guardian -donde el Observer es la edición de fin de semana- que, desde 2013, los funcionarios británicos tienen el poder “de interferir propiedades, incluyendo los equipos”. La oficina de inmigración también puede colocar dispositivos de escucha en hogares, coches o centros de detención, así como hackear teléfonos y ordenadores. Legalmente, en el mismo Reino Unido que ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), miembro de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Una capacidad para intervenir equipos “usados”
“Esa legislación es vaga, obsoleta y ha sido explotada en diversas ocasiones para ampliar las competencias del ministerio del Interior”, dice Alistair Carmichael, la portavoz del Partido Liberal Demócrata al Guardian. “Ningún parlamentario hubiera imaginado nunca a la oficina de inmigración con poderes para hackear teléfonos y ordenadores de gente tan vulnerable”, continúa la portavoz.
En un comunicado a otro diario inglés, el Independent, el ministerio del Interior británico asegura que el proyecto de ley pretendía “reforzar las precauciones y la vigilancia”. También reconocen que estas autoridades “solo pueden usar sus poderes para investigar y prevenir delitos graves relacionados con otros delitos sobre inmigración y nacionalidad y lo han hecho”.
Un funcionario del ministerio del Interior británico confirmó al Observer que la capacidad para “intervenir equipos” ha sido usada para prevenir delitos graves, incluyendo la incautación de documentos de viaje falsos, que podrían haber sido usados para facilitar el tráfico de personas. Sin embargo, el gobierno de David Cameron no especifica en ningún momento si las competencias de sus agentes migratorios han sido utilizadas para determinar si las peticiones de asilo que llegan al país británico son reales o no.
Un plan para espiarles a todos
El documento al que ha tenido acceso el Guardian cifra en hasta 700 los agentes migratorios con poderes para interferir ordenadores y teléfonos. “El principal objetivo del proyecto de ley es garantizar que los funcionarios de inmigración puedan desarrollar una amplia gama de técnicas para hacer frente a todos los delitos relacionados con la inmigración”, continúa el documento.
La investigación destapada por el guardian llega apenas un mes después de que a la policía británica se le quieran otogar plenos poderes para acceder al historial de búsquedas en Internet de todos los ciudadanos británicos y poder entrar en sus teléfonos. Lo que muchos ya llaman “la ley de los fisgones” está impulsada sobre todo por Theresa May, ministra de Interior, y que pretende su entrada en vigor antes de que termine el año.
Las fuertes críticas que le han llovido desde la oposición no parecen haberle disuadido en su empeño, aun a pesar de que vaya a costar cerca de 247 millones de libras (más de 300 millones de euros).